Nicaragua: Ortega y Murillo aceleran “sucesión dinástica” y el mandato de 7 años – Nicaragua Investiga

El régimen que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo avanza con una reforma constitucional que busca cerrar el camino electoral a la oposición y reforzar el control familiar del poder, según un análisis del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) difundido esta semana.

El centro de estudios, integrado por investigadores de varios países de la región, sostiene que las modificaciones apuntan a consolidar una sucesión dinástica a favor de Murillo. El centro advierte que la «copresidenta» —y esposa de Ortega— enfrenta un problema de legitimidad incluso dentro de las filas sandinistas, por lo que el régimen busca acelerar el proceso.

La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó en primera legislatura a inicios de septiembre un paquete de cambios. Falta la segunda votación, prevista para el 18 de enero de 2027. Entre las medidas más relevantes está la prohibición expresa de que quien sea calificado como “traidor a la patria” se postule a cargos de elección popular. Esa etiqueta ya se ha aplicado a al menos 452 opositores y críticos, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.

La reforma también alarga de seis a siete años el período de las autoridades electas y de quienes designa o ratifica la Asamblea, incluidos el jefe del Ejército y el de la Policía.

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Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026. Una reforma anterior, de 2025, ya había extendido el mandato presidencial de cinco a seis años y empujó los comicios a 2027. Con este nuevo cambio, la votación quedaría para noviembre de 2028.

Ortega, de 80 años, lleva en el poder desde 2007. Si se suma su etapa al frente de la Junta de Gobierno (1979-1985) y su primer período presidencial (1985-1990), en 2027 cumpliría tres décadas al frente del país. Semanas antes de que se presentara la iniciativa, el dictador afirmó en un acto oficial que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”.

El Cetcam interpreta el paquete como un intento de eliminar cualquier resquicio legal que pueda obstaculizar el ascenso de Murillo. Los cambios, recuerda el centro, comenzaron en 2025 con una Constitución que alteró la naturaleza del régimen, del Estado y de derechos ciudadanos básicos.

En paralelo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a la Corte Interamericana medidas provisionales para proteger a nueve personas detenidas en la cárcel La Modelo. El organismo denuncia deterioro de salud, aislamiento, agresiones y amenazas. La CIDH ya había otorgado medidas cautelares en diciembre de 2025; Nicaragua no ha informado sobre su cumplimiento.

La reforma, de ratificarse, reforzaría un esquema en el que el poder se concentra en la pareja gobernante y se reduce al mínimo la competencia política formal.

*Con información de Agencias