Murillo insiste en defender proyecto dictatorial, pero calla ante Estados Unidos

La dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha reaccionado de forma escalonada a la oleada de condenas internacionales provocada por el anuncio de que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”. Sin embargo, mientras ha respondido mediante comunicados oficiales a casi todos los gobiernos que han cuestionado esa decisión a la fehca, ha evitado confrontar directamente a Estados Unidos, que emitió una de las condenas más tempranas y contundentes.

La controversia comenzó el pasado 19 de julio, cuando, durante el acto por el 47 aniversario de la Primera Dictadura Sandinista (1979-1990), Ortega aseguró que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones” para impedir que la oposición pudiera “atrapar el poder”.

Sus palabras fueron interpretadas dentro y fuera del país como la confirmación del cierre definitivo de cualquier posibilidad de competencia electoral. Las primeras reacciones internacionales llegaron el 20 de julio, cuando Costa Rica expresó su respaldo a la celebración de elecciones “libres, democráticas, transparentes y plurales” en Nicaragua y recordó que no reconoció las elecciones generales de 2021 por carecer de garantías democráticas.

Ese mismo día, la Cancillería nicaragüense respondió con un comunicado en el que calificó la posición costarricense de “atrevida” y acusó al gobierno de San José de inmiscuirse en asuntos internos.

Poco después, Panamá anunció el llamado a consultas de su embajador en Managua al considerar que eliminar el derecho al voto constituye “un fuerte agravio a los principios democráticos”. La Cancillería panameña redujo así el nivel de sus relaciones diplomáticas con Nicaragua.

Managua emitió una nota rechazando la decisión panameña y defendiendo las declaraciones de Ortega como parte del ejercicio de la soberanía nacional, intentando apelar a una supuesta solidaridad revolucionaria entre ambas naciones por concordancias entre el régimen de Omar Torrijos y la guerrilla sandinsta en la década del ’70.

En los días siguientes también se pronunciaron otros gobiernos de la región. Chile manifestó su “honda preocupación” por el anuncio de Ortega y recordó que las elecciones libres constituyen un elemento esencial de la democracia representativa.

Luego, Guatemala y República Dominicana emitieron pronunciamientos similares respaldando el derecho de los nicaragüenses a elegir libremente a sus autoridades. También el gobierno izquierdista de Brasil y otras organizaciones internacionales ligadas a movimientos progresistas.

Cada una de esas posiciones recibió una respuesta oficial de la Cancillería nicaragüense, que acusó a los gobiernos de actuar bajo intereses extranjeros, desconocer la soberanía nacional y repetir “viejas prácticas intervencionistas”.

Silencio ante Washington

Pero la condena de Estados Unidos, una de las primeras en emitirse, fue considerablemente más severa.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que las declaraciones de Ortega demostraban “su verdadera naturaleza autoritaria” y sostuvo que el régimen ya ni siquiera pretendía guardar las apariencias democráticas al anunciar públicamente que no permitiría elecciones competitivas.

Posteriormente, el Departamento de Estado reiteró que Estados Unidos continuará apoyando al pueblo nicaragüense y responsabilizó a Ortega y Murillo por profundizar el aislamiento internacional del país y destruir las instituciones democráticas.

A diferencia de lo ocurrido con Costa Rica, Panamá, Chile y otros gobiernos hispanoamericanos, el régimen no ha emitido hasta ahora un comunicado dirigido a responder las declaraciones de Washington. En lugar de una respuesta diplomática formal, Rosario Murillo abordó indirectamente las críticas internacionales durante sus comparecencias del 22 y 23 de julio.

La codictadora insistió en que las futuras reformas electorales eliminarán únicamente las elecciones que, a su ver, eran dirigidas por injerencia extranjera, y aseguró que Nicaragua celebrará únicamente procesos electorales “propios”, organizados por las instituciones controladas por el sandinismo.

Murillo también descalificó a gobiernos extranjeros y a los opositores desnacionalizados, a quienes acusó de actuar al servicio de intereses externos, aunque evitó mencionar directamente las declaraciones de Marco Rubio o del Departamento de Estado.

Repudio generalizado

Mientras el régimen respondía selectivamente a las críticas diplomáticas, también aumentaron las condenas de organismos internacionales.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que las declaraciones de Ortega representan un nuevo paso en el desmantelamiento del Estado de Derecho y recordó que todas las personas, independientemente de su posición política, deben poder votar y postularse a cargos públicos.

Diversas organizaciones opositoras nicaragüenses también solicitaron a la Organización de los Estados Americanos (OEA), a Naciones Unidas y a la Unión Europea activar mecanismos diplomáticos frente a lo que consideran una ruptura definitiva del orden democrático en Nicaragua.