‘Muchas empresas españolas están valorando seriamente replegarse’ del mercado cubano

«Muchas compañías están valorando seriamente replegarse o incluso abandonar el mercado cubano antes de exponerse a una sanción», afirmó este martes la abogada española Fátima Rodríguez, del despacho Lupicinio International Law Firm, que lleva más de cuatro décadas asesorando a empresas españolas en Cuba y, según consta en su presentación web, está «altamente especializada en sanciones internacionales».

Según Rodríguez, quien concedió una entrevista al medio español Artículo 14, las compañías ibéricas con intereses y operaciones en la Isla se enfrentan, «más que a una reacción política», a «una evaluación fría de riesgos».

En tal sentido, la especialista apuntó que «el temor ya no se limita a recibir una multa, sino a quedar catalogados internamente por bancos y proveedores globales como un cliente de ‘alto riesgo vinculado a Cuba’, lo que puede traducirse en cierres de cuentas, cancelación de pólizas, restricción de crédito y un escrutinio mucho más intenso de cualquier operación, por muy lícita que sea desde el punto de vista jurídico».

Tras la reciente orden ejecutiva de Donald Trump, en la que amenaza con imponer sanciones a las empresas extranjeras que mantengan vínculos con el emporio militar GAESA, y luego de darles de plazo hasta el 5 de junio para cancelar sus negocios con el conglomerado del régimen, Rodríguez aseguró que «las empresas serias han dejado de ver las sanciones como un trámite y las tratan como una cuestión de supervivencia».

«Hoy lo que más inquieta a las empresas no es solo la existencia de sanciones, sino el endurecimiento del marco regulatorio», dijo, toda vez que la orden de Trump «convierte en zona de riesgo casi cualquier relación con sectores clave de la economía cubana, empezando por la energía y el entramado militar empresarial», subrayó.

En ese sentido, las empresas «están implementando políticas específicas para Cuba», explicó la experta, y se refirió en particular a «procesos de aprobación reforzados que bloquean automáticamente operaciones con entidades o personas cercanas al entramado sancionado».

Rodríguez recalcó que, «en la práctica, muchos proyectos que ya eran complejos de financiar pasan a ser casi inasumibles». 

«Bancos que antes aceptaban trabajar con determinadas excepciones empiezan a cerrar la puerta por puro temor a incumplir la orden ejecutiva. Y se genera un efecto dominó: proveedores que se retiran, seguros que no se renuevan, fletes que se encarecen o desaparecen y una creciente percepción de que cualquier actividad vinculada con esos sectores puede acabar contaminando el resto del negocio del grupo», detalló.

En cuanto a las estrategias de las compañías para responder al escenario actual, Rodríguez sostuvo que «algunas empresas, especialmente las que tienen una exposición reciente o limitada, están claramente en modo repliegue: congelan nuevas inversiones, reducen operaciones y, en paralelo, diseñan escenarios de salida ordenada si el riesgo regulatorio sigue escalando».

No obstante, apuntó que «para compañías que llevan décadas en la Isla, con relaciones muy profundas con el país y sus comunidades, la lógica es distinta».

«Más que cerrar y marcharse, se preguntan cómo seguir, pero de otra forma: reduciendo exposición a sectores especialmente sensibles, compartiendo riesgo con socios locales o de terceros países o concentrándose en actividades claramente amparadas por excepciones humanitarias», agregó.

En cuanto a la posible irrupción de empresas estadounidenses en el mercado cubano como parte de un acuerdo de transición, Rodríguez destacó que, «más que movimientos visibles, lo que se percibe hoy es una observación muy atenta: estudios de mercado, análisis de escenarios, contactos discretos y la convicción de que, si algún día se abre una ventana de normalización, nadie querrá quedarse fuera».

El criterio de Rodríguez está en consonancia con el de otros abogados y empresarios españoles especializados en el mercado cubano. En ese sentido, Ignacio Aparicio, socio ejecutivo de la firma de servicios legales Andersen y responsable de su Cuban Desk, vaticinó a principios de mayo que «de forma gradual y selectiva habrá una cierta retirada de empresas españolas de Cuba». Pese a ello, señaló que no prevé una retirada total.

Por su parte, José María Viñals, socio del despacho internacional Squire Patton Boggs, admitió que las nuevas sanciones van a «desincentivar aún más la inversión en Cuba«.