Ministro de Salud, a juicio disciplinario por irregularidades en sistema de atención a los maestros

La Procuraduría General de la Nación ha formulado pliego de cargos y llamado a juicio disciplinario al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y a tres exministros del Gobierno de Gustavo Petro, por presuntas irregularidades y delicadas fallas en la implementación del nuevo sistema de atención en salud para los maestros.

Así como al ministro de Salud, el Ministerio Público formuló pliego de cargos en contra de Aurora Vergara, exministra de Educación, Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Gloria Inés Ramírez, exministra del Trabajo.

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El llamado a juicio disciplinario también va en contra de directivos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y representantes de Fecode. En la lista de citados está Jhon Mauricio Marín, presidente de la Fiduprevisora y señalado públicamente por graves irregularidades, así como Magda Lorena Giraldo, Georgina Arroyo y Christian Rey Camacho, estos dos últimos siendo representación de Fecode en el órgano directivo.

El nuevo modelo de salud del Magisterio entró en operación el pasado 1 de mayo del 2024. Desde ese entonces, para el ente de control hay varias irregularidades en este dentro las que destacan la aprobación tardía del manual de contratación, la falta de negociación previa de tarifas, contratación extemporánea de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y ambigüedades en la definición de la entidad encargada de realizar la auditoría y los giros de los recursos.

Para la Procuraduría, esto habría afectado la continuidad, calidad y oportunidad en la prestación del servicio de salud a los docentes y sus beneficiarios, desencadenando en múltiples reclamos.

Como resultado de las deficiencias, la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) intervino y aplicó medidas cautelares al Fomag y a la Fiduprevisora en mayo de 2024. En el pasado mes de septiembre, esta misma Superintendencia ordenó una medida cautelar de cesación provisional por tres meses, con vigencia hasta el 23 de diciembre de 2025.

Esta decisión de Supersalud fue basada en los hallazgos de seis auditorías realizadas entre 2024 y 2025, que documentaron incumplimientos persistentes, como demoras en pagos a prestadores y falta de oportunidad en la entrega de medicamentos.

La investigación de la Procuraduría busca individualizar responsabilidades por decisiones que fueron tomadas durante la transición del modelo, el cual involucró varias entidades estatales y generó impacto en la atención en salud de miles de docentes.

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