Minería ilegal devastó 14.000 hectáreas en Antioquia en 7 años: un área que equivale a 7 veces Itagüí
- Colombia
- octubre 23, 2026
- No Comment
- 7
A bordo de dragas y los denominados dragones brasileños que surcan y succionan oro y minerales en los ríos Cauca y Nechí, las estructuras criminales extraen más del 54% del oro de aluvión ilegal comercializado en Antioquia, un departamento que superó las 45.000 hectáreas explotadas bajo esta modalidad durante 2025.
Así lo detalla un informe sobre este fenómeno elaborado por el Ministerio de Minas y Energía y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). El documento destaca que se explotaron de manera ilícita 24.282 hectáreas para extraer este mineral en el departamento, cuyos millonarios recursos terminaron en manos de estructuras armadas como el Clan del Golfo y el ELN.
La principal preocupación de estas entidades es que esta situación va en aumento año a año y tan solo en el 2025 hubo un incremento del 10% en comparación con el 2024 de esta explotación ilegal, que no solo deja afectaciones a las rentas legales, sino también al medio ambiente.
Son cuatro los municipios del Bajo Cauca antioqueño los que concentran esta problemática, todos cercanos a las cuencas de estos ríos: Nechí, Cáceres, El Bagre y Zaragoza. En todos ellos se ven los dragones y dragas como si fueran cualquier otro tipo de embarcación, pese a las intervenciones de las autoridades.
La ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, expresó que “aquí no hay un debate sobre la minería: hay una confrontación entre el Estado y las economías criminales que usan el oro para financiar la violencia”.
Es de destacar que en Colombia hubo una explotación de 118.410 hectáreas de oro de aluvión —el que se extrae del fondo de los ríos, arroyos y llanuras debido a la erosión de las rocas y vetas en la montaña—, un aumento de 5% en comparación con 2024. Sin embargo, el 75% de la extracción se hace de manera irregular (72.998 hectáreas).
Pese a lo alarmante de la cifra, el ministerio y la oficina de la ONU destacaron que en Antioquia hay un leve equilibrio entre la explotación legal e ilegal del oro de aluvión. Del total de las hectáreas intervenidas, 20.186 se trabajan con permisos técnicos y ambientales, lo que representa el 45% de los territorios totales explotados, situación que difiere de otras regiones.
En el Chocó —la región con mayores zonas afectadas—, de las 46.958 hectáreas explotadas para la extracción de oro de aluvión, el 88% se hace de manera ilícita (41.493). En Bolívar, la tercera región de la lista, el 85% (7.222) de las 8.546 hectáreas intervenidas para este fin se explota en estas mismas condiciones.
La principal afectación de la minería de aluvión ilegal tiene que ver con los daños ambientales, puesto que esto provoca pérdidas de miles de hectáreas de zonas boscosas y la contaminación de los afluentes intervenidos. Hablando solo de la vegetación, en el país se perdieron 56.701 hectáreas de especies naturales entre 2018 y 2025. Del total, 50.371 hectáreas —el 89%– se vieron afectadas por explotación ilegal.
Solo en Antioquia resultaron perjudicadas 14.174 hectáreas en este periodo —una extensión que cubre siete veces el territorio de Itagüí— producto de la explotación ilegal de oro de aluvión, lo que representa el 25% del total. Las afectaciones en los municipios en cuestión se evidencian cuando se hacen sobrevuelos por esta subregión (ver foto).
“El impacto de esta pérdida es crítico por su concentración en ecosistemas aluviales, donde la remoción de vegetación y suelos afecta la conectividad ecológica, la regulación hídrica y la capacidad de recuperación natural del territorio”, señaló el informe.
El total de la afectación nacional se concentra en el Chocó, con el 45%, seguido por Nariño con el 9% y Bolívar con el 5%. Lo más alarmante es que la pérdida en todo el país, solo en 2025, ascendió a las 10.013 hectáreas. Esto representa un aumento del 18% si se comparan los números del 2024.
“El monitoreo nos muestra con precisión dónde el Estado ha llegado tarde. La evidencia es clara: la presión crece en los parques nacionales, en las tierras de las comunidades negras y en los resguardos indígenas, casi siempre de la mano de grupos armados”, señaló la ministra Arboleda.
Aquellos parches de color barro visibles desde el aire, provocados por la deforestación de la minería ilegal, van de la mano con los cultivos de coca en esta subregión de Antioquia. De acuerdo con el estudio, el 45 % de las zonas afectadas por la explotación de oro de aluvión en el país —23.771 hectáreas— se concentran en territorios con presencia reportada de este cultivo ilícito, flagelo que agrava la destrucción de ecosistemas.
Al enfocar la lupa en Antioquia, más de 9.000 hectáreas dedicadas a la explotación de oro de aluvión coinciden con cultivos de coca, una confluencia que dificulta aún más la intervención de las autoridades frente al control de los grupos armados ilegales. Este fenómeno se concentra en Zaragoza, Nechí, Cáceres, El Bagre y Caucasia, municipios que han registrado variaciones anuales en el comportamiento de la minería criminal y los cultivos ilícitos. Mientras que en 2024 predominó el incremento de los cultivos de coca y se registraron reducciones de la explotación ilícita de oro de aluvión en algunos municipios, en 2025 se presentó una dinámica inversa, con el incremento generalizado de esta última y la disminución de los cultivos de coca, dijo el reporte de la ONU.
Esto hizo que el fortalecimiento económico de los grupos armados ilegales en Antioquia haya sido notorio, lo que les habría permitido incrementar su poderío y expansión a otras regiones del país. Según una denuncia realizada por el senador Juan Espinal, se estima que en el Bajo Cauca antioqueño hay más de 200 dragas y dragones que intervienen las principales cuencas de agua y zonas verdes. Esta operación ilegal estaría dejando rentas superiores a los $558.000 millones anuales, según la Policía, monto que podría ser superior según los estimados de otras organizaciones, que hablan hasta de billones en este periodo.
Le puede interesar: Desmantelan tres minas ilegales que producían oro por $750 millones al mes en Buriticá
La explotación del oro de aluvión se hace en medio de una sostenida ofensiva de las autoridades, que intervienen estas dragas y dragones con el fin de combatir este fenómeno ambiental y delincuencial. Nada más el pasado 28 de septiembre se hizo uno de los operativos más grandes en el departamento, con la quema de tres dragones brasileños, dos excavadoras, cuatro dragas tipo buzo y 13 motores industriales en El Bagre.
Esto provocó afectaciones por más de $11.130 millones a la subestructura Uldar Cardona Rueda, del Clan del Golfo, que estaba a cargo de la explotación de este espacio en el río Nechí. Con estas máquinas lograban sustraer 26,5 kilos de oro al mes. Sin embargo, los operativos de este talante no frenan el accionar de los grupos criminales, puesto que un nuevo dragón puede costar $8.000 millones, dinero que pueden recuperar en pocos meses, dependiendo de la producción de la máquina.
Se estima que cada máquina puede lograr sustraer más de siete kilos de oro al mes, comercializando esta producción en $2.000 millones en ese tiempo. La preocupación de las autoridades es que este dinero, en su mayoría, engorda las arcas criminales y una parte se usaría para reponer la maquinaria caída en operativos, según fuentes de inteligencia.
Otra de las grandes preocupaciones para la industria de la explotación de oro es que si bien aumentó el precio, los recursos se están quedando en manos de los ilegales y quienes lo venden de forma legal están viendo disminuidos sus ingresos. Según las comercializadoras y exportadoras de oro, cada semana el Estado colombiano deja de recibir $40.000 millones, producto de la venta de este mineral por parte de las estructuras criminales que lo mueven a través de rutas de contrabando en Colombia y países vecinos.
Señalaron que la principal ruta es entre Cúcuta y la frontera con el estado de Táchira, en Venezuela. Allí habría un corredor que permitiría el movimiento de este mineral para la posterior comercialización en los mercados internacionales, sin los controles que se tienen en Colombia.
Nicolás Echeverry, vocero de las comercializadoras, advirtió que existen reportes sobre un presunto contrabando semanal de oro que oscila entre 500 kilogramos y una tonelada. Señaló que estos volúmenes evidencian una preocupante caída en la disponibilidad del metal dentro del mercado formal.
En cuanto al departamento, aunque sin dar una cifra exacta, señaló que hay una particular competencia desigual entre las empresas que buscan cumplir con sus obligaciones en el proceso de la explotación del oro y entre aquellas que lo hacen de manera irregular. Ante esto, pidió una mayor intervención y una mejora de los incentivos económicos para las grandes comercializadoras y para los pequeños mineros legales. Esto con el fin de continuar cumpliendo con sus obligaciones y no quedar a merced de las bandas criminales.
“El problema no se resuelve únicamente persiguiendo las rutas del contrabando. Mientras existan incentivos económicos para comercializar el oro por fuera de los canales formales, el fenómeno puede desplazarse de un territorio a otro”, señaló Echeverry.
Las exportaciones de oro en 2025 llegaron a los 4.644 millones de dólares ($15 billones), siendo el segundo sector con más cantidad de exportaciones mineras, solo superado por el carbón. No obstante, entre 2023 y 2025 se presentó una disminución en la producción legal de oro en un 17%, pasando de 61,3 toneladas a 51,1 toneladas. Esto en gran parte se debió a la expansión de la explotación ilegal, tanto de oro de aluvión como de socavón.
