Más del 70% de los hoteles en Cuba está cerrado: Marrero contradice al MINTUR ante la Asamblea Nacional
- Cuba
- julio 30, 2026
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El 73% de los hoteles que existen en Cuba está cerrado como resultado de la estampida de cadenas extranjeras, informó el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, el miércoles, apenas unos días después de que el Ministerio de Turismo (MINTUR) intentara minimizar el impacto de la decisión de las firmas foráneas de dejar de operar instalaciones del conglomerado de los militares cubanos, GAESA.
En su intervención ante los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), el dirigente cubano señaló que siete hoteleras internacionales dejaron de operar en Cuba, «lo que representa el 46% de las habitaciones administradas bajo esa modalidad», según el portal oficial Cubadebate.
Debido a lo anterior, alrededor de 25.000 trabajadores cubanos han quedado «en situación de disponibilidad».
En mayo entró en vigor en Cuba el Decreto 149/2026, firmado por el propio Marrero Cruz, que establece que los trabajadores declarados disponibles reciben el 60% de sus salarios a partir del segundo mes de interrupción, pero solo de manera excepcional.
Las opciones de trabajo que el Estado da a esos cubanos son, fundamentalmente, en la agricultura y la recogida de basura. Rechazar esos empleos pésimamente remunerados y sin relación con sus perfiles laborales, implica quedarse sin ingresos.
Para hacer frente al desastre expuesto, se han aprobado «diez de las trece transformaciones previstas para el sector», explicó Marrero Cruz. Incluyen «nuevas modalidades de negocios con la participación de todos los actores económicos, incentivos tributarios para proyectos vinculados al ecoturismo y otras modalidades especializadas, la autorización para desarrollar servicios privados de alquiler de vehículos, la regulación de agencias de viajes privadas y la certificación de guías turísticos y agentes de ventas», citó Cubadebate.
El primer ministro cubano también anunció la creación de una contribución especial del 1% «destinada a financiar la sostenibilidad, la promoción y el posicionamiento de los destinos turísticos del país».
Resultados de las «transformaciones» para seducir a inversores extranjeros
Respecto la inversión extranjera, que La Habana lleva años intentando atraer sin lograr los resultados esperados, Marrero Cruz afirmó que «ya comienzan a materializarse los primeros resultados de las transformaciones aprobadas», según el medio estatal.
Para ilustrar lo anterior, mencionó la constitución de la primera empresa mixta entre una compañía extranjera y una MIPYME privada cubana; la autorización del primer negocio de inversión extranjera para la importación, distribución y comercialización de combustible; la aprobación del primer negocio de inversión extranjera en La Habana Vieja, y la creación de la primera zona con regulaciones especiales para el establecimiento de una empresa de capital totalmente extranjero dedicada al turismo de salud.
Asimismo, afirmó que «más de un centenar de actores económicos han recibido autorización para comercializar combustible de forma mayorista» y que «esa cifra continúa creciendo tras la flexibilización de los procedimientos aprobada recientemente».
El anuncio contradice la narrativa oficial de que Estados Unidos impone un «bloqueo petrolero» que impide la entrada de combustible a Cuba.
Según el primer ministro, de las transformaciones previstas para los meses de junio y julio —de las 176 anunciadas por el régimen a mediados de junio— ya fueron aprobadas 110.
Los diputados dan luz verde la ley que perfecciona el control estatal sobre los campesinos
Como suelen hacer con todas las leyes que el régimen somete a su criterio, los diputados cubanos aprobaron el miércoles la Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal, que fue presentada por el ministro de la Agricultura, Ydael Pérez Brito.
Pérez Brito afirmó que la norma responde «a la necesidad de actualizar las regulaciones sobre la tierra en correspondencia con la Constitución de la República, los compromisos internacionales asumidos por Cuba y las transformaciones económicas y sociales en curso», según Cubadebate, y negó que se trate de una nueva reforma agraria.
Aseguró que la nueva Ley ratifica el principio de «la tierra para quien la trabaja» y el derecho preferencial del Estado en la transmisión onerosa de tierras.
Al analizar el proyecto de ley, a mediados de julio, la periodista Lucía Alfonso Mirabal advirtió en DIARIO DE CUBA que «estamos ante el perfeccionamiento legal del control estatal sobre el campesinado«.
«La principal característica del proyecto no es la apertura, sino la reafirmación inflexible de los principios históricos de la Reforma Agraria de los años 60 y de la concepción socialista de la propiedad. El texto ratifica que la tierra es propiedad socialista de todo el pueblo —un eufemismo para decir propiedad del Estado— y prohíbe explícitamente la transmisión de tierras estatales en propiedad a personas naturales o jurídicas», señaló Alfonso Mirabal.
«Así, el régimen deja claro su mayor temor respecto al campo: el nacimiento de una clase de propietarios agrarios verdaderamente independientes. El predominio absoluto del Estado sobre el principal medio de producción agrícola es innegociable para el castrismo«, alertó.
«Al vetar la propiedad privada para los nuevos productores, el usufructo se consolida como la única vía de acceso a la tierra. El proyecto intenta endulzar la píldora ampliando la duración de los contratos a 25 años y permitiendo que nuevos actores económicos se beneficien de ellos. No obstante, la relación jurídica sigue marcada por la dependencia del aparato administrativo», criticó la periodista.