Los 26 operadores claves de la represión transnacional

Naciones Unidas puso nombre y apellido a los responsables de una red que persigue a nicaragüenses fuera de sus fronteras, identificando a 26 funcionarios y 10 instituciones como los engranajes principales de un sistema de violación de derechos humanos a escala transnacional.

El informe, presentado este 10 de marzo por el del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés), explicó que estas personas no solo ejecutan órdenes, sino que diseñan la logística para convertir el mundo en una “prisión sin muros” para los opositores, periodistas, activistas y defensores de derechos humanos que denuncian los crímenes del régimen de los codictadores.

Estructura de Mando: La copresidencia

El informe es categórico: en la cúspide de la pirámide se encuentran Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes, tras las reformas estructurales de 2025, operan bajo la figura de “copresidentes”. Ellos emiten las órdenes directas que activan la persecución, pero el Grupo de Expertos se adentra en los mandos intermedios que hacen posible la ejecución de estos crímenes.

Néstor Moncada Lau, el asesor en seguridad de Ortega, hasta agosto de 2025, según el GHREN, es quien giraba “las instrucciones de los copresidentes sobre la fabricación de causas penales contra opositores reales o supuestos al Fiscal General y sobre cómo tramitar estos casos ante la Corte Suprema de Justicia”.

“Participó como responsable de la toma de decisiones en la coordinación de la red de vigilancia e inteligencia”, de acuerdo a la investigación. El propio Moncada Lau fue detenido por la dictadura en agosto de 2025, donde todavía permanece sin mayor información sobre su estado físico ni sobre cualquier causa penal en su contra.

La “Doctrina del Castigo Ubicuo”

El informe describe lo que llama la “Doctrina del Castigo Ubicuo“, un sistema donde el Estado de Nicaragua persigue al ciudadano sin importar dónde se encuentre.

El “cerebro” de esta estrategia es el cocanciller Valdrack Jaentschke. Bajo su mando, la diplomacia nicaragüense ha dejado de buscar la cooperación internacional para centrarse en la extensión de la vigilancia.

El informe documenta cómo los consulados recopilan datos de geolocalización de activistas en Costa Rica, España y Estados Unidos, información que luego es procesada por la Inteligencia Policial en Managua para tomar represalias contra sus familias en el país.

Jaenstchke no es el único. El eje central de la red transnacional recae en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), desde donde se opera el espionaje y la denegación de servicios consulares a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.

Denis Moncada, el otro cocanciller, mantiene un rol de enlace político para justificar las violaciones ante foros internacionales. En tanto la viceministra de Relaciones Exteriores, Arlette Marenco, es señalada de realizar la coordinación administrativa de las restricciones a documentos de identidad en el extranjero.

El brazo del Ejército y Policía

El GHREN también documenta cómo la Policía y el Ejército de Nicaragua han extendido sus capacidades de inteligencia en la red de represión transnacional de la dictadura. Se ratifica el papel de Francisco Díaz Madriz, consuegro de la pareja de dictadores y director de la Policía Nacional, como el responsable de la coordinación con Interpol para emitir alertas falsas contra opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.

Horacio Rocha, el asesor presidencial con rango de comisionado, es identificado como clave en la “inteligencia política” que perfila a los ciudadanos en el exterior.

Juan Victoriano Ruíz Urbina, comisionado general jefe desde agosto de 2025, y el subdirector Zhukov Serrano Pérez, son señalados de participar en la red de vigilancia e inteligencia en coordinación con el ejército. También son quienes coordinan para detener arbitrariamente a familiares de exiliados en Nicaragua e igual emitir las alertas falsas a Interpol.

En tanto a Julio César Avilés, jefe del Ejército sandinista, es señalado de facilitar inteligencia militar para la vigilancia transnacional. Los dos jefes de policías y Avilés están sancionados por Estados Unidos y Europa por sus crímenes contra los nicaragüenses desde la masacre en abril del 2018.

Otros militares identificados en la red de represión transnacional son el coronel Álvaro Martín Peña Núñez, jefe de la Dirección de Inteligencia de Defensa; el general de brigada y jefe de Inteligencia de Defensa (hasta julio de 2024), Rigoberto Boanerge Balladares Sandoval, y José Leonel Gutiérrez López, mayor general y jefe de Contraespionaje.

Ellos son los responsables “de vigilar y acosar a nicaragüenses exiliados; consolidar redes de informantes en el extranjero; supervisar el uso del servicio diplomático para la vigilancia transnacional; realizar operaciones encubiertas en el extranjero”, recoge el informe de la ONU.

El robo como política de Estado

La súper procuradora Wendy Morales es señalada como la “arquitecta del despojo” y la confiscación.

El informe detalla cómo la Procuraduría General de Justicia (PGJ) utiliza los registros de propiedad para identificar bienes de exiliados y desnacionalizados, y transferirlos al Estado o a testaferros del Frente Sandinista (FSLN), financiando así la operatividad de las mismas fuerzas que los vigilan en el extranjero. Morales está sancionada por Estados Unidos.

El GHREN identifica también a los ahora exmagistrados sandinistas Marvin Aguilar y Juana Méndez como parte responsable de la “muerte civil” de los periodista y opositores exiliados, mediante la confiscación de bienes y el bloqueo de cuentas bancarias.

Aguilar y Méndez, siendo parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), eran firmantes de las sentencias de pérdida de nacionalidad y confiscación de propiedades y bienes sin debido proceso.

Finalmente, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), dirigida por militares, ha logrado “convertir en armas” las regulaciones internacionales contra el lavado de dinero.

Al reportar a opositores como “sospechosos de terrorismo” ante el sistema Swift y redes bancarias, logran que nicaragüenses pierdan acceso a sus ahorros en bancos de terceros países, un acto que el GHREN califica como una violación flagrante al derecho de propiedad y supervivencia.

A finales de febrero de 2026, Estados Unidos sancionó al al Mayor General retirado Denis Membreño Rivas y al excomisionado general Aldo Martín Sáenz Ulloa, director y subdirector de la UAF, por usar la entidad como brazo ejecutor de la “asfixia económica” contra la sociedad civil.

Los funcionarios y entidades que completan el mando de represión son Roberto López, presidente del Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS); Nahima Janett Díaz Flores, directora de Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), hija del jefe de la Policía, Francisco Díaz, y nuera de los codictadores; así como el presidente de la Asamblea Nacional, el sandinita Gustavo Porras; la exmagistrada Alba Luz Ramos; los magistrados Ernesto Leonel Rodríguez Mejía, Octavio Ernesto Rothschuh Andino y Ana Julia Guido Ochoa.

Se suman los jueces sandinistas Karen Vanessa Chavarría Morales y Nadia Camila Tardencilla Rodríguez.

Además, se menciona al Inspector General de la Policía, Roberto Douglas Flores Vargas; a Javier Antonio Morazán Chavarría, fiscal y jefe la Unidad de Crimen Organizado; y a Milton Ruíz García, excoordinador nacional de la Juventud Sandinista.

El Ministerio del Interior y quien lo preside, Luis Cañas Novoa, es parte de la red por la cancelación de las 5700 ONGs y el control de sus activos. Cañas, según el informe, es “responsable de la toma de decisiones de la red de vigilancia e inteligencia, decide los objetivos y las medidas para combatir las violaciones transnacionales y envía instrucciones a las instituciones pertinentes”.

Completan las entidades el Consejo Supremo Electoral (CSE) por la eliminación de derechos políticos a la distancia; la Dirección de Migración y Extranjería (DGME) por la denegación de pasaporte como herramienta de castigo.

En su investigación, el GHREN señala que las 10 instituciones y los 26 funcionarios operan como una “sola maquinaria” coordinada desde El Carmen, la residencia presidencial.

Al identificar responsabilidades individuales, el Grupo de Expertos proporciona la base legal para que fiscalías de otros países inicien procesos bajo el principio de jurisdicción universal.

“Estos nombres no son solo una lista; son un mapa de ruta para la justicia”, concluye el informe. El documento advierte que la persecución transnacional constituye un crimen de lesa humanidad que no prescribe y que involucra a cada uno de los mencionados en una cadena de mando criminal.