Liberarán a 1200 presos comunes en honor a Obando y Bravo
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- enero 29, 2026
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La dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo extenderá el beneficio de “convivencia familiar” a unos 1200 reos comunes en conmemoración del “Día Nacional de la Reconciliación y la Paz“, un feriado nacional de reciente creación en conmemoración del cardenal Miguel Obando y Bravo, en ocasión de su centenario.
El anuncio lo realizó la codictadora Rosario Murillo a través del aparato de propaganda sandinista el jueves, 29 de enero. Como en otras ocasiones, Murillo caracterizó el beneficio como un privilegio extendido desde Presidencia, a pesar de que la ley establece ciertos parámetros y no lo ubica bajo discreción directa del Ejecutivo.
Desde 2014, y con esta excarcelación, el régimen habría liberado a 64 616 reos comunes, unas 9900 tan sólo en 2025, según el conteo de Nicaragua Actual. Todo ello mientras mantiene a varias personas bajo prisión arbitraria o desaparición forzada por motivos exclusivamente políticos, sometidos además a tratos inhumanos, según el registro del Mecanismo para su reconocimiento.
La constante liberación de delincuentes a escala masiva se ha convertido en una de las políticas más impopulares de la dictadura, sobre todo por la cantidad de irregularidades en el proceso de selección de los beneficiarios, muchas veces liberados a pesar de haber cometido delitos que los deberían hacer inelegibles para tal beneficio.
La Ley (473) del régimen penitenciario y ejecución de la pena, en su artículo 60, mandata que solamente a delitos que admitan fianza aplicaría el beneficio. Sin embargo, en todas las liberaciones hasta la fecha se han registrado reos excarcelados por delitos mayores, como la violación agravada, volviendo ilegales tales beneficios.
Datos divulgados por el régimen sandinista a principios de año apuntan a que “sólo” el 7.8% de los excarcelados ha reincidido. Esto equivale a aproximadamente 3510 delincuentes desde el advenimiento de la crisis en 2018 hasta febrero de 2025. El número ciertamente es mayor, considerando los delitos donde la identidad del criminal no es averiguada.
Murillo, por su parte, defiende estas medidas con vehemencia, llegando a tildar de “racistas” y “clasistas” a quienes cuestionan el efecto que tienen en la seguridad de la población nicaragüense. Según un Informe de percepción de la realidad política, social y económica de Nicaragua de Hagamos Democracia, refleja que 9 de cada 10 nicaragüenses perciben un aumento significativo en la criminalidad en el país.
