Las 5 veces que el gobierno Petro habría protegido a Carlos Oyola, presunto hacker con orden de captura contratado en la DNI

El ingeniero de sistemas Carlos Andrés Oyola Tovar, de 36 años, estuvo durante meses bajo una orden de captura mientras seguía vinculado a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y tenía a su cargo tareas estratégicas.

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Su permanencia en la institución, incluso después de que la Fiscalía lo buscaba, es uno de los episodios que pone bajo la lupa el manejo que tuvo el organismo durante el gobierno de Gustavo Petro y la dirección de Jorge Lemus.

Oyola fue capturado el viernes 6 de noviembre en Neiva, en un operativo conjunto del CTI de la Fiscalía, la Policía y el Gaula Militar. Esto por delitos informáticos y fraude procesar tras la presunta manipulación de sus calificaciones en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) para obtener títulos de especialista y magister de forma irregular. Aunque la comunicación del Gaula también indica que habría interceptado a la Fiscalía, no hay detalles del caso.

Pero su situación judicial no era desconocida dentro de la DNI. El informe reservado revelado por Noticias Caracol describe como la propia agencia lo habría protegido mientras las autoridades intentaban ubicarlo.

Estos son cinco episodios que permiten reconstruir cómo se habría dado ese presunto blindaje.

Oyola ingresó a la DNI en febrero de 2024, cuando el hoy prófugo de la justicia Carlos Ramón González estaba a cargo de esa entidad. Llegó a desempeñar funciones como gestor de inteligencia grado 4.

Según los documentos internos, se le señala de hackear entidades estatales dentro de las actividades de contrainteligencia para tener acceso a bases de datos, las cuales terminó alojando en una nube que, señalan informes sobre reservados, “se perdió”.

El entonces jefe de Contrainteligencia lo remitió al despacho del director general, que para ese entonces ya era Jorge Lemus, y él habría decidido trasladarlo al grupo de Tecnología de la entidad.

Los documentos internos le atribuyen una responsabilidad de suma relevancia: era parte del equipo para desarrollar la segunda versión del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (SIIC), donde deberían quedar registro de todas las misiones de la entidad.

Pero Oyola no entregó la nueva versión del sistema. “Y presuntamente fue víctima del equipo de cómputo en el que estaba desarrollando el sistema”, señala uno de los documentos que fue entregado en septiembre a la Presidencia.

El 7 de mayo de 2026, un juez ordenó la captura de Oyola por el proceso relacionado con la presunta manipulación de sus calificaciones en la UNAD. Para entonces, faltaban tres semanas para la primera vuelta presidencial.

Pese a la orden judicial, el ingeniero continuó figurando como funcionario activo de la DNI. La permanencia de Oyola en la agencia es uno de los puntos que más interrogantes deja sobre las decisiones administrativas adoptadas durante la dirección de Jorge Lemus y el gobierno de Gustavo Petro.

El episodio más delicado ocurrió horas antes de la primera vuelta presidencial. El CTI llegó a allanar un apartamento que la DNI utilizaba como fachada y en el que Oyola se habría estado escondiendo.

Cuando los investigadores ingresaron, el ingeniero ya había escapado. En el inmueble quedaron computadores, celulares y otros dispositivos electrónicos.

A ellos se suma que supuestamente, según indica uno de los informes reservados de la entidad, sostuvo reuniones con la fiscal Luz Adriana Camargo.

Y es que en este punto aparece otra pieza: durante una de las audiencias reservadas, la fiscal del caso denunció que alguien ingresó de manera irregular al Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) de la Fiscalía para extraer información de los procesos contra Oyola, según conoció la Unidad Investigativa de El Tiempo.

Los documentos internos de la DNI relacionan a Oyola con la coordinación de activistas digitales, bodegueros y hackers.

El informe de empalme señala que habría liderado una red que buscaba supuestamente alterar los resultados de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026 con ataques dirigidos a la Registraduría. Justo en ese momento Oyola tenía orden de captura.

La trayectoria de Oyola en el sector público no empezó en la DNI. Entre 2018 y 2022 fue asistente III de la Unidad de Trabajo Legislativo del entonces senador liberal Rodrigo Villalba, hoy gobernador del Huila.

Después habría tenido al menos dos contratos con la Contraloría General. El primero, de dos meses, lo habría firmado en octubre de 2022, con honorarios de $5’990.000 mensuales.

El segundo se trata de un contrato de prestación de servicios por $34,45 millones y de 159 días, adjudicado por contratación directa, que habría terminado el 30 de noviembre de 2023. Su objeto era dar apoyo técnico al despacho del contralor delegado para el sector Defensa y Seguridad y a sus dos direcciones, en el manejo de bases de datos y fuentes de información para las auditorías del plan de ese año.

A esto se sumaría un contrato con el Fondo Colombia en Paz, entidad adscrita al Dapre, para respaldar los sistemas de información de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos.

La supervisión del contrato de 2022 con la Contraloría estaba a cargo de Luis Eduardo Parra, entonces contralor delegado. En diálogo con El Tiempo, Parra contó que conoció a Oyola en la campaña de 2018. Según su versión, el contrato se terminó de mutuo acuerdo porque el ingeniero no cumplió con los entregables.

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