La dictadura y el colonialismo mataron al Taupla, Brooklyn Rivera

El cinismo de la dictadura de Managua ha cruzado el último límite humano. Primero persiguieron al líder indígena, lo acusaron de “traición a la patria” y lo confinaron en el aislamiento total por más de dos años. Ahora, tras haberlo destruido bajo su custodia en las mazmorras de la capital, pretenden saldar la cuenta llamándolo “Hermano” en un comunicado oficial.

Intentar reducir su trágico desenlace a una “secuela de COVID-19” constituye una burla macabra y representa una afrenta directa a su familia, a la Nación Miskita y a una Costa Caribe a la que el poder central siempre ha tratado con desprecio colonial. No hay hermandad en el calvario que le impuso el régimen.

La exhibición tardía de las fotografías de un hombre entubado y agónico no fue un ejercicio de transparencia, sino un crudo control de daños de última hora. Sabiendo que lo habían liquidado físicamente en el encierro, necesitaban fabricar un lavado de manos institucional antes del desenlace fatal.

Cuando lo secuestraron en Bilwi, el líder gozaba de buena salud en su hogar. Lo arrancaron de la Muskitia para trasladarlo lejos, muy lejos de donde su gente pudiera organizarse y donde ni siquiera su propia familia pudiera verlo durante años. Ese desarraigo calculado fue su verdadera condena a muerte.

Lo privaron de lo más sagrado y vital para un indígena, que es su tejido socio-comunitario y su territorio. Al aislarlo de su realidad, de su alimentación tradicional y de la medicina comunitaria que sostenía su cuerpo en la vejez, el régimen ejecutó una tortura silenciosa.

Lo mataron con el encierro, con el choque cultural forzado, con la incomunicación absoluta y con la frialdad de una prisión hostil, consumando su final lejos de la tierra a la que pertenecía y de los suyos.

La salud mancillada

El papel del sistema de salud pública genera una indignación profunda. Ese aparato que hoy presume un esmero médico tardío operó como el cómplice perfecto el día del secuestro en el Caribe.

Para capturar a Rivera, movilizaron tropas especiales desde la capital y lo sacaron oculto en una ambulancia para bloquear la respuesta de las comunidades que pretendían defenderlo.

Al hacerlo, ejecutaron un crimen de Estado que cruzó todos los límites éticos, pues instrumentalizaron un vehículo y un personal que simbolizan salvar vidas para convertirlos en un vulgar engranaje de la represión.

El cálculo político es milimétrico. El mismo día que preparaban el terreno para anunciar su agonía, presentaron con bombos y platillos el inicio del proyecto de “Construcción y Equipamiento del Hospital Pueblo Presidente Afro y Originarios” en Bluefields.

La maniobra es de una perversidad absoluta porque utilizan una etiqueta pomposa que alude a nuestras propias identidades para camuflar el impacto de haber liquidado físicamente al referente histórico más potente del Caribe. Es propaganda pura para amortiguar el costo político de un asesinato institucional.

Sufren las comunidades

Mientras el régimen escenifica estas fachadas para el consumo de las pantallas en el Pacífico y el centro del país, ese bloque histórico que desde el siglo XIX nos ha mirado como los otros o como extranjeros que no encajan en su mapa, el territorio caribeño padece la violencia real.

En las comunidades se vive el dolor de las invasiones armadas de colonos, el despojo violento de tierras ancestrales, la imposición estatal de gobiernos comunales y territoriales paralelos, el saqueo extractivista y el consecuente desplazamiento forzado de nuestra gente.

La consumación de esta muerte es el punto de quiebre de esa colonización totalitaria.

La puesta en escena en la cama del hospital retrata esa fría manipulación. Al lado del cuerpo moribundo colocaron a Lumberto Campbell, el eterno emisario del Frente Sandinista en la región. Su presencia en la fotografía es el símbolo inequívoco de cómo el régimen de Managua instrumentaliza a los mismos costeños para dinamitar su propia autonomía.

Es la vieja estrategia colonial de emplear a un nativo del Caribe para vigilar la capitulación de otro, permitiendo que las élites de la otra Nicaragua se laven las manos bajo la premisa de que todo se reduce a un pleito entre costeños. Es la forma en que siempre nos han visto, como los que no pertenecen.

Para colmo de la crueldad, forzaron a posar en la misma escena a la exdiputada Nancy Henríquez, víctima directa de encarcelamiento y controlada ahora bajo el régimen de casa por cárcel, instrumentalizando su vulnerabilidad para simular un falso entorno humanitario. Lo usaron hasta el último aliento para certificar su fotografía de impunidad.

Frente a la miseria de los fanáticos que celebran este desenlace en las redes, se levanta el peso de la historia. Coincidir o no con las decisiones estratégicas o las alianzas pasadas de Rivera es secundario ante la magnitud de su impacto político. Su figura no cabe en el tablero de odios partidarios de la capital.

Las dos dictaduras

Existe un paralelismo histórico que desnuda la naturaleza de la dictadura. En febrero de 1981, el Frente Sandinista descabezó al movimiento indígena al encarcelar a la junta directiva de MISURASATA, incluido un joven Brooklyn Rivera, por negarse a asimilar el Caribe al centralismo revolucionario.

Décadas después, el mismo partido lo secuestró en su vejez hasta provocar su muerte. El poder central se ensaña con el liderazgo miskito porque teme a la cohesión de ese pueblo. Entienden perfectamente que para saquear los recursos de la Costa, primero deben neutralizar a uno de los pueblos más aguerridos.

Los hechos de su trayectoria forman parte ineludible de la historia contemporánea de la región, desde el alzamiento armado en los años ochenta con un MISURASATA independiente y la unificación de YATAMA en 1987, hasta las negociaciones de la Ley de Autonomía.

Taupla Brooklyn Rivera

Su papel como impulsor de las demandas territoriales y los derechos originarios coincidió con una época de resistencia jurídica internacional. Rivera compareció como testigo clave en la audiencia del caso mayagna de Awas Tingni en el año 2000, un litigio cuya sentencia en 2001 obligó por primera vez a un Estado a reconocer el carácter colectivo de las tierras comunitarias.

Apenas unos años después, encabezó en primera persona el caso YATAMA contra Nicaragua ante la Corte IDH en 2005, un fallo histórico que redefinió los derechos políticos continentales al dictaminar que los pueblos indígenas tienen derecho a participar en elecciones bajo sus propias formas organizativas, dinámicas y costumbres tradicionales, dinamitando el monopolio centralista de los partidos políticos de la otra Nicaragua.

La dictadura de Managua consiguió apagar su aliento físico, pero ha fracasado en el intento de borrar un legado que ya pertenece a la historia viva del Caribe. Con sus aciertos y sus contradicciones, el Taupla queda profundamente arraigado en la memoria política de la Muskitia.

El Estado centralista es el único responsable de las condiciones de su reclusión y de su deceso. Toda la solidaridad con su familia en este momento de dolor, mientras los pueblos costeños asimilan la pérdida de una figura central de su pasado reciente.

La carne muere, pero el tejido comunitario y la exigencia territorial de la Muskitia permanecen vivos, fuera del alcance de las garras del régimen.

Pablo Guillén es activista por los derechos humanos y autonómicos de la costa caribe.