La desarticulación de un campamento en Santa Clara indica un repunte de la minería ilegal en Cuba

En medio de la sostenida crisis integral en Cuba, la minería ilegal ha proliferado en varios territorios del país, a pesar de los peligros que esta práctica conlleva. En tal sentido, las autoridades policiales de Santa Clara desarticularon esta semana un campamento ilegal dedicado a la extracción de oro y otros minerales, ubicado en el kilómetro siete de la carretera Maleza, informó el periodista oficialista Henry Omar Pérez en su perfil de Facebook.

«La operación policial resultó en la detención de dos ciudadanos y la incautación de herramientas y equipos utilizados en la actividad minera ilegal, incluyendo un molino y otros implementos», detalló.

«Las investigaciones continúan para determinar la magnitud de la operación ilegal y la posible implicación de otras personas», agregó Pérez, toda vez que el incremento de buscadores de oro en esta y otras provincias avanza más rápido que la actuación policial, a pesar de los graves peligros sanitarios y medioambientales asociados a esta práctica.

Varios comentarios a la publicación de Pérez indicaron que no es la primera vez que mineros ilegales son detenidos en el área y medios independientes señalaron que es posible que se trate de una extracción realizada en las minas auríferas de Placetas, donde opera la estatal Producciones Mineras.

Un hecho que es síntoma de tal incremento es que la semana pasada ocho individuos fueron detenidos en el municipio de Jobabo, en Las Tunas, debido a «la explotación y tráfico ilegal de polvo de oro».

Fuentes del Ministerio del Interior, citadas por el medio oficialista local Periódico 26, indicaron que a los responsables les fueron ocupados varios equipamientos eléctricos y otros accesorios, que les permitían llevar a cabo la acción, entre ellos «plantas eléctricas y generadores de corriente, turbinas para el bombeo de agua y chipijamas». Así, esta no sería una actividad improvisada, y los de Las Tunas habría tenido el proceso mucho más profesionalizado que los detenidos esta semana en Santa Clara.

Además, hace poco menos de un año, más de 30 personas fueron procesadas en Camagüey, provincia colindante con Las Tunas, acusadas de minería furtiva y extracción ilegal de oro. Varias de ellas recibieron sanciones de hasta dos años de cárcel.

Así, la caza de mineros ilegales está íntimamente relacionada con el interés económico del régimen en explotar los yacimientos de oro, toda vez que, de acuerdo con estimaciones geológicas, Cuba posee reservas de minerales superiores a los mil millones de toneladas, un potencial abierto a la inversión extranjera directa por la que aboga el Gobierno en su «cartera de oportunidades», sin resultados concretos hasta ahora.

En más de una ocasión, la prensa oficial ha cargado contra quienes «en busca de una fortuna rápida (…) no solo sacan provecho ilícito del patrimonio nacional y dañan el medio ambiente, también ponen en peligro sus vidas».

La extracción ilegal de oro provoca, además, daños medioambientales de consideración, entre los que se encuentran el desnivelado de suelos, hoyos, deforestación, alteración de los cauces de los ríos y vertidos que afectan a la calidad del agua.