La CIDH otorga medidas cautelares a los presos del 11J Ángel Jesús Véliz y Yasmany Porras

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a los prisioneros políticos cubanos, Ángel Jesús Véliz Marcano y Yasmany Porras Pérez, quienes cumplen condenas por participar en las protestas antigubernamentales que sacudieron la Isla los días 11 y 12 de julio de 2021.

Según el comunicado de prensa publicado en su página web, el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) consideró que ambos presos del 11J se encuentran «en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable en Cuba», tras analizar la solicitud de medidas recibida.

Los solicitantes expusieron que, desde que fueron encarcelados, en julio de 2021, Véliz Marcano y Porras Pérez han estado expuestos a «condiciones incompatibles con los estándares internacionales, caracterizadas por alimentación insuficiente o en mal estado, falta de acceso suficiente a agua potable y agua para higiene, restricciones a la recepción de insumos de sus familiares, comunicación limitada y monitoreada, así como ausencia de atención médica adecuada».

Las condiciones descritas son denunciadas constantemente por personas que estuvieron privadas de libertad en Cuba y por reclusos actuales, políticos o comunes, así como por sus familiares.

Durante 2026, el grupo de asesoría jurídica Cubalex ha documentado 32 muertes en las cárceles cubanas. Su subregistro constituye un intento de llenar el vacío de información oficial sobre los decesos en las prisiones de la Isla.

Tras analizar las alegaciones «de hecho y derecho», la CIDH consideró que tanto Véliz Marcano como Porras Pérez están en grave riesgo, pues continúan bajo custodia del Estado cubano «y la situación descrita podría continuar y agravarse, con una posible afectación a los derechos a la vida, integridad personal y salud».

Teniendo en cuenta todo lo anterior y «con base en el artículo 25 del Reglamento», el organismo solicitó al Estado cubano:

a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, la integridad personal y la salud de Ángel Jesús Véliz Marcano y Yasmany Porras Pérez;
b) implemente las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de las personas beneficiarias sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia;
c) realice de inmediato una valoración médica integral sobre la situación de salud de Ángel Jesús Véliz Marcano y Yasmany Porra Pérez, y garantice la atención y tratamiento médico oportuno y especializado, dando a conocer los resultados a sus familiares y representantes. En particular y tras valoración médica pertinente, se solicita la implementación de las medidas correspondientes para que Yasmany Porra Pérez no continúe expuesto a enfermedades contagiosas, según corresponda;
d) asegurar el acceso inmediato a alimentos de calidad y a agua potable en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades nutricionales;
e) concierte las medidas con los beneficiarios y sus representantes; y
f) informe sobre las acciones adoptadas para investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar, y así evitar su repetición.

El jueves, la madre de Véliz Marcano, Ailex Marcano Fabelo, compartió en su página de Facebook la comunicación de la CIDH, en la que daba a conocer el otorgamiento de las medidas a los manifestantes.

Asimismo, agradeció a la organización Cuba Demanda, al perfil de Facebook Eco Libertad, a los abogados Santiago Alpízar, Teresa Ortiz y Yarelis, a la OEA y a la CIDH.

Ángel Jesús Véliz Marcano fue acusado de desórdenes públicos y atentado, tras participar en las protestas del 11J, y cumple una condena de seis años de cárcel en la prisión de Camagüey conocida como Kilo 8. Es beneficiario del parole humanitario, pero el régimen le impide usar esa vía para salir del país, a pesar de que las propias leyes cubanas permiten esta alternativa.

Yasmany Porras Pérez fue acusado de robo con fuerza y sabotaje, además de desórdenes públicos y atentado. Recibió una sentencia de 17 años de privación de libertad, que cumple en la Prisión de Agüica, en Matanzas.