Juez frena el cierre de zona de ubicación de excombatientes ordenado por el Gobierno, ¿qué pasará?

24 de septiembre de 2026

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El 30 de septiembre era el día previsto para que se terminara de forma definitiva la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del Valle del Guamuez, en Putumayo. Pero, a sies días de que llegara esa fecha, un juez puso el proceso en pausa.

En contexto: Otra estocada a la “paz total”: Abelardo clausura ZUT en Putumayo y revoca negociadores con el ELN y Clan del Golfo

El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís admitió una tutela presentada por varios excombatientes y, como medida provisional, suspendió los efectos de la Resolución 389 de 2026, mediante la cual el Gobierno había ordenado terminar la zona.

En la tutela, los accionantes también pidieron garantizar los servicios de salud y alimentación, así como las condiciones necesarias para la habitabilidad de la ZUT. Además, solicitaron al Ministerio de Defensa y otras entidades del sector mantener medidas de protección reforzada.

Y es que a inicio de mes, el presidente Abelardo de la Espriella informó de un paquete de medidas que le ponían punto final a la paz total; entre esas estaba el cierre de la ZUT, diseñada para que allí se reunieran 99 combatientes de los Comandos de Frontera, una estructura armada parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). No obstante, ya no estarían los 99 excombatientes: según reveló Cambio, algunos se fueron de ese espacio tras el anuncio del cierre de la ZUT.

Si bien la decisión es temporal, se suma a una lista de frenos que han puesto juzgados a algunas de las decisiones más polémicas que ha tomado el presidente.

Es decir, en este caso, la tutela no resuelve todavía el fondo de la situación. Pero mientras el despacho estudia los argumentos de los accionantes y recibe las respuestas de las entidades involucradas, la ZUT no podrá ser cerrada en los términos previstos por esa resolución.

Los accionantes actuaron en representación de las personas que permanecen concentradas en la zona y alegaron la posible vulneración de derechos como la vida, la seguridad y la integridad física, el debido proceso, la reincorporación y el tránsito a la vida civil, la confianza legítima y la paz.

Uno de los puntos que llamó la atención del despacho fue que, aunque la resolución que ordenó el cierre contempla una ruta institucional para la terminación de la zona, no estaba claro que esa transición ya estuviera lista para las personas que permanecen allí.

El despacho pidió verificar además si se habían adelantado las actuaciones necesarias para definir el ingreso y la continuidad de estas personas en el proceso de reincorporación, de acuerdo con la Resolución 190 de 2026.

Con esos elementos, el juzgado consideró necesario suspender provisionalmente el cierre mientras estudia la tutela.

Además, ordenó que los listados y documentos correspondientes fueran remitidos a la Fiscalía, la Policía y las autoridades judiciales competentes, para que estas adopten las decisiones que correspondan frente a órdenes de captura y demás actuaciones judiciales.

Es decir, la suspensión del cierre de la zona y las situaciones jurídicas individuales de quienes permanecen allí son asuntos que deberán tramitarse dentro de sus respectivos escenarios.

Ahora vienen las respuestas. El juez les dio dos días a las entidades accionadas y vinculadas para que entreguen informes detallados sobre los hechos planteados en la tutela y aporten los documentos que consideren necesarios para su defensa.

De los 99, unos 60 excombatientes que están en la ZUT del Valle del Guamuez habrían pedido asilo político a los países garantes del proceso: Venezuela, Cuba y Noruega, según reportó Blu Radio.

Rigoberto, conocido como “El Paisa” y vocero de la ZUT, aseguró que los excombatientes no contemplan acogerse al sometimiento a la justicia propuesto por el gobierno de Abelardo de la Espriella. Según explicó, no se consideran “traidores” ni “delatores”.

La posición contrasta con la propuesta del Gobierno. El ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró la semana pasada desde el Congreso que los excombatientes de la ZUT serían una muestra de cómo funcionaría la política de sometimiento planteada por el nuevo gobierno.

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