Honduras pide «trato digno» para dos de sus magistrados en Nicaragua

El gobierno del presidente hondureño Nasry Asfura ha pedido “un trato digno” y respeto a las “garantías consulares” para las familias, los documentos y demás bienes de los dos magistrados hondureños de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) presuntamente expulsados por la dictadura sandinista, tras el retiro de Honduras de ese oganismo, el 23 de mayo.

En un comunicado de la Cancillería hondureña, el gobierno de Asfura “insta que toda medida adoptada por Nicaragua respecto de ciudadanos hondureños que se desempeñaban en una institución regional se ejecute con trato digno, comunicación oficial, garantías consulares“.

El gobierno no confirmó la presunta expulsión de los magistrados Óscar Fernando Chinchilla Banegas y Gloria Guadalupe Oquelí Solórzano, hecho reportado por el Diario Tiempo el 25 de mayo.

Según ese medio, ambos letrados habrían sido declarados “personae non gratae” por la dictadura sandinista y escoltados por agentes al servicio del régimen a su país natal vía el paso fronterizo en El Guasaule.

De modo que no está claro cuál es la situación de ambos letrados, ni si se encuentran en Honduras, aunque el lenguaje del comunicado de Cancillería pareciera indicar que se encuentran en Nicaragua.

Asimismo, el comunicado informó que la Cote, un órgano del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), “ha quedado desprovisto de su instrumento jurídico constitutivo” y ha perdido su “personalidad jurídica internacional“.

En efecto, la Corte efectivamente habría desaparecido como organismo de Derecho internacional, pues el comunicado aseguró que El Salvador, el único miembro restante tras las salidas de Nicaragua (18 Marzo 2025) y Honduras (29 Abril 2026), habría denunciado el estatuto el 20 de mayo.

El gobierno salvadoreño no ha hecho pública esta decisión al momento de publicarse esta nota.

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua no se ha pronunciado al respecto de la situación de los magistrados. El gobierno de Asfura insistió que Tegucigalpa “se encuentra coordinando… el proceso de cierre ordenado, liquidación de personal y gestión administrativa de la Corte”.