“Ha habido desinformación. La Jurisdicción está cumpliendo”: JEP

“En primer lugar, hay que identificar cuál es la misión de la jurisdicción, cuáles son los recursos asociados a las garantías de derechos y a las actividades de orden judicial y cuáles son sus resultados. La JEP está siempre a disposición del debate público sobre la ejecución de sus recursos y la definición de sus resultados. Categóricamente diríamos que la noción de despilfarro y mucho menos aquellas asociadas a pérdida de recursos o corrupción, la jurisdicción está sometida a un proceso sistemático de rendición de cuentas y auditorías, sin hallazgo alguno relacionado con los debates que hoy se ponen en el escenario público”.

“La jurisdicción hace parte de un proceso de relacionamiento con instancias de complementariedad en el ámbito global, como la Corte Penal Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Unión Europea y la OCDE. También mantiene una relación con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que hace seguimiento al Acuerdo Final de Paz y a los resultados de la JEP. Estas visitas están documentadas, están registradas las escalas, cuál fue la relación del gasto y cuál fue el propósito. Nunca ninguna de estas actividades ha sido observada por los organismos de control. Ni en las siete auditorías de la Contraloría, ni en los informes que nos llegan a ese nivel de especificidad”.

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“Es el escenario más adverso posible; debemos mirar el impacto en las comunas, por ejemplo, en Medellín, el impacto en La Escombrera y lo que falta, en Dabeiba, Urabá y las nueve subregiones de Antioquia, donde la jurisdicción ha ayudado a cerrar brechas de impunidad que eran difíciles de abordar desde la justicia ordinaria. En el caso de los comparecientes, no solo las antiguas Farc, que lo están haciendo en su gran mayoría: el 90 % persiste en el cumplimiento del acuerdo. También integrantes de la Fuerza Pública que hoy están recibiendo respuestas efectivas en la definición de su situación jurídica. Más de 1.070 integrantes de la Fuerza Pública ya resolvieron su situación jurídica, se encuentran a cuentas con el país, con la sociedad y con las víctimas y tienen la oportunidad de reemprender su vida, por una segunda oportunidad, con toda su decisión y su definición judicial absolutamente resuelta. Se truncaría un proceso que está ya terminando su etapa de investigación. Terminaría también el proceso de cinco años de juzgamiento y el cierre de la jurisdicción en 2033. Sería estructuralmente un golpe muy fuerte a la credibilidad, a la confianza en el Estado, en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y en el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz”.

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“Esa es una de las grandes preocupaciones de las víctimas, de los equipos de representación judicial y de los comparecientes, porque las propuestas que supuestamente reemplazarían a la jurisdicción podrían tener serios problemas de constitucionalidad e incluso de operatividad. Si la jurisdicción fue creada para asumir estos procesos tan complejos y descargar a la justicia ordinaria, ¿tendría acaso sentido devolverlos a la justicia ordinaria o crear, con un costo elevadísimo, una nueva institucionalidad?

La inversión pública en justicia, no el gasto que se ha hecho en Colombia, con recursos de cooperación internacional y con apoyos que están creciendo en los grupos empresariales grandes, medianos y pequeños, entiende que hay que construir posibilidades de convivencia y reconciliación como condición incluso de las posibilidades mismas de garantizar inclusión, economías locales, fuertes condiciones de convivencia, seguridad humana, más allá de la seguridad física, y posibilidades de participación efectiva en espacios productivos. Sería muy, muy doloroso y complejo. Sería una gran pérdida. Sería intentar resolver un asunto en el cual se ha avanzado mucho creando un mal mayor”.

“Creo que se han tergiversado las cifras y se ha cargado a una sola persona, mencionando a uno de los abogados de uno de los comparecientes de las antiguas Farc y señalando que el pago era de $1.100 millones. Ahí hay un error, hay una imprecisión profunda. Realmente, el pago a esta persona no supera, no redondea, los $13 millones, pero además no tiene un solo caso: tiene un número de representados que, en promedio, dependiendo del momento procesal, para los abogados tanto de las Farc como de comparecientes puede estar rondando entre 90 y 100 personas representadas.

Entonces, la relación costo-beneficio es muy eficiente. Realmente, el valor per cápita de representación judicial es bastante competitivo. No creo que haya ningún apoderado en Colombia que asuma un caso de estas dimensiones por un salario mensual de $13 millones. Ese es el coordinador y los abogados que tienen más casos están rondando los $9,5 millones. Hagan los descuentos de ley y lo que recibe un abogado para subsistir dignamente, pues es una suma adecuada, pero no de las dimensiones que se han manifestado; nada tiene que ver con esas cifras astronómicas que sí generan una preocupación en quien no tiene acceso a la información precisa”.

“Es que estamos confundiendo cosas. La ONU es un sistema global que tiene en Colombia 22 agencias que tienen distintos mandatos y misiones. Los pronunciamientos fueron del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que tiene unas competencias, unas funciones y unos asuntos sobre los cuales tiene agenda. Esa agenda institucional es aprobada por los Estados.

La presencia de las Naciones Unidas es un acuerdo entre los Estados y el sistema de Naciones Unidas. Entonces, a un lado está el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como lo está el Alto Comisionado para Refugiados u otras agencias.

El Programa de las Naciones Unidas ha sido uno de los acompañantes históricos del proceso de paz desde los diálogos y la implementación. Ha sido uno de los socios y aliados estratégicos en la implementación del acuerdo y, en especial, no solo en los temas de representación judicial, sino en otros muchos, es uno de los principales ejecutores del Fondo Multidonante.

De manera muy respetuosa, pero clara, quiero manifestar que hoy no hay ningún misterio ni hay alguna contradicción o conflicto de interés. Aquí no hay ningún misterio, ni conflicto de interés ni ninguna contradicción, porque ese sistema global tiene diferentes competencias y funciones, especialmente en justicia transicional”.

“Quisiera retomar las afirmaciones y los mensajes que transmitió el ministro Cancino, ministro de Justicia, en el Congreso y en el diálogo con la Comisión de Paz. Él manifestó, tal vez en unas dos o tres oportunidades, que este Gobierno iba a garantizar el cumplimiento de las sentencias y que iba a garantizar el espacio de relacionamiento y diálogo a través de la instancia de articulación con la jurisdicción y el conglomerado de instituciones que deben asignar recursos y generar institucionalidad y relacionamiento para los proyectos restaurativos y las condiciones de seguridad y protección.

Entonces, confiamos en que eso que se mencionó abra el camino para tener un diálogo directo, ojalá con el propio presidente de la República y con los más altos dignatarios y dignatarias del Gobierno. Un diálogo directo, franco, tranquilo, propositivo, de cómo logramos garantizar derechos de víctimas, seguridad jurídica de comparecientes, una agenda construida con una inversión pública importante y en una fase en la que, terminando su trabajo, la jurisdicción dejará una huella valiosa para este Gobierno, para el Estado colombiano y para la sociedad, que necesita también identificar cómo avanzamos luego de cerrar este proceso”.