Fiscalía pone la lupa sobre las campañas de Cepeda y Corcho: citaron a contadores y gerentes a interrogatorio

La Fiscalía citó a interrogatorio a los gerentes y contadores de las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho a la consulta interna del Pacto Histórico, realizada el 26 de octubre de 2025. Se trata de un interrogatorio de indiciado; es decir, se escucha a personas involucradas antes de formularle cargos formales.

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Las diligencias se realizarán entre miércoles y jueves de esta semana (23 y 24 de septiembre) y hacen parte de una indagación que adelanta una Fiscalía de la Dirección Especializada contra la Corrupción.

La investigación busca establecer si la información entregada al Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre los gastos, créditos y aportes de las campañas corresponde a la realidad financiera y contable de las mismas.

Además de revisar los movimientos financieros de las campañas de Cepeda y Corcho, la Fiscalía está indagando quiénes fueron realmente los financiadores de algunos bienes y servicios reportados ante la autoridad electoral.

Las personas que deberán acudir a la citación serían, para el caso de Iván Cepeda Carlos Saúl Garzón Urrea (gerente) y Sandra Yurany López Cortés (contadora). Mientras que para el caso de Carolina Corcho sería Nelson Emiro Linares como gerente y su contador.

La investigación se conoce después de que agentes de la Dijín realizaran, hace menos de una semana, una inspección judicial en la antigua sede del Polo Democrático Alternativo, en Bogotá, actualmente utilizada por el Pacto Histórico. Durante el procedimiento, los investigadores recopilaron documentos, cuentas y soportes financieros y contables relacionados con la consulta de octubre de 2025.

De acuerdo con información conocida por EL COLOMBIANO, el ente investigador puso la lupa sobre dos empresas que aparecen relacionadas con los gastos reportados por las campañas de Cepeda y Corcho.

En el caso de la exministra de Salud, la indagación se concentra en el restaurante Chefcito S.A.S. La Fiscalía busca establecer si quien figura como representante legal fue realmente quien financió los bienes y servicios registrados ante el CNE a nombre de esa empresa.

Semanas atrás, la congresista Catherine Juvinao había denunciado que, por ejemplo, no encontró evidencia física de que el restaurante funcionara en la dirección registrada (en el sur de Bogotá), pese a que aparece vinculado a un préstamo de $742 millones a la campaña.

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Una situación similar se presenta en la campaña de Iván Cepeda, en la que figura la empresa Samat Publicidad, representada legalmente por Javier Antonio Pérez Páez. En este caso, la Fiscalía busca establecer si la compañía y su representante fueron efectivamente quienes aportaron los bienes y servicios reportados.

Llama la atención que Pérez Páez, empresario barranquillero, asegura que nunca hizo una donación superior a $700 millones a la campaña, pese a que ese movimiento aparece registrado en el sistema Cuentas Claras del CNE.

Según su versión, lo que existió fue una relación comercial para prestar servicios de publicidad e impresión durante la campaña.

El empresario aparece como aportante de $116 millones a título personal y de otros $609 millones a través de Samat Publicidad S.A.S. Al respecto, la legislación electoral establece restricciones para las donaciones a las campañas electorales.

Por su parte, el gerente de esa campaña de Cepeda, Saúl Garzón, entrevistado en enero por este diario, señaló que el dinero correspondía a cuentas pendientes por pagar.

Al consultarle entonces por qué estaba anotado ese monto en un formulario que tenía como nombre “Relación de contribuciones o donaciones de los particulares”, Garzón respondió que se trataría de una supuesta malinterpretación. “Obviaron que el formulario es de donaciones, contribuciones y créditos”, dijo.

Por ahora, el caso se encuentra en etapa de indagación. La Fiscalía deberá determinar si existen razones para avanzar hacia una investigación formal o, por el contrario, archivar el caso si no encuentra elementos suficientes que permitan establecer la comisión de un delito.