Fallo ordenó al Invías arreglar la autopista Medellín-Bogotá en máximo 6 meses

Los demandantes argumentaron que las fallas en la carretera y la señalización deficiente ponían en riesgo la seguridad vial y la movilidad de los usuarios.

El tribunal accedió parcialmente a las pretensiones tras comprobar, mediante informes técnicos, que la importante vía que conecta a las dos ciudades apenas está en buen estado en 18 kilómetros de los 127 que van de El Santuario hasta Puerto Triunfo.

La acción popular fue presentada en agosto de 2025. De acuerdo con los demandantes, este corredor vial presenta un deterioro grave caracterizado por la presencia de numerosos huecos profundos, grietas, hundimientos, desniveles y fisuras en ambos carriles.

A esta situación se suma la falta de demarcación horizontal, que en buena parte del recorrido está borrada o prácticamente desaparecida, así como el mal estado, la escasez y la poca visibilidad de algunas señales de tránsito.

Los veedores también señalaron que las intervenciones realizadas por el Invías han consistido principalmente en reparaciones puntuales y temporales, que no solucionan los problemas de fondo de la carretera.

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Esta situación, según expusieron los veedores, ha tenido consecuencias para quienes utilizan diariamente la vía. Entre ellas, los accidentes de tránsito con personas heridas y fallecidas; los gastos adicionales en reparaciones de vehículos y las pérdidas económicas para el transporte de carga y pasajeros.

También advirtieron sobre las dificultades de movilidad que enfrentan estudiantes de las zonas rurales de municipios como San Luis, Puerto Triunfo, San Francisco, Cocorná y Sonsón, donde las condiciones de la carretera habrían ocasionado inasistencia y deserción escolar. A esto se suma la generación de polvo y contaminación del aire durante las temporadas secas.

Los veedores solicitaron por medio de la Acción Popular que se declarara que el Invías había vulnerado derechos fundamentales y que se le ordenara formular y ejecutar un plan de acción con soluciones de fondo para recuperar la carretera.

También insistieron en que la acción popular busca prevenir afectaciones a la comunidad y que no es necesario demostrar que cada accidente haya sido causado directamente por el deterioro de la carretera para advertir los riesgos existentes.

Asimismo, sostuvieron que las limitaciones presupuestales no eximen al Estado ni al Invías de su responsabilidad de garantizar el mantenimiento de la infraestructura vial.

Durante el proceso, el Invías defendió su gestión y aseguró que no ha existido inactividad administrativa. La entidad señaló que desde 2019 ha celebrado cinco contratos de gestión vial integral, con inversiones superiores a los $327.000 millones.

Frente al estado de la carretera, sostuvo que no existe un deterioro generalizado, sino meras afectaciones puntuales relacionadas con el alto tránsito de vehículos pesados y las temporadas de lluvia, las cuales, según indicó, son atendidas mediante actividades de mantenimiento rutinario y periódico.

La entidad también señaló que el Contrato de Gestión Vial Integral No. 1588 de 2025 contempla trabajos de señalización, como demarcación, instalación de tachas y señales de tránsito, además de servicios de grúa, ambulancia y atención de emergencias.

Invías también argumentó que los conductores tienen responsabilidad en los accidentes de tránsito y que no necesariamente existe una relación directa entre el estado de la carretera y todos los siniestros registrados.

En el pleito jurídico también terció el Consorcio Intergestión AD, encargado de la interventoría de las obras en la vía, el cal explicó que comenzó sus labores el 12 de septiembre de 2025, mediante el Contrato No. 1604 de 2025. El consorcio sostuvo que el deterioro de la carretera era una condición existente antes del inicio de sus actividades y pidió no ser responsabilizado directamente por esa situación.

Al estudiar el caso, el Tribunal Administrativo de Antioquia concluyó que el deterioro de la carretera sí estaba respaldado por pruebas técnicas y no correspondía únicamente a las apreciaciones de los veedores.

Uno de los elementos considerados fueron los informes elaborados por el Consorcio Intergestión AD, durante septiembre y octubre de 2025. En estos documentos se detalló que el 55% de la Autopista, equivalente a 73 kilómetros, se encontraba en malas condiciones; el 27%, correspondiente a 36 kilómetros, estaba en estado regular; y el 18% restante –con apenas 18 kilómetros– se encontraba en condiciones buenas o muy buenas.

El Tribunal también encontró que el Invías tenía conocimiento de las quejas de la comunidad desde junio de 2025. En ese encuentro la entidad reconoció que los recursos disponibles eran insuficientes para atender todas las necesidades del corredor vial.

Otro de los aspectos analizados fue la gestión contractual del Invías. La Sala señaló que la firma de contratos y la asignación de presupuestos no son suficientes para demostrar el cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento si estas medidas no se traducen en una recuperación efectiva de la carretera.

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Con base en las pruebas, el Tribunal encontró vulnerados los derechos colectivos a la seguridad pública y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

Por ello, mediante la Sentencia No. 112 de 2026 del 9 de noviembre de 2026, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó al Invías que, dentro de seis meses adelante las gestiones necesarias para recuperar la transitabilidad de la Medellín–Bogotá.

Para cumplir con la orden, el Invías deberá realizar una evaluación técnica actualizada que permita identificar los sectores deteriorados y establecer cuáles requieren atención prioritaria por sus condiciones de riesgo. También deberá formular y ejecutar un programa de reparación y mantenimiento de la carretera, dando prioridad a los puntos más afectados.

Una vez finalizado el plazo de seis meses, la entidad deberá presentar un informe técnico con los soportes que demuestren las obras y actividades realizadas.

Finalmente, el Tribunal ordenó conformar un Comité de Verificación para hacer seguimiento al cumplimiento de la sentencia.

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