Extinción de dominio en caso Centros Poblados alcanza cinco propiedades de la congresista Saray Robayo

22 de diciembre de 2025

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La relación sentimental de la congresista Saray Robayo con el empresario Emilio Tapia, condenado en dos de los mayores escándalos de corrupción del país, vuelve a tener consecuencias judiciales. Esta vez, no solo en el terreno político y mediático, donde los cuestionamientos han sido reiterados, sino en el patrimonial, tras conocerse que cinco bienes de su propiedad quedaron cobijados con medidas cautelares con fines de extinción de dominio dentro del proceso por el caso Centros Poblados.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que, en el marco de las investigaciones por el desfalco al contrato de conectividad rural del Ministerio de las TIC, por el cual Tapia fue condenado, se adoptaron medidas sobre 23 bienes pertenecientes a varios implicados. Entre ellos figuran cinco propiedades a nombre de la congresista Robayo.

De acuerdo con la información conocida por Blu Radio, los bienes afectados incluyen un lote en San Bernardo del Viento y el predio El Chinchorro, en Montería, ambos en Córdoba, y tres apartamentos en Coveñas, Sucre, uno de ellos un penthouse. Para la Fiscalía, estos activos estarían vinculados a los recursos desviados en el entramado contractual de Centros Poblados, razón por la cual fueron objeto de medidas cautelares mientras avanza el proceso de extinción de dominio.

La decisión se adopta bajo el criterio de que parte del patrimonio relacionado con el caso habría sido adquirido o incrementado con dineros de origen ilícito, una línea que las autoridades han venido explorando no solo respecto de los condenados directos, sino también frente a bienes en cabeza de terceros que habrían resultado beneficiados.

El anuncio reaviva la controversia alrededor de Robayo, cuya relación con Emilio Tapia no dejó de generar ruido desde que se hizo pública. Tapia ha sido condenado por corrupción en procesos graves como el carrusel de la contratación en Bogotá y, más recientemente, por el escándalo de Centros Poblados. Aunque las medidas de extinción de dominio tienen carácter patrimonial y no penal, el impacto político es inevitable.