Exhibiciones de presos políticos no exculpan al régimen de desapariciones forzadas

Las denuncias sobre desapariciones forzadas en Nicaragua volvieron a ocupar el centro del debate público tras la difusión de un video oficial donde aparece la presa política Angélica Chavarría, quien permaneció más de dos años sin que su familia tuviera información sobre su paradero.

Organismos de derechos humanos sostienen que el caso confirma un patrón sistemático de ocultamiento de detenidos políticos por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más aseguró que la aparición pública de Chavarría no elimina la responsabilidad del Estado por mantenerla desaparecida durante más de 24 meses.

“Este es un patrón más de parte del régimen”, afirmó Yader Valdivia, integrante del organismo, durante una entrevista con Nicaragua Actual. Según explicó, las autoridades utilizan este tipo de videos para “denigrar a las personas presas políticas”, distorsionar la realidad de las cárceles y responder a presiones internacionales.

Valdivia recordó que casos similares ocurrieron anteriormente con monseñor Rolando Álvarez, integrantes del ministerio Puerta de la Montaña, Marta Candelaria Rivas y el sacerdote Harvin Estrada.

“Era el momento de que el régimen tenía que mostrar a Angélica”, sostuvo, señalando que la presa política era la persona con más tiempo en desaparición forzada documentada públicamente en Nicaragua.

De acuerdo con el organismo, la familia de Chavarría había intentado durante meses obtener información en centros penitenciarios, delegaciones policiales y oficinas estatales sin éxito. Chavarría no contaba ni cuenta, hasta el momento, con una acusación publicitada.

“La Policía les pedía que dejaran de buscarla”, denunció Valdivia. Solamente después de una intensa campaña internacional, agregó, las autoridades permitieron una primera visita familiar en el penal de mujeres conocido como La Esperanza en carretera a Masaya.

Aunque el régimen presentó el video como prueba de que Chavarría se encuentra en buen estado, organizaciones de derechos humanos consideran que el mensaje forma parte de una estrategia de propaganda ante el creciente escrutinio internacional.

“Lo que tratan de desmentir es que no hay tortura, que no hay desaparición y que no hay malos tratos”, explicó Valdivia, vinculando la aparición de la presa política con la próxima discusión sobre Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA).

Trabajo de imagen

Según el Colectivo, el régimen busca proyectar una imagen de “buena voluntad” luego de las excarcelaciones realizadas entre finales de 2025 y comienzos de 2026, así como frente a las críticas emitidas recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Naciones Unidas y gobiernos extranjeros.

El colectivo advirtió que actualmente acompaña nueve casos de desaparición forzada, de los cuales ocho continúan activos. Cuatro son públicos y otros cuatro permanecen bajo reserva mientras se tramitan medidas cautelares ante la CIDH.

Entre los casos más conocidos figuran el líder indígena miskito Brooklyn Rivera, el opositor Carlos Brenes, Salvadora Martínez y Eddy Montes, todos reportados como desaparecidos por sus familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos.

“Desde 2018 hasta 2023 las desapariciones forzadas eran temporales y de corto tiempo. Después de las detenciones de Puerta de la Montaña comenzaron a prolongarse”, explicó Valdivia. Según el activista, las pastoras de esa congregación estuvieron 18 meses desaparecidas antes de ser mostradas públicamente.

El organismo insiste en que las desapariciones forzadas constituyen crímenes de lesa humanidad y violaciones graves al derecho internacional. Tanto el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas (GHREN) como la CIDH han documentado el uso de esta práctica contra opositores, líderes religiosos y críticos del gobierno.

En paralelo, familiares de detenidos desaparecidos continúan reclamando información sobre el paradero de sus seres queridos. Eugenia Valle Olivares, esposa del preso político Víctor Boitano Coleman, denunció que su esposo lleva 772 días en desaparición forzada.

“Todos tienen familia, hijos, esposas, madres y hermanos que sufrimos día a día porque no sabemos si están vivos o muertos”, expresó Valle en un pronunciamiento público. También exigió que el régimen entregue pruebas de vida de todos los desaparecidos y cumpla las medidas cautelares emitidas por organismos internacionales.

Según organizaciones de derechos humanos, la desaparición forzada se ha convertido en uno de los mecanismos más severos de represión utilizados por el régimen Ortega-Murillo tras las protestas de abril de 2018, que dejaron cientos de muertos, miles de exiliados y una profunda crisis política en el país.