Estados Unidos quita visas a siete colombianos: Ricardo Roa y otros políticos más, ¿quiénes son?

Publicado 22 de octubre de 2026 Actualizado 22 de octubre de 2026

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El Departamento de Estado de Estados Unidos retiró las visas para ingresar a ese país a siete colombianos. Replica la medida que tomó hace unas semas atrás sobre la congresista Martha Peralta y el cuestionado empresario Euclides Torres.

Ahora, entre los mencionados están el expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa y el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña.

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La medida también cobija a los congresistas y excongresistas Wadith Manzur, Karen Manrique, quienes están en prisión por el caso de corrupción de la UNGRD; así como a Julio Elías Chagüi y Liliana Bittar, y al exalcalde de Envigado José Ignacio Mesa.

Hay que recordar que Roa fue imputado por la Fiscalía el 11 de marzo pasado por el delito de tráfico de influencias de servidor público, en una investigación que indaga por la compra de un apartamento en Bogotá y su posible relación con contratos adjudicados por Ecopetrol.

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Posteriormente, el 11 de mayo, la Fiscalía le imputó un segundo delito: violación de los límites de gastos en campañas electorales. El proceso está relacionado con presuntas irregularidades en los informes financieros de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, de la que fue gerente.

La decisión de quitar las visas a Roa y las otras personas fue anunciada bajo los lineamientos de la política de Estados Unidos para combatir la corrupción y el narcotráfico en la región.

La entidad explicó que las decisiones responden a compromisos adquiridos por sus socios durante la Cumbre de Doral, celebrada en marzo, y ratificados en la declaración de los líderes de Escudo de las Américas del 22 de septiembre, donde fue incluida Colombia.

De acuerdo con reportes, las medidas se enmarcan en una política dirigida contra personas señaladas de presuntamente realizar acciones que debilitan a gobiernos elegidos democráticamente.

Cuando era candidato presidencial, Abelardo de la Espriella hizo pública una lista de 30 personas que le entregó al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, conocido como el “quita visas”. En ella figuraban congresistas y políticos, en su mayoría cercanos al Pacto Histórico.

Sin embargo, ninguno de los que ahora les retiraron la visa aparecía en esa lista, a diferencia de lo ocurrido con la senadora Marta Peralta y el empresario Euclides Torres.

Sin embargo, la decisión de Estados Unidos se conoce semanas después de que el presidente Abelardo de la Espriella encabezara un consejo de seguridad en Sucre en el que encaró a Acuña, uno de los nuevos sancionados.

Tras ese encuentro, el mandatario publicó un video en el que le dijo al alcalde: “Bajo el esquema de corrupción suyo yo no trabajo”.

Además de Roa, entre los nombres incluidos en la reciente decisión de Estados Unidos hay varios que comparten investigaciones judiciales que, al menos, están en etapa de indagación.

Wadith Manzur (congresista del Partido Conservador), por ejemplo, fue capturado en marzo por orden de la Corte Suprema de Justicia, que consideró que documentos, grabaciones y testimonios lo vinculan con el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Según la investigación, habría respaldado operaciones de crédito público, desde la comisión que integraba en el Congreso, a cambio de partidas. El proceso sigue en curso, pero él está en prisión preventiva. La exrepresentante Karen Manrique por las curules de paz también está vinculada a este escándalo.

Asimismo, Liliana Bittar, exsenadora del Partido Conservador, es una de las seis personas procesadas por las presuntas irregularidades en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, junto con Manzur.

El exsenador del Partido de la U Julio Elías Chagüi también es investigado por el escándalo de la UNGRD, aunque en un expediente distinto. Su nombre aparece en varios testimonios.

Por ejemplo, Sneyder Pinilla aseguró que, por instrucción de Olmedo López, agilizó un proyecto de canalización en Sahagún (Córdoba) y que Julio Elías Chagüi le facilitó el contacto con el secretario de Infraestructura de ese departamento para gestionar el contrato. También aportó chats sobre coordinaciones relacionadas con las obras. Chagüi ha sido mencionado en otras denuncias por presunto direccionamiento de contratos de la UNGRD.

De los siete colombianos afectados por la medida, el único que tiene una condena en firme es José Ignacio Mesa, exalcalde de Envigado. En agosto pasado, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema confirmó su condena por seis años y cuatro meses por concierto para delinquir agravado. Según la decisión, la Oficina de Envigado le habría brindado apoyo económico y electoral para llegar a la Alcaldía en 1995 y al Senado en 1998 y 2002.

El único de los incluidos en la lista que continúa ejerciendo un cargo público es Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo. Acuña no ha sido condenado ni tiene una orden de captura, pero enfrenta varias investigaciones.

Una de ellas avanza en la Corte Suprema de Justicia. Según reveló Cambio, la Sala de Instrucción le sigue la pista a supuestos aportes del alcalde por 1.500 millones de pesos a la organización criminal Los Rastrojos, que le habrían dado respaldo electoral en municipios de Sucre cuando era representante a la Cámara. Acuña ha asegurado que es víctima de persecución política.

Además, es investigado por un presunto incremento injustificado de su patrimonio durante su paso por la Cámara de Representantes, entre 2010 y 2018. Esto, por nombrar algunas de las investigaciones que ha tenido en su contra.