Estados Unidos denuncia las últimas reformas de la dictadura

El gobierno de Estados Unidos deploró las recientes reformas impulsadas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, asegurando que las modificaciones buscan fortalecer los mecanismos de control político, económico y social sobre la población nicaragüense.

A través de una declaración publicada por el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado el martes, 23 de junio, Washington afirmó que los gobernantes sandinistas están utilizando el aparato legal para consolidar la represión contra la sociedad civil y los sectores independientes del país.

“Los defensores de Murillo-Ortega están nuevamente institucionalizando la represión. El mundo puede ver claramente lo que hay detrás de estas ‘reformas’, diseñadas no para proteger a los ciudadanos de la actividad criminal, sino para aumentar el control sobre la sociedad civil, bloquear activos y criminalizar a cualquier empresa u organización que los dictadores consideren una amenaza o busquen saquear”, señaló la oficina estadounidense.

Las reformas fueron aprobadas por la Asamblea Nacional, controlada por la dictadura, en un paquete de reformas presentado el 17 de junio. Este modificaba simultáneamente cinco leyes vinculadas al lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el crimen organizado.

Entre los cambios más relevantes figura la facultad de inmovilizar cuentas bancarias y otros activos en cuestión de horas, incluso antes de que exista una revisión judicial. Las reformas también amplían la definición de terrorismo al incorporar los actos destinados a “alterar gravemente el orden público”, un concepto ambiguo.

Organizaciones y personalidades vinculadas a la oposición, desde el exilio, tildaron estas medidas como susceptibles de ser utilizadas contra opositores, organizaciones civiles o actores económicos independientes.

Además, la iniciativa incrementa las facultades de supervisión estatal sobre organizaciones sin fines de lucro, obligándolas a permitir el acceso de funcionarios del Ministerio del Interior a sus sistemas informáticos, bases de datos y plataformas de gestión.

También amplía las obligaciones de reporte financiero para bancos y otras entidades, que deberán proporcionar información detallada sobre transacciones realizadas mediante tarjetas de crédito y débito dentro y fuera del país.

En las últimas semanas, la administración del presidente Donald Trump ha impuesto restricciones migratorias contra más de 100 funcionarios vinculados al régimen y ha incrementado sus críticas a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua.

Para Washington, las nuevas reformas forman parte de una estrategia más amplia destinada a consolidar el control absoluto del Estado sobre la actividad económica y la sociedad civil.