Embajada de EE. UU.: la dictadura «no engaña a nadie» en Nicaragua

La Embajada de los Estados Unidos en Managua reiteró las declaraciones del embajador de ese país ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Leandro Rizzuto, al aprobarse una resolución que condenó las medidas represivas ejecutadas por el régimen sandinista, durante la última sesión del Consejo Permanente de la oganización.

“Felicitaciones a todos los países de la OEA por la resolución contra la dictadura militar de Murillo Ortega, y a favor de la voluntad del pueblo”, dijo el embajador Rizzuto, resaltando el consenso alcanzado en la organización hemisférica para presionar por cambios democráticos en Nicaragua, que abandonó formalmente la OEA en noviembre de 2023.

La reproducción del mensaje por la embajada es sólo el último de una serie de pronunciamientos difundidos por Washington en clara confrontación con el régimen sandinista. Esto tras la captura del dictador venezolano y aliado del sandinismo, Nicolás Maduro, en un operativo milita el 3 de enero.

Estados Unidos llegó a desconocer a la co-dictadora Murillo, así como ha llamado por la liberación de presos políticos y advirtió por medio de su encargado de negocios, Elias Baumann, de que sin cambios en materia de derechos humanos, las represalias contra el régimen serían inevitables.

Las presiones ocasionaron que la dictadura excarcelara a por lo menos 24 ciudadanos bajo prisión política, pero paa dejarlos en regímenes de vigilancia y hostigamiento. “Las recientes liberaciones de personas en Nicaragua para ponerlas bajo arresto domiciliario pueden parecer gestos positivos por parte de la dictadura. Sin embargo, estas acciones no engañan a nadie“, dijo el diplomático.

“El arresto domiciliario no es libertad. Estados Unidos reitera su exigencia a Nicaragua de que libere de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos detenidos injustamente, sin arresto domiciliario ni nuevas detenciones“, concluyó.

La resolución

La resolución de la OEA, aprobada por aclamación el 4 de febrero de 2026 durante una reunión del Consejo Permanente, expresa “alarma” ante la situación política y social en Nicaragua.

El documento urge al régimen de Ortega y Murillo a poner fin a las violaciones de derechos humanos, incluyendo la liberación incondicional de todas las personas detenidas injustamente y aquellas bajo arresto domiciliario arbitrario.

Además, condena el hostigamiento, la persecución y los atentados contra la vida que se extienden más allá de las fronteras, como el uso indebido de notificaciones rojas de Interpol para perseguir a opositores exiliados.

El texto basa su juicio en el último informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés), un órgano habilitado desde el Consejo de Derechos Humanos —que la dictadura repudió— de Naciones Unidas, sólo una de varias instancias que documentan estos abusos.

La OEA invitó a Nicaragua a “retornar” a la organización, siempre que cumpla con los principios de la Carta Democrática Interamericana, y solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que continúe monitoreando la situación, a pesar de que el régimen ha rechazado el trabajo de organismos internacionales.