El régimen acusa a EEUU de ‘agresión contra los derechos humanos’ por sancionar la exportación de médicos

Luego de que este jueves la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU sancionara a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC), empresa estatal encargada de gestionar la exportación de profesionales de la salud y lucrar con ellos, el canciller del régimen, Bruno Rodríguez, acusó a Washington de ejecutar «una agresión contra el derecho humano de cientos de miles de personas en muchas partes del mundo a acceder a servicios de salud».

Fiel a la narrativa victimista de La Habana, el alto funcionario resaltó que la ronda de sanciones de este jueves «demuestra que su propósito es imponer un castigo colectivo a todo el pueblo de Cuba».

«A pesar de que el Gobierno de EEUU sigue negando la existencia de un asedio económico contra Cuba, le resulta cada vez más difícil ocultar sus intenciones genocidas y su deseo de provocar una crisis humanitaria«, apuntó Rodríguez.

Sostuvo, asimismo, que «Cuba está siendo castigada por ofrecer un servicio humano y fraternal que ha merecido el reconocimiento de la comunidad internacional». No obstante, no mencionó que por tal «servicio humano y fraternal» el régimen percibe altas cantidades de dinero por la exportación de cada profesional, al tiempo que las denuncias por trata de personas y trabajo en condiciones forzosas son frecuentes.

En tal sentido, Washington sostuvo que La Habana mantiene «una política o patrón de trabajo forzoso» en sus programas de exportación laboral, incluidas las misiones médicas, una práctica que calificó como «una manifestación de trata de personas».

Asimismo, señaló que las misiones médicas constituyen la principal fuente de divisas de Cuba, con ingresos superiores a los de cualquier otro sector de la economía. Según los datos oficiales de la Oficina de Estadísticas e Información de Cuba, el Estado ingresa más de 4.000 millones de dólares anuales por este concepto, de los cuales menos del 2% se reinvierte en el sistema de salud.

Este jueves, junto a la CSMC, la Administración Trump también sancionó a la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), otra reclutadora de personal sanitario enviado al extranjero. Ambas entidades pertenecen al Ministerio de Salud Pública (MINSAP), cuyo ministro, José Ángel Portal Miranda, también recibió sanciones, al igual que Gretza Sánchez Padrón, directora de la UCCM.

Las sanciones de este jueves alcanzaron también a tres empresas del sector energético: el Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET), brazo de investigación de CUPET; Empresa de Energía S.A. (ENERSA); y EINARBO S.A., importadora de gas, lubricantes y gas licuado procedentes de México y la India.

Washington sancionó, además, a la Terminal de Contenedores de Mariel y a Coral Marítima S.A. por una operación que, según el Departamento de Estado, formalizó el traslado del control del puerto para eludir las restricciones impuestas a GAESA. La lista incluye asimismo a la firma de inversiones Ceiba Investments Limited y a ORBIT S.A., procesadora de remesas que EEUU considera controlada por el conglomerado militar.

Las penalizaciones, que llegan poco menos de dos semanas después de la ronda anterior, el pasado 13 de julio, confirman la escalada de tensiones entre EEUU y La Habana, toda vez que, desde enero, Washington ha redoblado las sanciones e insiste en que la Isla necesita cambios profundos, tanto económicos como políticos, y mantiene la presión sobre el régimen para propiciarlos.