El chavismo y el castrismo comparten el modelo de control militar sobre la economía, revela un informe

El castrismo y el chavismo comparten el modelo de control sobre la economía que les garantiza el control político, reveló en un informe el Miranda Center for Democracy, una organización sin ánimo de lucro estadounidense, con sede en Washington, dedicada a cuestiones de democracia, seguridad, derechos humanos, migración y economía en América Latina y el Caribe.

El texto parte de la tesis de que en Cuba y Venezuela las Fuerzas Armadas no funcionan únicamente como instrumentos de coerción y defensa del régimen, sino también como grandes actores económicos que poseen, administran y se benefician directamente de empresas y sectores estratégicos de sus respectivos países.

Muestra cómo el petróleo venezolano ayudó a financiar la economía militar cubana, mientras la experiencia cubana de GAESA aparece como una referencia para entender la expansión empresarial de las Fuerzas Armadas venezolanas.

Sin embargo, el control de los militares en ambos países se concreta mediante estructuras diferentes.

En Cuba, buena parte de ese poder económico se concentra en un único conglomerado militar, GAESA. En Venezuela, está distribuido en una extensa red de entidades vinculadas al Ministerio de Defensa.

No obstante, para el Miranda Center, la función política es esencialmente la misma en ambos casos: el control de la economía sirve para comprar lealtades militares, generar recursos para el aparato de poder y mantener estructuras opacas al margen de los mecanismos ordinarios de fiscalización. 

En el caso venezolano, el estudio identifica 44 entidades vinculadas al Ministerio de Defensa: 24 empresas y 20 fundaciones. Al menos 103 oficiales militares aparecen en los consejos de administración de empresas estatales, una presencia que, según los investigadores, muestra hasta qué punto las fronteras entre el aparato militar y el empresarial se han diluido. El informe señala además que no existe un informe público de rendición de cuentas que permita conocer de manera integral el funcionamiento de este entramado. 

El resultado es lo que el estudio denomina una militarización empresarial de la economía venezolana. El control de las Fuerzas Armadas no se limita a determinadas compañías: su red abarca banca y seguros, petróleo y minería, agricultura, manufactura, transporte, logística y mercados de consumo. Es decir, se ha construido un sistema que permite al estamento militar participar simultáneamente en la generación, circulación y comercialización de riqueza.

La banca: crear un circuito económico propio

Uno de los primeros pilares del modelo venezolano es el financiero. El informe destaca a BANFANB, el banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del que señala que es 99% propiedad militar. Junto a él aparecen Seguros Horizonte y Financiadora de Primas Horizonte.

La importancia de este entramado no reside solamente en que los militares sean propietarios de empresas financieras. Para el Miranda Center, se trata de crear un circuito económico relativamente cerrado, comparable al que GAESA construyó en Cuba mediante entidades como BFI y FINCIMEX.

Petróleo, gas y minería

El segundo gran componente es el control de actividades extractivas. Aquí aparece CAMIMPEG, la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas.

Según el informe, CAMIMPEG participa en la rehabilitación de pozos de PDVSA y dispone además de participación en actividades vinculadas con la minería. El Miranda Center menciona específicamente licencias de explotación en el Arco Minero del Orinoco, una de las principales zonas de extracción de oro y coltán de Venezuela.

El informe señala que las Fuerzas Armadas han adquirido autoridad sobre industrias extractivas y que algunas de sus actividades se desarrollan en territorios relacionados con grupos armados ilegales. 

El mecanismo permite, por tanto, que el aparato militar tenga acceso directo a sectores capaces de generar importantes ingresos y activos en divisas.

Alianza entre militares y capital privado

En el caso de Venezuela, el sistema no funciona exclusivamente mediante empresas propiedad absoluta del Estado o de los militares. Existe también un mecanismo de empresas mixtas 51/49.

La fórmula es sencilla: 51% para el componente militar y 49% para un socio privado políticamente conectado. Los militares aportan acceso al Estado, licencias, capacidad institucional y conexiones con las estructuras públicas; el socio privado aporta capital y conocimientos empresariales. Según el informe, puede beneficiarse de acceso preferencial a divisas.

El estudio presenta como ejemplo un acuerdo de CAMIMPEG con Southern Procurement Services, firmado en 2017 y valorado en 400 millones de dólares, destinado a incrementar en 30.000 barriles diarios la producción del campo Urdaneta de PDVSA.

Otro ejemplo es una asociación de CAVIM, la empresa militar de armas y municiones, con Grupo Atahualpa, vinculada al Complejo Industrial Tiuna. El informe cifra esta operación en 427.000 dólares y señala que la empresa conjunta tuvo acceso a divisas preferenciales mediante el sistema estatal Dicom. 

Del petróleo al supermercado: los militares también entran en el consumo

El tercer nivel de la estructura venezolana es el mercado interno. El informe menciona el Complejo Industrial Tiuna, que fabrica productos que van desde textiles hasta electrodomésticos y sistemas de agua; AGROFANB, dedicada a la agricultura a gran escala; EMILTRA, vinculada al transporte de carga, y EMSOVEN, relacionada con el ensamblaje de vehículos.

El entramado llega incluso a los medios de comunicación: el estudio señala la existencia de una red de televisión digital que comercializa espacios publicitarios.

Esto demuestra que la estrategia no consiste simplemente en colocar militares al frente de las empresas petroleras o mineras. La intención es convertir al Ministerio de Defensa en una estructura empresarial diversificada, con presencia en sectores que afectan tanto a la producción nacional como al consumo cotidiano.

El informe del Miranda Center for Democracy adquiere especial relevancia en el momento que vive Venezuela. Los autores sostienen que la salida de Nicolás Maduro del poder abrió una oportunidad para desmontar la arquitectura mostrada en el estudio, pero advierte de que un cambio de Gobierno no implica necesariamente el desmantelamiento del sistema económico militar. 

El problema no sería únicamente Maduro o el Gobierno de turno, sino la estructura económica que ha permitido a los militares desarrollar intereses propios y adquirir autonomía financiera.

Por ello, el informe plantea que una transición venezolana no debería limitarse a sustituir a las autoridades políticas. Tendría que abordar también la propiedad, la gestión y la fiscalización de las empresas militares, así como las concesiones mineras, las operaciones petroleras, los bancos, las aseguradoras y las empresas mixtas.

El Miranda Center for Democracy

El fundador y presidente de Miranda Center for Democracy es David Smolansky, político venezolano y antiguo alcalde del municipio El Hatillo, en Caracas. Fue un opositor activo al régimen de Maduro, perdió su cargo, fue inhabilitado y terminó exiliándose. Posteriormente fue nombrado por la OEA enviado especial para la crisis migratoria y de refugiados venezolanos. 

Los otros dos responsables que aparecen en la dirección son también venezolanos con trayectoria en instituciones públicas y organismos internacionales. Manuel Avendaño, cofundador y tesorero, trabajó en la Asamblea Nacional venezolana y posteriormente en el Banco Interamericano de Desarrollo.

Ernesto Romero Surt, cofundador y secretario, es analista de inteligencia estratégica y riesgo geopolítico y ha trabajado en la administración pública venezolana y en la OEA.