El agua en Cuba no es un derecho humano

«Lo único que se dijo en la protesta fue que queríamos agua y corriente«, dice Clara, de unos 60 años y con la piel tostada por el sol, mirando a la cámara. En el video, grabado por un colaborador de DIARIO DE CUBA en la comunidad rural de Bermejal, en Baracoa, se le ve alterada. La Policía estuvo en el barrio preguntando por su hijo Oscarleydis, señalado como uno de los manifestantes pacíficos que reclamaron a las autoridades locales el restablecimiento de los servicios. Clara asegura que, si lo detienen, «van a tener que llevarse al barrio entero». 

«Tenemos ya más de un mes sin agua», interviene otra mujer, y una tercera explica: «yo estoy operada del corazón, tengo dos válvulas puestas»; mientras, una anciana encamada se queja de no tener agua «ni para lavar los blumers» después de una noche con diarreas. «Sin agua, sin corriente y encima de una loma, ¿a dónde vamos a llegar?», pregunta la vecina con problemas cardíacos. 

En 2025, el Observatorio Cubano de Conflictos registró 1.249 acciones de protesta y quejas —más de tres por día—, muchas de ellas motivadas por apagones y escasez de agua en varios puntos del país.

Oscarleydis invita al de la cámara a que muestre, «para que el mundo lo vea», que la poca que hay almacenada en una pequeña cisterna está contaminada: «tiene larvas de ranas, y aquí hay niños, hay viejos, hay mujeres embarazadas, hay postrados. Necesitamos que se nos dé una respuesta», dice.

La respuesta llegó siete meses más tarde. Clara dice que ahora tienen agua corriente los lunes y los viernes, y lo atribuye a las demandas de los vecinos. «El agua la ponen porque fuimos al gobierno», afirma.

Para Oscarleydis, ese tiempo parece haber pesado más y sus palabras llegan ahora con mayor pausa. Cuenta que solo a finales de julio el gobierno local comenzó a suministrarles seis horas de electricidad para bombear el agua dos veces por semana. Pero ni siquiera es potable.

«El agua no viene con cloro; no tiene ningún tratamiento. Y cuando el río crece, como el acueducto no tiene filtros, el agua llega turbia: con basura, ramas y desechos sólidos, piedras, palos y esas cosas».

Sin electricidad no se puede bombear, pero el problema del agua no se limita al colapso energético.

Guantánamo cuenta con uno de los mayores potenciales hidráulicos del país, gracias a su elevada pluviometría (lluvia abundante), su relieve montañoso y una densa red de ríos caudalosos. Sin embargo, este recurso, de alto valor estratégico para la generación hidroeléctrica y el abastecimiento local de agua, está mal aprovechado.

¿Por qué falta el agua?

La infraestructura hidráulica en Cuba atraviesa su peor momento en décadas, con un sistema de acueductos, tuberías y plantas de bombeo profundamente deteriorado, que no garantiza el acceso constante al agua potable para una parte significativa de la población. Más de 3,1 millones de cubanos —aproximadamente el 30% de la población— enfrentan cortes totales o parciales en el suministro de agua, debido a la combinación de sequías, apagones, fallos en los equipos de bombeo y redes obsoletas incapaces de mantener una presión y una distribución regulares del recurso esencial.

Por tanto, aunque los cortes eléctricos paralizan el suministro, las propias autoridades reconocen que la crisis del agua también es estructural. En febrero de 2025, Argelio Fernández Richelmer, director de Hidrología e Hidrogeología del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), informó en una conferencia de prensa que 2024 había cerrado con precipitaciones equivalentes al 97% de la media histórica (1.288,6 milímetros) y embalses al 63% de su capacidad, pero 33 municipios seguían afectados por la sequía.

El handicap, según el propio INRH, no es únicamente la disponibilidad del recurso, sino también la capacidad del sistema para transportarlo. Su presidente, Antonio Rodríguez Rodríguez, ha reconocido que más del 40% del agua bombeada se pierde por fugas en conductoras y redes de distribución deterioradas, resultado de décadas de insuficientes mantenimiento e inversión.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), el sector energético concentró el 45,1% de toda la inversión estatal realizada en el primer bimestre de 2026, frente al 27,8% registrado en igual período de 2025, un incremento de 17,3 puntos porcentuales en apenas un año.

Las cifras representan un giro respecto a la política de inversión de la última década. Entre 2014 y 2024, el suministro de electricidad, gas y agua quedó sistemáticamente por detrás de las dos categorías principalmente asociadas al turismo —hoteles y restaurantes, y servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler—, que recibieron entre dos y cinco veces más recursos cada año. La brecha alcanzó su punto máximo en 2020 y 2021, en plena crisis de COVID-19, cuando la inversión en esas actividades superó en más de cinco veces la destinada a la electricidad, el gas y el agua.

El economista Pedro Monreal, a partir de los datos oficiales de la ONEI, cuantificó ese desequilibrio para los años más recientes: entre 2020 y junio de 2024, calculó que la inversión principalmente asociada al turismo —la suma de hoteles y restaurantes y de servicios empresariales y actividad inmobiliaria— representó en promedio el 38,9% de toda la inversión del país, frente a apenas el 9,4% destinado a electricidad, gas y agua. 

El cambio de política en 2025, por tanto, responde más a una reasignación de prioridades provocada por el colapso del Sistema Eléctrico Nacional que a un aumento significativo del esfuerzo inversor. Como ha advertido Monreal, la tasa total de inversión de Cuba sigue siendo insuficiente para revertir el deterioro acumulado de la infraestructura y sostener el crecimiento económico. 

Pero esto no quiere decir que no hubiera capital para obras hidráulicas. Solo en las últimas dos décadas, Cuba se ha beneficiado de al menos 132 millones de dólares en financiamiento internacional. Desde 2003, el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe ha concedido 102,3 millones de dólares en créditos para proyectos hidráulicos en la Isla. A ello se suman los programas ejecutados por el INRH con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que han movilizado alrededor de 28 millones de euros (más de 30 millones de dólares) para rehabilitar redes, estaciones de bombeo y plantas de tratamiento en seis ciudades.

La crisis es generalizada y afecta también a la capital del país 

En La Habana, el suministro de agua presenta problemas desde hace tiempo. En la zona de Guanabacoa, el agua «viene tarde y poca». La situación se agrava porque «quitan la corriente cuando toca el agua y nosotros tenemos que poner motores», lo que dificulta almacenarla. «Mi cisterna está vacía», dijo a DIARIO DE CUBA Martha López, una vecina del lugar que prefiere no revelar su identidad real.

«Esto es de conocimiento de todos los dirigentes del municipio y no hacen nada. En estos momentos, hace seis envíos que no entra ni una gota de agua», denuncia. Los envíos, explica, son suministros planificados aproximadamente cada dos días para su localidad, lo que eleva a 12 los días en que el agua no llega a sus tuberías.

Con casi 70 años y una enfermedad reumática que la limita, Martha no debería estar cargando agua, «pero no hay de otra», lamenta. Al menos ella puede valerse, a diferencia de algunos de sus vecinos, «personas enfermas» que no tienen movilidad ni recursos.

«Hemos solicitado pipas y no las mandan porque no hay combustible… O sea, que no hay solución para nosotros», sentencia. El agua para beber es otro gran problema: a veces la escasez obliga a comprar «agua embotellada» que se vende en las tiendas a 0,60 dólares por litro, lo que equivale a un día y medio de trabajo para un cubano con salario promedio mensual equivalente a 12 dólares. Otras veces, las personas deben hervir el agua no apta para el consumo humano. 

«Cuando una población debe hervir agua, filtrarla artesanalmente o comprarla para beber, el derecho humano al agua no se encuentra satisfecho, aunque exista una red de distribución», dijo a DIARIO DE CUBA Maylin Rodríguez Suris, abogada experta en políticas públicas. Esta premisa —en un contexto de apagones frecuentes— «agrava la vulneración del derecho, especialmente para personas vulnerables», acota.

Según los criterios internacionales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, que exigen disponibilidad continua y calidad sanitaria garantizada, la cobertura efectiva se reduce a apenas un 61%, dejando a millones de personas consumiendo agua que no cumple con estándares de seguridad para la salud. 

La insuficiencia de la infraestructura obliga a una parte importante de la población a depender de formas alternativas de suministro, como el servicio de camiones cisterna que en 2024 alcanzó a más de 600.000 personas, según la Agencia  Cubana de Noticias, y la prestación del servicio por terceros. Ese año, el 80% de los beneficiarios de ambos sistemas solo tuvo acceso al agua cada 15 días o más.

Martha asegura que la situación se repite en todos los municipios de La Habana. «Todo depende de la corriente más que de la falta de agua porque sequía no hay. Hay muchos salideros que no se arreglan y se bota mucha agua«. 

Directivos del sector hidráulico reconocen la existencia de 2.500 a 3.000 salideros por los cuales, según estimaciones, se pierden 4 de cada 10 litros  de agua bombeada en Cuba.

La situación es crítica en Santiago de Cuba

Como respuesta inmediata, las empresas de acueducto y alcantarillado en Cuba han comenzado a publicar de manera regular, a través de sus perfiles oficiales, la planificación del suministro de agua, indicando la disponibilidad, las interrupciones y las zonas afectadas por averías o mantenimiento. 

En ciudades como Santiago de Cuba, hasta el 50% de las áreas enumeradas pueden experimentar afectaciones totales o parciales, lo que refleja la cobertura limitada y la necesidad de dosificar el servicio. La medida consiste en informar a la población sobre los cortes programados y las alternativas temporales de abastecimiento, pero no siempre se cumple el cronograma.

En el distrito José Martí —un complejo de edificios multifamiliares superpoblado que hoy alberga a unas 130.000 personas, casi el doble de lo originalmente planificado— «el abasto de agua no se realiza en el ciclo establecido; allí las personas permanecen hasta un mes sin agua«. El reparto Abel Santamaría corre igual suerte, «y en Martí y Chicharrones nunca llega el agua«, dijo a DIARIO DE CUBA el periodista independiente José Antonio López, residente en Santiago de Cuba.

Esto obliga a las personas a trasladarse cinco o seis kilómetros para conseguir agua, especialmente a los repartidores o carretilleros que la transportan en carretas movidas por tracción humana o animal. En el centro de la ciudad tampoco se cumple con el ciclo del agua, lo que afecta a muchos negocios particulares y servicios públicos, agregó. 

En las afueras de la capital provincial, especialmente en los poblados El Cristo, Boniato y Quintero, hay problemas por la rotura de los motores de bombeo y la falta de cloro. «La calidad del agua es mala, llega muy turbia», afirmó López y mencionó «grandes salideros de agua por toda la ciudad«. 

En la empresa suministradora Aguas Santiago, de Quintero, que abastece a la sede central de la Universidad de Oriente —una de las instituciones públicas más golpeadas por la crisis del agua desde hace décadas—, «permanecen las llaves abiertas vertiendo agua sin que los carros cisterna estén cargando, debido a las roturas de las tuberías», señaló el periodista independiente.

El derecho al agua no está garantizado en Cuba

Entre 2011 y 2022, el Gobierno de Cuba ha desarrollado proyectos de agua y saneamiento con un costo total de 28,02 millones de euros, en el marco del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) de España. De ese total, 11,74 millones fueron aportados directamente por el FCAS, mientras que 16,28 millones correspondieron a recursos locales de Cuba, como dinero del presupuesto, infraestructura, mano de obra o materiales, que cofinanciaron los mismos proyectos. A estos montos se suman 900.000 euros en donaciones bilaterales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

Los programas financiados han priorizado la mejora y ampliación de los servicios de agua potable en ciudades intermedias y localidades pequeñas, el saneamiento de la Bahía de La Habana y el fortalecimiento institucional del sector hídrico. Entre los principales socios nacionales figura el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), responsable de la gestión del agua en el país. 

Según la ficha técnica del FCAS, en términos de resultados, para 2022 estas intervenciones beneficiaron a 198.032 personas: 56.993 obtuvieron acceso a agua segura, 141.039 a servicios de saneamiento y 36.900 se beneficiaron del tratamiento de aguas residuales. Además, 679 personas fueron capacitadas en la gestión y operación de sistemas de agua. En comunidades como Tacajó (municipio de Báguanos), la inversión permitió reducir en un 50% las enfermedades diarreicas, según informes municipales de salud. Sin embargo, los esfuerzos no han sido suficientes.

La principal referencia internacional para medir el acceso real a estos servicios básicos y su calidad es el Programa Conjunto de Monitoreo del Abastecimiento de Agua, el Saneamiento y la Higiene (JMP, por sus siglas en inglés: Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene). Este programa indica que, para alcanzar un IDH elevado, cuatro de cada cinco personas (el 80%) deben contar con cobertura del sistema.

Cálculos preliminares de DIARIO DE CUBA arrojan que Cuba tiene 2,4 veces más personas sin acceso al agua de lo que sería compatible con un alto Índice de Desarrollo Humano. 

La ONU registra que el 88% de los cubanos puede lavarse las manos con jabón, y la ONEI asegura que el 97,6% de la población de la Isla tiene acceso al agua potable, cifras que esconden una crisis crónica en el abasto y la purificación de los recursos hídricos.

Las empresas de acueducto y alcantarillado que conforman Agua y Saneamiento proporcionan agua potable a 2.555 asentamientos de población, donde la reciben más de 8.473.000 habitantes, cifra que excede el total de población, estimado por la propia compañía en 7,4 millones. 

El 80% del agua que se suministra es de origen subterráneo, pero 12 cabeceras provinciales del país se abastecen de agua superficial.  

Para el tratamiento de estas aguas hay 84 plantas de purificación en el país, pero solo 13 están en buenas condiciones técnicas, 40 en condiciones regulares y 30 en malas condiciones. Existen planes para habilitar otros mecanismos de tratamiento de agua que se encuentran en construcción o en fase de puesta en marcha. 

«Desde el enfoque de derechos humanos, la responsabilidad de garantizar agua segura recae en el Estado, no en los hogares», sostiene la abogada Maylin Fernández Suris. Para la experta en políticas públicas, la Observación General Nº 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU «es clara: el acceso al agua debe ser seguro en el punto de uso, sin exigir tratamientos caseros permanentes».

Sin embargo, en muchos casos son las personas quienes deben gestionar las vías de suministro ante la escasez crónica de agua corriente y como paliativo de la deficiente distribución en camiones cisterna, que dependen de la disponibilidad de combustible, igualmente escasa e inestable. 

Para Martha, que debe hacer varios viajes cargando garrafones llenos de agua y, a veces, ir a ducharse a la casa de familiares, la situación es insostenible: «Esto es una odisea», dice, esgrimiendo la denuncia en respuesta a la desidia.