EEUU sanciona a Díaz-Canel, Lis Cuesta y su hijo, más una segunda minera extranjera en Cuba

Estados Unidos impuso el jueves 4 de junio sanciones a Miguel Díaz-Canel, su esposa, Lis Cuesta, y al único hijo de esta última, así como a Alejandro Castro, hijo de Raúl Castro, y a varias entidades del aparato militar y de propaganda del régimen de Cuba.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro informó lo anterior al dar a conocer una actualización de su Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas por Washington, cuyas cuentas bancarias o propiedades en ese país se verían afectadas.

La lista incluye a Miguel Díaz-Canel, gobernante cubano, y su primera dama, Lis Cuesta, así como a Manuel Anido Cuesta, el único hijo de la segunda. Este último, quien habría fungido como asesor de su padrastro, reside la mayor parte del tiempo en Madrid, y sostuvo una relación sentimental con la actriz cubana Ana de Armas.

A las personas sancionadas se suman Alejandro Castro Espín, único hijo varón de Raúl Castro y general de brigada del Ministerio del Interior cubano, así como exjefe del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, organismo que controla todas las direcciones de inteligencia y contrainteligencia de la Isla. Castro Espín fue uno de los negociadores del «deshielo» de la era Obama.

También aparece Raúl Alejandro Castro Calis, nacido en 1995, hijo de Alejandro Castro.

Cierran la lista los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), estructura nacional de vigilancia y delación creada por Fidel Castro, y que hoy dirige el exespía cubano Gerardo Hernández, y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), una de las principales instituciones de influencia internacional de La Habana, que dirige otro exespía, Fernando González.

También aparecen el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), la agencia de viajes Amistur, que es una dependencia del ICAP y organiza los viajes a Cuba de delegaciones de activistas y agentes de influencia, así como una empresa mixta: la Minera La Victoria S.A., creada en 2020 con una estructura accionarial del 50% por la compañía australiana Antilles Gold Limited y la cubana Gold Caribbean Mining S.A., asociada a la estatal GeoMinera S.A.

Esta última supone la segunda empresa minera que Washington golpea con sanciones, luego de señalar en mayo a Moa Nickel, firma conjunta de la canadiense Sherritt International y La Habana, que provocó la salida de la Isla de la primera, con más de 30 años de operaciones en el país.

De acuerdo con la OFAC, quienes presten servicios a estos actores corren el riesgo de ser sancionados. «Los bancos extranjeros y otras empresas que presten servicios a estas entidades deberían suspender dichas actividades», señala.