Dos funcionarios del MinIgualdad en liquidación que no querían renunciar fueron declarados insubsistentes

Con el inicio de la liquidación del Ministerio de la Igualdad, el cual fue creado en la administración de Gustavo Petro, ya comenzaron las primeras medidas para concretar la finalización de esta cartera. Su liquidador principal, John Milton Rodríguez, nombrado por Abelardo de la Espriella, ya anunció la supresión inmediata de toda la estructura de viceministerios de la entidad.

Así lo anunció en una intervención desde la sede presidencial, quien cuestionó la permanencia de una estructura burocrática tan robusta en una entidad que estaba destinada a desaparecer.

En consecuencia de esos cuestionamientos, se ordenó la salida de los cuatro viceministros del Ministerio, divididos entre declaraciones de insubsistencia y terminaciones de encargos. Entre las decisiones más destacadas del proceso, el liquidador declaró insubsistentes a la viceministra de las Mujeres, Tamara Ospina, y al viceministro de Juventudes, Pablo Zabala, quienes provenían del gobierno de Gustavo Petro y no habían presentado su renuncia al cargo.

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Asimismo, se oficializó la terminación de los encargos de Aura Tegria, quien se desempeñaba como viceministra de los Pueblos Étnicos y Campesinos, y de Santiago Salinas, viceministro de Poblaciones y Territorios Excluidos. “Terminarán los encargos que permanezcan vigentes y que no sean estrictamente necesarios para el proceso liquidatorio. No tiene ningún sentido mantener personas encargadas temporalmente de funciones propias de una estructura administrativa que se estaba desmontando”, expresó Rodríguez.

En su intervención, el liquidador reportó que la entidad presentaba un atraso superior a tres meses en la elaboración de sus estados financieros de cierre y mantenía múltiples compromisos presupuestales sin soporte legal suficiente.

Sin embargo, en mayo de 2024 la Corte Constitucional declaró inexequible la ley que creó el ministerio, encontrando vicios en el trámite legislativo, entre los cuales se destacaba la ausencia de un análisis adecuado sobre su impacto fiscal.