Dictadura viola su propia constitución al nacionalizar a ex-embajador venezolano

La dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó la nacionalidad nicaragüenses al antiguo embajador de Venezuela en Managua, el chavista Francisco Javier Arrúe de Pablo, a su esposa, Hortensia Ramírez, y a dos de sus hijos, casi cuatro meses después de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro a principios de año.

El acuerdo fue certificado por el Ministerio del Interior (MININT) el 21 de abril y publicado el jueves, 23 de abril en La Gaceta, diario oficial del Estado de Nicaragua. Se trata de otra nacionalización de allegados políticos al estilo de los ex-presidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, ambos con cuentas pendientes con la justicia en su país de origen.

Las autoridades sandinistas aseguraron que Arrúe llevaba 13 años residiendo en Nicaragua y tenía un lazo de “consanguinidad con (un ciudadano) nicaragüense“. Asimismo, señaló que la familia había hecho la solicitud y que esta les fue aprobada ya que cumplían con los requisitos de ley.

Arrúe fue separado de su cargo el 13 de marzo en medio de la reestructuración de todas las esferas del régimen chavista a manos de la presidente encargada, Delcy Rodríguez, sucesora de Maduro y que ha adoptado una postura servil a Washington. En su lugar, el diplomático Rubén Darío Molina asumió la jefatura de la misión de la dictadura chavista en Managua el 13 de abril.

Arrúe es de origen vasco, nacido el 19 de septiembre de 1944, por lo que su nacionalidad original es la española. Llegó a Venezuela como misionero jesuita en 1964 y fue nacionalizado venezolano. Fue diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el partido de la dictadura chavista.

Sin embargo, no hay registro público de que Arrúe haya renunciado a la nacionalidad venezolana a pesar de que el régimen reescribió la constitución nicaragüense para exigirlo en la mayoría de los casos. El artículo 23 de la constitución sandinista, ratificada en 2025, lo deja claro: «las y los extranjeros pueden ser nacionalizados, previa renuncia a su nacionalidad».

No existe un acuerdo específico entre Venezuela y Nicaragua que permita o regule la doble nacionalidad entre estos dos países de manera formal, la otra disposición de la constitución sandinista que permitiría una doble nacionalidad, de modo que la nacionalización de Arrúe supondría un acto inconstuticional.

Ambos países tienen disposiciones constitucionales que, en general, establecen restricciones sobre la doble nacionalidad para sus funcionarios públicos y la reforma a la constitución del régimen sandinista prácticamente la prohibió para los ciudadanos nicaragüenses, aunque paradójicamente centroamericanos sí pueden obtener la nacionalidad nicaragüense sin renunciar a la propia.

Arrúe ya había renunciado a su nacionalidad española tras aprobarse la Ley Orgánica de la Administración Pública de 2014, además de otras prohibiciones que datan de 1999.

Hasta la fecha, la dictadura en Nicaragua ha revocado la nacionalidad de unos 452 ciudadanos nicaragüenses por motivos políticos. Muchos más han visto su nacionalidad revocada de facto al negárseles servicios y derechos que les corresponden por ley. Al mismo tiempo, en el caso de Arrúe, la dictadura acomoda sus propias reformas para cumplir favores políticos.