Dictadura transfiere más propiedades confiscadas al INSS

Por medio de tres acuerdos presidenciales transfirió la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosaroi Murillo un total de 31 propiedades del Estado ubicadas en Managua, Rivas y la Región Autónoma del Caribe Norte (RACS) al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) este lunes, 20 de octubre.

Se trata de los acuerdos 171-, 172- y 173-2025, publicados en La Gaceta, diario oficial del Estado nicaragüense. El primero de estos otorga una propiedad en Managua bajo registro NAP BI-2KUKLEJJ; el segundo una en la RACS bajo registro NAP BI2L2HYKLH y el tercero unas 29 propiedades en el departamento de Rivas.

A través de estos acuerdos, la dictadura transfiere estos bienes —varias presuntamente confiscados a opositores desterrados— con el fin de “fortalecer la Seguridad Social de todos los nicaragüenses”, una política que ha implementado en anteriores ocasiones en un intento de mantener la entidad a flote.

Wendy Morales, procuradora general sandinista, representó al Estado y subscribió las escrituras públicas ante la Notaría estatal, junto con el presidente ejecutivo del Instituto, el también sandinista Roberto López. Las firmas de Ortega y Murillo figuran con fecha del 17 de octubre.

Desde la expulsión de 222 presos políticos en febrero de 2023, dictadura sandinista ha revocado los derechos de propiedad de por lo menos 452 personas cuya nacionalidad fue revocada por orden designio de Ortega y Murillo. Esto implicó que todos los bienes y activos de los afectados fueron confiscados por el Estado en un proceso que no fue públicamente declarado por las autoridades.

Varias de estas propiedades han sido utilizadas por la dictadura en distintas calidades, sobre todo para establecer instituciones públicas de enseñanza, atención médica y otros servicios públicos (por norma deficientes), como ya había hecho con propiedades confiscadas a medios de comunicación.

Otras han sido entregadas al INSS, una institución que bajo casi veinte años de gobierno sandinista ha caído en declive y crisis tras haber sido entregada en superávit por la administración del presidente Enrique Bolaños al gobierno sandinista.