Dictadura reconoce aplicar exilio como castigo a nicaragüenses

La ministra sandinista del Interior, María Amelia Coronel Kinloch, admitió que la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo en efecto aplica el exilio como castigo en contra de ciudadanos nicaragüenses que, a su juicio, supongan una amenaza para el régimen.

Así lo reconoció en entrevista con la televisora oficialista TN8 el domingo, 23 de noviembre, hablando sobre el supuesto trabajo de defensa de las fronteras nicaragüenses realizado por dicha institución.

“Nosotros lo hacemos“, dice Coronel en relación a las negativas de entrada contra ciudadanos nicaragüenses, “más que todo, porque tenemos la facultad legal de hacerlo y, sobre todo, para proteger la soberanía nacional y nuestra seguridad ciudadana que es lo más importante para el Ministerio del Interior y para toda Nicaragua”, alegó la ministra.

Coronel insistió en que esta política continuará en contra de cualquier persona que suponga un “riesgo” para la “paz”, tanto nacional como extranjera. Desde el estallido social de 2018, esta política ha afectado a unos 318 nicaragüenses, según el conteo independiente del Grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés).

“Nosotros y todos los países somos soberanos. Nicaragua se reserva el derecho de admisión del país en diversos casos relacionados, sobre todo con la seguridad nacional, el orden público y la prevención del delito“, agregó Coronel.

Sin embargo, la negativa de admitir a un ciudadano en su territorio constituye un crimen de lesa humanidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que recoge el derecho de toda persona “a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país“.

De modo que Coronel estaría admitiendo a habilitar la violación de derechos humanos en contra de los nicaragüenses. “Esto no es fácil hacerlo y será controversial o no, lo que quieran decir, pero lo estamos haciendo bien”, concluyó la operadora sandinista.

Las negativas de entrar al país son decididas por el viceministro del Interior en consulta con la codictadora Rosario Murillo, según indican las investigaciones del GHREN.

Esta política empezó a ser aplicada con mayor insistencia posterior al destierro de 222 presos políticos en febrero de 2023, y reportes aseguran que para regresar al país el ciudadano afectado debe comprometerse a no antagonizar a la dictadura y, en algunos casos, pagar una indemnización monetaria considerable.