Dictadura propone ley para saquear áreas protegidas en Nicaragua

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha presentado ante la Asamblea Nacional una nueva iniciativa denominada Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible. 

Esta propuesta plantea una profunda transformación en la gestión de las Áreas Protegidas de Nicaragua, priorizando intereses económicos sobre la conservación ambiental.

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La iniciativa, presentada el 23 de abril de 2025, pretende sustituir el actual marco legal que regula las áreas protegidas, incluyendo la derogación del reglamento vigente. 

La Fundación del Río emitió un comunicado expresando su preocupación por el grave retroceso en materia ambiental. Advierten que, de aprobarse, esta norma abriría la puerta a más reglamentaciones que profundicen la explotación de recursos naturales en áreas hasta ahora protegidas.

¿Qué va a permitir la ley?

La ley permitiría modificar los límites de las áreas protegidas, reduciendo su extensión y autorizar actividades económicas dentro de estas zonas. Es decir, el régimen determina qué áreas están protegidas y cuáles no.

La normativa a legalizar la extracción minera, de hidrocarburos, geotérmica y geológica en territorios protegidos. También va a permitir la cacería de fauna y pesca, antes reservadas exclusivamente a comunidades indígenas y afrodescendientes.

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Construir infraestructura para almacenamiento de hidrocarburos e instalaciones hidráulicas dentro de áreas protegidas, eliminar la figura del co-manejo, que promovía una gestión participativa con las comunidades locales.

La nueva ley permitirá desconocer el papel de guardabosques indígenas y afrodescendientes. Pero, además, le otorga al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), un rol de juez y parte en casos de delitos ambientales.

Explotación de recursos protegidos

“Lo que está detrás de esta modificación es redefinir los límites y la superficie de las Áreas Protegidas para favorecer concesiones económicas y avalar diversas actividades extractivas”, denunció el ambientalista Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río.

Ruiz advierte que detrás de esta ley se esconde la intención de redefinir límites y superficies de las áreas protegidas para facilitar concesiones económicas. 

El argumento oficial sostiene que las actuales normas, influenciadas por organismos internacionales, “no permiten una relación armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza”, por lo que se justifica un cambio con una nueva “ruta de crecimiento económico”.

Nicaragua cuenta con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas que incluye 76 zonas, que representan el 17.31 por ciento del territorio nacional. Estas áreas protegidas son reservas naturales, parques nacionales, refugios de vida silvestre,, reservas de biosfera, entre otros. La Reserva Bosawás es la más grande de Nicaragua y una de las selvas tropicales más extensas de América.