Dictadura devuelve propiedad minera confiscada a estadounidenses
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- mayo 28, 2026
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La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la dictadura sandinista anunció la devolución de una propiedad previamente confiscada a la empresa minera estadounidense BHMB Mining Nicaragua, S.A., meses después de que la compañía iniciara una demanda internacional por más de 80 millones de dólares y tras sanciones impuestas por Estados Unidos a empresas vinculadas con la toma del plantel.
La PGJ informó el miércoles, 27 de mayo, que alcanzó un acuerdo con BHMB para la “normalización y reactivación operativa” de la planta BHMB Palacagüina, ubicada en el norte del país. Según el comunicado oficial, el entendimiento fue producto de un “proceso de diálogo y coordinación desarrollado en un ambiente de cooperación y respeto mutuo”.
La nota oficial sostiene que el acuerdo permitirá reactivar las operaciones “de manera ordenada y segura”, aunque aclara que los términos y condiciones específicos permanecerán bajo confidencialidad.
El plantel de la empresa de capital británico-estadounidense operaba de forma legal en el país desde 2021, pero el Ministerio de Energía y Minas (MEM) les notificaron el 12 de agosto de 2025 que debían cesar operaciones de inmediato, sin mayores explicaciones. Posteriormente, las solicitudes formales de aclaración nunca recibieron respuesta oficial.
El plantel fue tomado por la fuerza por agentes del régimen sandinista operando por fuera de la ley, así como por operadores chinos, como denunciaron ex-empleados a medios como Nicaragua Actual. En respuesta, para marzo de este año los inversionistas de BHMB habían iniciado una demanda internacional contra el Estado de Nicaragua.
La denuncia había sido interpuesta en base a mecanismos de protección contemplados en el Tratado de Libre Comercio que Nicaragua firmó con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA) tanto como en el tratado bilateral de inversiones entre Reino Unido y Nicaragua.
Sanciones atemorizantes
El abogado de la empresa, Baruch Rapaport, afirmó entonces que el caso constituía una “expropiación directa e ilegal, sin compensación”, además de violaciones al derecho internacional de inversiones. La controversia ganó mayor relevancia en abril, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a siete empresas mineras vinculadas al régimen.
Entre ellas figuraban Zhong Fu Development, S.A. y Santa Rita Mining Company, S.A., señaladas por Washington de haberse beneficiado de la toma forzosa de la planta en cuestión. Asimismo, las sanciones golpearon a dos de los hijos de la pareja dictatorial.
El interés de Estados Unidos quedó todavía más claro cuando Richard Grenell, diplomático cercano al presidente estadounidense, Donald Trump, y exemisario para Venezuela, calificó públicamente como “indignante” la confiscación de la planta minera en sus perfiles oficiales.
La devolución de una propiedad confiscada, incluso bajo acuerdos y condicionalidad, no tiene precedentes en la actual fase de radicalización del régimen Ortega-Murillo. Todo parece indicar que la nueva modalidad de presión de la administración Trump, que no ha dudado en usar la fuerza contra regímenes como el sandinista, ha logrado resultados, así sea parciales, en Nicaragua.
