Dictadura acumula condenas y señalamientos por muerte de Brooklyn Rivera

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Naciones Unidas condenó de manera enérgica la muerte y expresó profunda preocupación por los informes que indican que las autoridades tomaron control de sus restos, limitaron la participación de la familia en su velorio y entierro, y detuvieron a varios familiares y aliados.

“Nicaragua debe llevar a cabo una investigación independiente sobre la muerte en custodia de Brooklyn Rivera, garantizar una autopsia transparente, devolver sus restos mortales a su familia sin retraso, y garantizar la rendición de cuentas por su desaparición forzada y otras violaciones de derechos humanos relacionadas”, dijo Jan-Michael Simon, presidente del GHREN.

“Estas obligaciones lo son en virtud del derecho internacional de derechos humanos y no pueden eludirse“, añadió.

Simon añadió que “el hecho de no llevar a cabo una investigación independiente y de no devolver los restos refuerza la fuerte presunción de responsabilidad estatal por la muerte de Brooklyn Rivera e invierte la carga de la prueba contra Nicaragua”.

“Brooklyn Rivera no falleció por enfermedad. Falleció como resultado de su desaparición forzada de más de dos años, sin contacto con su familia, sin servicios médicos independientes y sin ninguna rendición de cuentas. El Estado tenía la obligación de proteger su vida e integridad. No lo hizo”, denunció Reed Brody, experto miembro del GHREN.

Régimen “es legalmente responsable”

La experta Ariela Peralta por su parte afirmó que “la desaparición forzada de Rivera bajo custodia del Estado configura un crimen internacional del cual el Estado de Nicaragua es legalmente responsable”.

Advirtió además que “cuando una persona desaparecida fallece, las acciones que llevaron a este desenlace pueden constituir múltiples crímenes contra la humanidad, como el asesinato, la tortura y la persecución, además de la propia desaparición forzada”.

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, se mostró profundamente preocupado y exigió “una investigación inmediata, independiente y transparente”. En su mensaje recordó que Rivera estaba protegido por medidas cautelares de la CIDH y medidas provisionales de la CorteIDH.

También envió sus condolencias a la familia y al pueblo miskito, y reiteró el llamado a “la liberación incondicional de todos los presos políticos injustamente detenidos por el régimen nicaragüense”, que al momento de publicarse esta nota son por lo menos 46, tras la muerte de Rivera.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó igualmente la muerte y señaló que “este grave hecho se suma al patrón de violencia ejercida contra la población indígena en la Costa Caribe del país, orientado a imponer el terror y la represión como mecanismos de control para debilitar el tejido social y comunitario, y despojar a los pueblos indígenas de sus tierras, territorios y recursos naturales”.

El Secretario de Estado adjunto de los Estados Unidos, Christopher Landau, fue directo y declaró que “la dictadura de Ortega-Murillo en Nicaragua es responsable de la muerte de Brooklyn Rivera“, a la vez que expresó solidaridad “con aquellos que, como Brooklyn, están comprometidos con una Nicaragua libre”.

Previo a su muerte, hubo varios pronunciamientos sobre su caso y en condena de la dictadura, incluyendo al Departamento de Estado de Estados Unidos a través de su Buró para Asuntos del Hemisferio Occidental; organizaciones indígenas de América; el presidente colombiano Gustavo Petro e incluso organizaciones de la izquierda internacional como la Internacional Socialista.