Defensoría expresa preocupación por detención de topógrafos colombianos en Perú y pide garantías judiciales

Carlos Fernando Sánchez Ortegón y John Willington Amia López, ambos topógrafos, fueron aprehendidos mientras realizaban labores técnicas en la zona fronteriza.

Según las autoridades peruanas, los detenidos habrían estado desarrollando actividades consideradas como una violación a la soberanía del Perú, hecho que ha sido calificado como delicado por parte de la comunidad diplomática.

La Defensoría, encabezada por Iris Marín Ortiz, aclaró que los colombianos se encontraban en la región ejerciendo funciones profesionales y no en acciones que comprometieran la soberanía de ningún país.

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Sin embargo, fueron abordados por las autoridades peruanas y puestos a disposición de la Fiscalía Provincial Penal del Perú, donde se adelantan las investigaciones correspondientes.

“Expresamos nuestra preocupación por la situación que enfrentan los dos ciudadanos colombianos (…) detenidos bajo señalamientos relacionados con la presunta violación de la soberanía extranjera”, reza el documento divulgado por la entidad.

Ante estos hechos, la Defensoría hizo un llamado urgente a la Cancillería colombiana y a las instancias consulares para que se brinde acompañamiento y asistencia a los detenidos, con el objetivo de garantizar el respeto a sus derechos humanos, el acceso a una defensa justa y condiciones dignas durante su permanencia fuera del país. La institución insistió en la importancia de su pronto retorno a Colombia.

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Asimismo, la entidad exhortó a las autoridades nacionales y figuras públicas a manejar el tema con la mayor prudencia posible.

“Estas situaciones deben canalizarse a través de los mecanismos diplomáticos y de los tratados internacionales vigentes”, indicó el comunicado, aludiendo al riesgo de escalar un conflicto diplomático que podría afectar directamente a las comunidades en las zonas de frontera.

La controversia se da en el contexto de una reciente reclamación por parte del Gobierno colombiano, que señaló a la isla de Santa Rosa como parte del territorio nacional, pese a que históricamente ha sido reconocida como parte del Perú.

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La Defensoría del Pueblo reiteró su disposición de colaborar con las instituciones pertinentes para esclarecer los hechos y salvaguardar los derechos de los colombianos en el exterior. También solicitó a las autoridades peruanas que el caso sea tramitado con el debido proceso y en cumplimiento de los estándares internacionales de protección de derechos humanos.

“Reafirmamos nuestro compromiso de acompañar a los connacionales en el exterior frente a las situaciones que comprometen su libertad y seguridad”, concluyó la entidad.