De la Espriella anuncia plan para inyectar $10 billones al sistema de salud; así funcionará

Uno de los mayores retos que hereda Abelardo de La Espriella del Gobierno de Gustavo Petro es la crisis del sistema de salud: falta de medicamentos, aumento de quejas y un hueco fiscal cada vez más hondo pide pista y atención del Estado. Para ese reto, el presidente electo designó a Ana María Vesga en el Ministerio de Salud, pero, ¿cuál es el plan?

Durante el Congreso Nacional de Hospitales y Clínicas, Iván Sánchez, portavoz del equipo de salud del presidente electo Abelardo de la Espriella, presentó un plan de rescate para el sistema de salud que prevé destinar hasta 10 billones de pesos en los primeros 90 días de gobierno.

La estrategia, dijo, busca enfrentar la emergencia humanitaria, sanear las finanzas del sector y restablecer la confianza entre los diferentes actores del sistema.

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“La primera decisión del Gobierno de Abelardo De la Espriella será poner en marcha su plan de salvamento de 90 días con la determinación de movilizar hasta los 10 billones de pesos a los que se hizo referencia en campaña y hoy son una realidad dentro del marco fiscal y presupuestal correspondiente. No será un cheque en blanco, será una inyección condicionada, priorizada, auditada y trazable”, aseguró durante el acto público.

Los recursos serían distribuidos entre el pago de obligaciones con hospitales y clínicas, el suministro de medicamentos, la atención de pacientes con enfermedades de alto costo y el fortalecimiento institucional.

De acuerdo con lo expuesto por Sánchez, $4 billones se destinarían a cubrir salarios pendientes y deudas consideradas críticas con prestadores públicos y privados. Otros $3 billones buscarían normalizar la entrega de medicamentos y recuperar tratamientos que hayan sido suspendidos.

A esto se sumarían $2 billones para descongestionar la atención de personas con enfermedades crónicas y catastróficas y 1 $billón destinado a entidades como el Invima.

El funcionario aseguró que los desembolsos estarán condicionados a criterios técnicos y al nivel de riesgo de los pacientes. “No pagaremos por presión mediática ni por cercanía política”, afirmó al anunciar un esquema de giros directos, cronogramas públicos, seguimiento permanente y auditoría concurrente.

Uno de los principales focos de preocupación son los pacientes con enfermedades graves o raras. Informes preliminares recibidos durante el empalme señalan que habría más de 900.000 registros relacionados con pacientes oncológicos con servicios pendientes, suspendidos o incompletos.

Así mismo, se identificaron cerca de 1,6 millones de personas con enfermedades crónicas que tendrían dificultades para acceder a tratamientos o medicamentos, además de unos 3.000 pacientes trasplantados en riesgo por interrupciones en el suministro de inmunosupresores.

Sánchez aclaró que estas cifras deben ser verificadas, pero advirtió que las alertas no pueden pasar inadvertidas. “Para el nuevo Gobierno una alerta clínica será una persona que debe ser ubicada”, sostuvo.

En materia financiera, citó datos de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) según los cuales la cartera con 232 instituciones alcanza aproximadamente $25,7 billones con una mora del 58 %. Las EPS intervenidas o bajo vigilancia especial concentran $12,6 billones de esa deuda.

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Para enfrentar esta situación, el próximo 7 de agosto se instalará una mesa nacional con participación de autoridades, EPS, IPS, proveedores, pacientes, trabajadores y sociedades científicas. Allí se buscará clasificar las obligaciones acumuladas entre 2022 y 2026 y establecer rutas de pago.

“No todo pasivo contable es una deuda exigible, pero toda deuda cierta debe tener una ruta de pago”, señaló Sánchez.

La estrategia también contempla revisar la UPC de 2027 y estudiar un eventual ajuste extraordinario de la UPC de 2026, sujeto a respaldo técnico y disponibilidad fiscal.

Poner el sistema de salud en orden requerirá un trabajo desde el día cero. Para ello, el MinSalud de De la Espriella tendrá cuatro ejes, de acuerdo a lo mencionado en el encuentro de la semana pasada.

El primero será solucionar la crisis humanitaria por medio de la carterización de la población y de validar sus necesidades, según las enfermedades que tengan prevalencia.

Entre tanto, el segundo abordará el tema financiero. Esto, en palabras sencillas, será meterle una inyección de gasolina al sistema, al tiempo que se buscarán nuevas fuentes de financiación y presupuestales.

Además, el tercer punto girará en torno a la conciliación de las cuentas (de deudas para saber cuánto se les debe y a quiénes), y acatar lo que dice la Corte Constitucional sobre la UPC para que se calcule con un soporte técnico.

Finalmente, el punto cuatro se refiere a la transparencia de los datos y de la información de la Nueva EPS, cuya situación financiera está a ciegas por el desconocimiento de sus estados financieros desde 2023 (un fallo judicial reciente le ordenó darlos a conocer). Al respecto, también se incluirían nuevas variables en la recolección de datos para la definición de la UPC.