De Educación a la paz: el segundo intento de Viviane Morales en el Gobierno

Viviane Morales tendrá una segunda oportunidad en el Gobierno de Abelardo de la Espriella, esta vez con la tarea de revisar el desmonte de la Paz Total de Gustavo Petro. Su llegada a la Consejería Comisionada de Paz se produce menos de dos meses después de su fugaz paso por el Ministerio de Educación, del que salió el pasado 31 de agosto.

La Casa de Nariño anunció este viernes su designación como consejera Comisionada de Paz, un cargo desde el cual liderará una evaluación de la implementación de lo pactado con las Farc y otros grupos criminales, y de las políticas relacionadas con ese proceso.

Además, Morales estará encargada de la dirección de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. El anuncio está acompañado de un cambio de enfoque en el discurso oficial sobre el proceso de paz.

La Casa de Nariño aseguró que la funcionaria tendrá la tarea de revisar los resultados de lo que el Gobierno denomina la “falsa paz”, así como desmontar estructuras burocráticas que considere innecesarias y evitar que el discurso de paz sea utilizado, según su planteamiento, para favorecer la impunidad o mantener privilegios políticos.

La administración de De La Espriella sostuvo que la revisión se adelantará en el marco de la Constitución y la ley, e incluirá el análisis de las políticas vigentes y la promoción de las reformas que el Gobierno considere necesarias. El comunicado, sin embargo, no detalló cuáles serán las primeras medidas, qué aspectos específicos del acuerdo serán examinados ni en qué plazos se presentarán los resultados.

“La paz no puede limitarse a discursos ni a concesiones que favorezcan a los criminales mientras las víctimas siguen esperando justicia y los colombianos exigen seguridad”, señaló la Presidencia en su pronunciamiento.

El Ejecutivo insistió en que su política de paz estará orientada al cumplimiento de la ley, la seguridad y la reparación efectiva de las víctimas. Con la designación de Morales, el Gobierno prometió una revisión institucional del proceso, aunque todavía está por conocerse el alcance concreto de los cambios que pretende impulsar y cómo se articularán con las obligaciones estatales derivadas del Acuerdo de Paz.

El presidente Abelardo de la Espriella puso punto final a los procesos de negociación (12 en total) abiertos durante el gobierno de Gustavo Petro en la llamada “paz total”.

La decisión llegó después de cuatro años de una política que convirtió el diálogo con guerrillas, disidencias y organizaciones criminales en una apuesta del anterior Gobierno y que implicó delegados, negociadores, viajes, esquemas de seguridad y logística financiada con recursos públicos.

El balance financiero permite dimensionar el tamaño de esa criticada apuesta: $125.174 millones fueron ejecutados entre agosto de 2022 y junio de 2026 para sostener las distintas mesas y acercamientos de paz, según cifras del Ministerio de Hacienda.

Ahora, con las mesas cerradas y los procesos desmontados, esa cifra adquiere otra dimensión. El nuevo Ejecutivo recibió unas negociaciones suspendidas, fracturadas o sin resultados definitivos y decidió acabar con ellas en lugar de reactivarlas. Los recursos se repartieron en dos grandes frentes: $107.572 millones en negociaciones políticas con grupos armados, mientras que $17.601 millones se destinaron a conversaciones sociojurídicas con estructuras urbanas.

En el primer grupo estuvieron las mesas con el ELN, el Estado Mayor Central y sus diferentes escisiones, la Segunda Marquetalia y estructuras como los Comuneros del Sur, el Estado Mayor de Bloques y Frentes y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

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En el segundo quedaron los acercamientos con organizaciones como los Shottas y Espartanos de Buenaventura, estructuras de Quibdó, combos del Valle de Aburrá, Los Pepes y Costeños de Barranquilla, además del Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Detrás de cada una de esas mesas hubo una operación estatal que tuvo que ser financiada. Y una parte importante del dinero terminó en transporte, seguridad, honorarios y logística. Solo en las negociaciones políticas, vuelos y esquemas de protección de los delegados representaron cerca de $43.180 millones: $21.979 millones en transporte aéreo y $21.200 millones en seguridad.

La “diplomacia” de la “paz total” cruzó fronteras. La mesa con el ELN tuvo rondas en La Habana, Ciudad de México y Caracas. El proceso con el Clan del Golfo llegó hasta Doha, Catar, donde se hicieron dos viajes para las conversaciones con esa organización. El proceso de acercamiento con el Clan del Golfo implicó recursos cercanos a $20.000 millones. Solo transporte aéreo asociado a conversaciones sociojurídicas sumó $1.683 millones.

La estructura de negociaciones necesitó una nómina propia. El presidente De La Espriella aseguró que durante los últimos cuatro años se gastaron más de $7.000 millones en honorarios de voceros, representantes y negociadores.

El desglose financiero de las mesas revela cifras superiores cuando se observan los rubros específicos: honorarios de negociaciones políticas llegaron a $18.378 millones, mientras que espacios urbanos sumaron otros $6.677 millones.

Entre los contratos aparecen nombres como el de Parmenio Cuéllar, con $474 millones para su participación en la mesa con la Segunda Marquetalia; Gloria Cecilia Quiceno, con $341 millones, y el líder indígena Feliciano Valencia, con $117 millones. A esto se sumaron los gastos para mantener en funcionamiento las mesas.

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La logística de las negociaciones políticas costó $12.712 millones y la de los espacios urbanos otros $1.570 millones. La participación de la sociedad civil representó $12.146 millones y el Comité Nacional de Participación, $9.164 millones.

La infraestructura territorial para acompañar conversaciones tuvo ejecución limitada. De 5 Zonas de Ubicación Temporal proyectadas, solo una llegó a funcionar: la del Valle del Guamuez, en Putumayo, con costo de $1.043 millones.

La llegada de Morales coincide con críticas a la Jurisdicción Especial de Paz, estructura creada por el Acuerdo de La Habana. Se cuestionan costos y pocas sentencias.

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