Costa Rica ejecuta segunda deportación masiva con apoyo de Estados Unidos

Las autoridades migratorias de Costa Rica deportaron a 26 extranjeros en condición migratoria irregular, 19 de ellos con antecedentes penales o habían cumplido condenas en el país, como parte de un operativo coordinado por la Policía Profesional de Migración el martes, 30 de junio.

El grupo salió en un vuelo charter desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría con destino a Colombia y Ecuador. De acuerdo con la Dirección General de Migración y Extranjería, 17 de los deportados eran ciudadanos colombianos y nueve ecuatorianos. El vuelo contó con apoyo directo del gobierno de los Estados Unidos.

“Esta deportación a gran escala que nosotros llamamos se materializa gracias al apoyo que nos da el gobierno de los Estados Unidos con logística, capacitación, contratación del vuelo y todos estos elementos que cuestan muchísimos miles de dólares”, afirmó Omer Badilla, viceministro de Gobernación y Policía y director general de Migración y Extranjería.

Este sería el segundo vuelo de deportación masiva realizado por Costa Rica bajo este esquema, precisó el funcionario.

Los ciudadanos colombianos, según Badilla, habían cumplido sentencias por delitos como distribución de cocaína, venta de drogas, tentativa de homicidio, tráfico internacional de drogas y transporte ilegal de combustible. Entre ellos figuraba una persona que ya había sido deportada anteriormente.

En el caso de los ciudadanos ecuatorianos, Migración indicó que permanecían en condición migratoria irregular tras haber sido detectados dentro del flujo migratorio sur-norte de personas que buscaban llegar a Estados Unidos. Badilla explicó que el operativo forma parte de “una estrategia para reforzar la seguridad nacional“.

Respecto al perfil de las personas deportadas, Badilla indicó que las autoridades priorizan tanto a extranjeros en situación migratoria irregular como a quienes han cumplido condenas y, conforme a la legislación costarricense, deben ser expulsados del país.

“Entonces, cuando las autoridades de justicia liberan a estas personas, coordinan con la Policía de Migración para automáticamente ingresarlas en el CAR y ahí las mantenemos aprehendidas hasta que se lleve a cabo su deportación“, detalló.

La política es consistente con el enfoque migratorio restrictivo de las administraciones del expresidente Rodrigo Chaves (2022-2026) y la actual presidente, Laura Fernández, cuyo objetivo declarado sería limitar el costo de la población migrante en los servicios públicos y limitar la criminalidad con vínculos internacionales en territorio costarricense.