Corte Suprema de EE.UU. examina demandas de ciudadanos por bienes confiscados en Cuba
- Cuba
- febrero 23, 2026
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LIMA, Perú – La Corte Suprema de Estados Unidos examina demandas presentadas por ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades fueron confiscadas por el régimen cubano, informó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental (del Departamento de Estado) en ese país.
“Estados Unidos tiene importantes intereses en política exterior en fomentar la democracia en Cuba promoviendo la rendición de cuentas por las confiscaciones ilícitas del Gobierno cubano mediante demandas amparadas en el Título III y apoyando la compensación para las víctimas estadounidenses de las expropiaciones ilegales de la era castrista”, señaló la actual Administración a la Corte.
Today, the U.S. Supreme Court considers suits by U.S. nationals whose property was confiscated by the Cuban regime. As the Administration wrote to the Court: “The United States has significant foreign-policy interests in encouraging democracy in Cuba by promoting accountability…
— Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) February 23, 2026
La Ley Helms-Burton, aprobada en 1996, había permanecido inactiva durante más de dos décadas debido a suspensiones presidenciales consecutivas, hasta que Donald Trump levantó esas restricciones en 2019. Desde entonces, varias compañías estadounidenses han iniciado procesos similares, aunque muchas no llegaron tan lejos dentro del sistema judicial como las más recientes.
Según cifras del Gobierno estadounidense, más de 5.900 personas y empresas tienen reclamaciones certificadas contra el Estado cubano por un valor superior a 1.900 millones de dólares, sin contar intereses.
En octubre pasado la Corte Suprema ya había aceptado dos casos de reclamaciones por bienes confiscados en Cuba tras la llegada al poder de Fidel Castro. Las demandas, presentadas por Exxon Mobil Corporation y Havana Docks Corporation, se apoyaron también en el Título III de la Ley Helms-Burton.
El primer caso enfrenta a Exxon Mobil con las empresas estatales CUPET (Cuba Petróleo) y CIMEX, a las que la petrolera acusa de beneficiarse de activos que le fueron confiscados a finales de los años 50, incluyendo la refinería “Ñico López” y más de un centenar de estaciones de servicio. Exxon busca una compensación por daños estimados en unos 72 millones de dólares, una cifra que con intereses acumulados podría elevarse a miles de millones.
El segundo caso fue presentado por Havana Docks Corporation, propietaria original de los muelles del puerto de La Habana, nacionalizados tras la revolución. La empresa demanda a varias compañías de cruceros —entre ellas Carnival Corporation, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line y MSC Cruises— por haber utilizado esas instalaciones entre 2015 y 2019 sin autorización ni compensación. Las navieras sostienen que el contrato original con Havana Docks expiró en 2004, por lo que niegan haber incurrido en violación alguna.
El Departamento de Justicia de EE. UU. respaldó la revisión de ambos casos, alegando un “interés imperioso” en garantizar que los ciudadanos estadounidenses afectados por expropiaciones en Cuba reciban una compensación justa. Por su parte, las entidades cubanas CIMEX y CUPET advirtieron que un fallo adverso podría tener “implicaciones globales” y sentar un precedente con consecuencias diplomáticas y económicas.