Consejo de Estado avala acuerdos de pago por internet y computadores en teletrabajo

06 de mayo de 2026

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El Consejo de Estado mantuvo vigentes las normas que permiten acuerdos entre empleadores y trabajadores sobre los pagos asociados al teletrabajo, como internet, energía y uso de computadores personales. La decisión se dio luego de negar una demanda que buscaba suspender varios artículos del reglamento expedido por el Gobierno en 2022.

La demanda fue presentada por el ciudadano Roger Adrián Villalba Ortega, quien argumentó que las reglas actuales vulneraban la ley de teletrabajo de 2008. Según sostuvo, esa legislación establecía que las empresas debían suministrar los equipos tecnológicos y asumir los costos de energía y conectividad de los empleados que trabajan desde casa.

El demandante cuestionó especialmente que las normas permitan pactar un auxilio económico mensual entre las partes, pues consideró que ese dinero podría ser inferior al valor real de los servicios públicos. También criticó la posibilidad de que los trabajadores utilicen y respondan por sus propios computadores.

Sin embargo, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones defendieron la legalidad del reglamento. Las entidades señalaron que las disposiciones no eliminan derechos laborales y, por el contrario, buscan adaptar el teletrabajo a las nuevas dinámicas tecnológicas y laborales surgidas después de la pandemia.

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El magistrado Juan Camilo Morales Trujillo, encargado del caso, explicó que las reglas surgieron en un contexto excepcional provocado por la emergencia sanitaria del covid-19, cuando miles de empresas tuvieron que migrar rápidamente al trabajo remoto para mantener sus operaciones.

Según indicó el alto tribunal, permitir acuerdos sobre auxilios económicos o el uso de equipos personales facilita que más personas puedan acceder y mantenerse en modalidades de teletrabajo, especialmente cuando las compañías no tienen capacidad inmediata para comprar computadores o asumir todos los costos.

El Consejo de Estado concluyó además que eliminar estas disposiciones podría generar un vacío jurídico y afectar a trabajadores y empresas que actualmente tienen este tipo de acuerdos funcionando bajo las normas vigentes.