Con estas demandas buscan frenar decreto del gobierno De la Espriella sobre la protesta social; ¿qué dicen?

Justo el mismo día que el Gobierno firmó el decreto para establecer nuevas reglas para la protesta social, se anunciaron las primeras demandas contra la medida. Esto, ad portas de las movilizaciones convocadas por el sindicato de maestros Fecode y sectores petristas este 14 de octubre.

Las demandas, que vienen de sectores de la oposición, cuestionan el Decreto 1525 de 2026, con el que se modificó el Decreto 003 de 2021 sobre el uso de la fuerza pública durante las manifestaciones.

Coinciden en que la norma podría ser inconstitucional y representar un retroceso en los derechos de quienes salen a las calles a protestar.

En contexto: Antes de marchas petristas, procurador recuerda que la protesta “tiene límites” y señala facultades del presidente

Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, defendió la medida y aseguró que su propósito no es limitar el derecho a manifestarse. “Es un decreto garantista y democrático (…). El presidente ha sido claro, se respeta la protesta social, pero no se toleran los bloqueos”, dijo.

Y hace unos días, Lara explicó que los trancones, el ruido y las incomodidades no constituyen violencia. En cambio, las agresiones, el porte de armas, la retención de personas y los obstáculos al paso de ambulancias sí justifican la intervención de las autoridades.

Una de las que anunció una demanda fue la senadora Jennifer Pedraza, quien sostiene que el Gobierno no podía modificar las reglas de la protesta social por esta vía, pues, según plantea, cualquier reglamentación a este derecho debe tramitarse mediante una ley estatutaria en el Congreso.

La congresista también cuestiona la forma en que se hizo el cambio. Señala que el Gobierno solo dio siete días para la consulta pública y no convocó a la Mesa Nacional de Garantías.

Otro de sus reparos tiene que ver con el diálogo previo a la intervención de la fuerza pública. Pedraza advierte que, con la nueva redacción, el diálogo pasaría a ser una opción para las autoridades y no un paso que deban agotar antes de intervenir. Esto, según su argumento, podría facilitar la disolución de marchas pacíficas.

La senadora también cuestiona que el Gobierno use los bloqueos como justificación para establecer nuevas reglas de intervención. En su demanda recuerda que bloquear una vía no constituye automáticamente un delito y cita la Sentencia C-742 de 2012 de la Corte Constitucional.

Cabe señalar que el procurador Gregorio Eljach recordó que la Constitución y la ley protegen la protesta, pero advirtió que no es un derecho absoluto. Dijo que presidente tiene facultades para restablecer el orden público cuando sea perturbado.

Desde el Pacto Histórico son tres los congresistas que hablaron de una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado. Lo hizo el vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, quien argumenta -al igual que Pedraza- que el Ejecutivo se habría excedido en sus facultades reglamentarias al introducir nuevas restricciones a la protesta social.

Otro de sus cuestionamientos apunta a la posibilidad de que las afectaciones económicas o de movilidad sirvan para justificar el despliegue de la fuerza pública sin agotar antes las instancias de mediación.

También señala que las autoridades deben actuar frente a los hechos individuales de violencia sin afectar el derecho de quienes se manifiestan pacíficamente.

Y se sumaron, también desde el Pacto, Laura Daniela Beltrán, conocida como ‘Lalis’ y Daniel Monroy, que además de la demanda de nulidad, anunciaron una tutela y una solicitud de suspensión cautelar para evitar posibles afectaciones inmediatas a los manifestantes.

La regulación contempla que los gestores de convivencia y los equipos de diálogo puedan mantener su labor mientras la Fuerza Pública actúa contra quienes cometan agresiones.

Otro de los aspectos es la verificación de las causales para dar por agotado el diálogo. Entre ellas figuran impedir el paso de ambulancias, afectar los servicios hospitalarios, portar armas y destruir infraestructura.

Esa evaluación corresponde al Puesto de Mando Unificado (PMU), que debe dejar constancia de su decisión en un acta. El agotamiento del diálogo no autoriza el uso generalizado de la fuerza, y los bloqueos, por sí solos, no eliminan el carácter pacífico de una protesta.

Cabe señalar que desde las 6:30 p. m. del 13 de octubre el Gobierno instaló el PMU para las manifestaciones del miércoles 14.

Además, dentro de las 72 horas siguientes a una jornada con afectaciones, deberá publicarse un balance de heridos, daños y denuncias por parte de las autoridades.

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