¿Cómo puede Estados Unidos presionar a la dictadura en Nicaragua?

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, informó una reunión que sostuvo con Elias Baumann, el encargado de negocios de la embajada estadounidense en Managua, para determinar los próximos pasos de Washington luego de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo negara el beneplácito a Natasha Franceschi, designada como embajadora.

“Reunión productiva con el encargado de negocios de Managua, Elias Baumann, para determinar los próximos pasos ante el rechazo de la dictadura de Murillo-Ortega a la Embajadora designada de Washington, Natasha Franceschi”, escribió Rubio en su cuenta de Twitter (ahora X) el 16 de octubre.

El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que ambos coincidieron en que la decisión de Managua constituye una afronta contra la representación de Estados Unidos, ante la cual Baumann fue llamado a consultas el 13 de octubre.

“El teatro político hostil destinado a socavar la representación de Estados Unidos es una actitud conflictiva y constituye otro ejemplo de cómo los dictadores anteponen sus propios intereses a las necesidades reales del pueblo nicaragüense”, señaló Rubio.

El Departamento de Estado sostuvo que el rechazo de la dictadura por Franceschi mostraba su “total falta de voluntad para entablar un diálogo diplomático productivo”. También cuestionó lo que calificó como una contradicción entre la retórica del régimen sobre el respeto mutuo y su rechazo a la diplomática estadounidense.

Franceschi había sido propuesta por la administración del presidente Donald Trump para representar a Estados Unidos en Nicaragua. La negativa al beneplácito impidió que asumiera el cargo, como ocurrió con el diplomático Hugo Rodríguez, nominado por el entonces presidente Joe Biden en 2022 y subsecuentemente rechazado por la dictadura.

Rubio no detalló cuáles serían las medidas que Washington podría adoptar tras la reunión con Baumann ni anunció nuevas sanciones.

Las herramientas de Rubio

Las herramientas de presión de Estados Unidos consisten principalmente de un grupo de negociación conformado por países voluntarios de la Organización de Estados Americanos (OEA). Este fue formado luego de la reunión de cancilleres del 2 de octubre, una medida a largo plazo que, de fallar, devendrá en una nueva sesión para coordinar nuevas acciones colectivas.

Al convocar esa reunión, Estados Unidos descartó el uso de la fuerza militar contra Nicaragua. En principio, esto implica que un operativo como el que capturó a Nicolás Maduro el 3 de enero estaría fuera de las posibilidades. Reportes de despliegues militares en Panamá y Honduras, sin embargo, podrían apuntar en otra dirección.

Por otro lado, el peso económico de los Estados Unidos, la principal economía mundial y regional, y el principal socio comercial de Nicaragua, será decisivo. Expertos en política pública estadounidense de tendencia conservadora han recomendado a la administración Trump utilizar la desproporcionada dependencia comercial de Managua para con Washington como una herramienta de presión.

Para este fin, la administración Trump dispone de mecanismos que van desde la imposición de sanciones, levantar nuevos aranceles, expandir los ya existentes —incluyendo los recomendados por el Representante Comercial de Estados Unidos, sujetos a revisión en enero de 2027— e incluso la suspensión de partes del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA).

La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) había recomendado en octubre de 2025 la suspensión del Tratado en perjuicio de Nicaragua, pero la administración Trump optó más bien por una serie de aranceles en respuesta a violaciones a derechos laborales y prácticas comerciales deshonestas develadas en la investigación del USTR.

“Además, si Nicaragua no muestra avances en la solución de estos problemas, este cronograma y estas tasas podrán modificarse“, rezaba el comunicado —del cual Baumann hizo eco—, reconociendo instancias de “actos, políticas y prácticas de Nicaragua relacionados con abusos de los derechos laborales y abusos de los derechos humanos“.

La dictadura no se ha pronunciado en cuanto a ninguna de estas acciones. Ni siquiera ha confirmado la negativa en contra de Franceschi, como sí hizo en contra de Rodríguez en el pasado. Tampoco ha habido reportes públicos sobre avances en los acercamientos que los países de la OEA intentarán en los próximos meses.