Colegio robado en Rivas pasa a ser completamente público anuncia MINED – Nicaragua Investiga

El Ministerio de Educación (MINED) de Nicaragua ha anunciado la conversión del Colegio Susana López Carazo, en el departamento de Rivas, en un centro educativo público a partir del ciclo lectivo 2026. Esta decisión, comunicada durante reuniones extraordinarias la semana del 27 de noviembre de 2025, marca el cierre de un proceso iniciado con la expulsión de sus fundadoras religiosas en mayo de 2023.

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El establecimiento, creado en 1963 por las Hermanas Dominicas de la Anunciata bajo la Fundación López Carazo —inicialmente como Escuela Santa Susana—, representaba un pilar educativo en la región. Tras la intervención estatal ese mismo año, la Diócesis de Granada asumió temporalmente su gestión a través del sacerdote Mario Sandoval Castrillo, manteniendo un modelo mixto con cuotas mensuales de 650 córdobas en secundaria y 350 en primaria, más inscripciones adicionales. Durante dos años, el centro operó bajo este esquema, preservando su currículo y personal docente.

Ahora, el MINED elimina todos los cobros, argumentando un «avance en la equidad educativa» según declaraciones de delegados regionales citadas en medios locales. Sin embargo, esta medida ha desatado críticas por considerarla una expropiación disfrazada, especialmente tras la cancelación de la fundación original en diciembre de 2024 por presuntas irregularidades administrativas.

Voces comunitarias en redes sociales expresan temor a una deterioración en la calidad académica y la infiltración de agendas políticas. Algunos usuarios han señalado que «se lo robaron también» o «no pongan ahí a sus hijos, se va a arruinar el colegio».

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Padres y exalumnos destacan el riesgo de perder el legado de excelencia del plantel, que beneficiaba a cientos de estudiantes con un enfoque integral. Aunque se promete retener el reglamento interno y al profesorado actual, la transición genera incertidumbre sobre recursos y supervisión futura. Organizaciones civiles rivenses urgen transparencia en la auditoría de activos y un diálogo inclusivo para mitigar impactos en la educación local, recordando patrones históricos de intervenciones estatales en los años ochenta.