Codictadores entregan empresa estatal a su hijo, Laureano Ortega

La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo control del régimen sandinista, aprobó una reforma a la Ley 981 de la Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones (ENIMEX) que amplía las facultades de la empresa estatal y coloca a Laureano Ortega Murillo, hijo de los codictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, al frente de su junta directiva.

El cambio es otro hito en el patrón de concentración de funciones estratégicas en manos de Laureano Ortega, quien ya encabeza las principales instancias relacionadas con la promoción de inversiones, cooperación internacional y relaciones económicas con dictaduras aliadas, como Rusia y China.

En los últimos meses, además, ha recibido facultades especiales para negociar acuerdos internacionales y dirigir la nueva Comisión Nacional de Inversión Extranjera, creada para supervisar y autorizar los capitales extranjeros que ingresan al país. Todo ello en calidad de asesor de la presidencia.

ENIMEX fue creada en 2018 con el objetivo declarado de presuntamente facilitar importaciones y exportaciones, especialmente para pequeñas y medianas empresas, así como para apoyar la seguridad alimentaria del país. Desde su creación, la empresa estatal quedó facultada para realizar operaciones comerciales nacionales e internacionales y establecer alianzas con actores privados.

La reforma fue aprobada de forma exprés un día después de concretarse una serie de cambios a cinco leyes, permitiendo mayor vigilancia y control a las transacciones bancarias, así como agilizar las confiscaciones y la posterior liquidación de propiedad privada a manos del Estado.

Estas alteraciones forman parte de un proyecto de reorganización impulsado por Rosario Murillo en los últimos años, orientado de forma pública a combatir la corrupción y las ineficiencias en la administración pública, pero que en realidad, según diversos analistas, se plantea la mayor centralización del poder y la anulación de oponentes políticos dentro del propio sandinismo.

En ese proceso de reorganización, Laureano Ortega ha tomado un papel cada vez más relevante como presunto sucesor de los codictadores.

El ascenso de Laureano a mayores posiciones de influencia y responsabilidad dentro del Estado viola fundamentalmente el principio constitucional de igualdad ante la ley y las protecciones contra el nepotismo en el espíritu de la legislación nicaragüense alterada por sandinismo, forjando las bases de un proceso de sucesión dinástica en el régimen.