Casi un millón de hectáreas de territorio han sido otorgadas a la minería china en Nicaragua

Casi un millón de hectáreas de territorio han sido otorgadas a la minería china en Nicaragua

Casi dos millones de hectáreas de territorio nicaragüense ha sido cedido para la explotación minera, según datos divulgados por Wangki en colaboración con Investigación Urgente el miércoles, 17 de diciembre. Los mismos datos señalan “un impacto significativo en territorios indígenas y áreas protegidas“.

Informes previos, como el publicado en diciembre de 2024, contabilizaron 37 concesiones mineras metálicas clave.

Los datos al 17 de diciembre de 2025 indican que las concesiones vigentes para minería metálica abarcan 1 985 610.70 hectáreas, lo que representa el 16,7% de la superficie terrestre disponible en el país.

Esta cifra marca un incremento sustancial respecto a períodos anteriores, consolidando una”fiebre del oro” impulsada por las políticas extractivas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Las concesiones para minería metálica vigentes asociadas a capital chino cubren 963 195.42 hectáreas, equivalentes al 48,5% de la superficie total concesionada vigente en este sector. Esto refleja una reconfiguración del mapa extractivo, con un giro estratégico hacia inversionistas asiáticos en los últimos años.

Se concentra la actividad minera en regiones sensibles, como la Costa Caribe y zonas norteñas, donde se observan superposiciones con reservas naturales y comunidades indígenas. Para esto, la dictadura ha incurrido en el incumplimiento sistemático de la Consulta Previa, Libre e Informada que establece la ley.

Fuente: Wangki, Investigación Urgente

El informe advierte que esta expansión no solo profundiza conflictos territoriales, sino que agrava riesgos ambientales, como deforestación, contaminación de fuentes hídricas y desplazamientos forzados, en un escenario donde el alto precio internacional del oro incentiva mayor extracción.

La investigación concluye llamando a una revisión urgente de políticas extractivas, mayor transparencia institucional y el respeto irrestricto a los derechos colectivos de las indígenas, ante una actividad que no hace más que acelerar su ritmo.

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