Arde la Costa: Abelardo, con pistola al cinto, enfrenta crisis de seguridad en Santa Marta

“Se los notifico con absoluta claridad”, la frase que suena a epitafio hace parte del discurso del presidente Abelardo de la Espriella para referirse a los grupos criminales: un discurso con el que el país empieza a familiarizarse. La lanzó ayer, antes de aparecer armado y patrullando las calles de Santa Marta. Era para los criminales que se adueñaron de gran parte de la costa caribeña y que, sin Dios ni ley, imponen sus reglas. La advertencia fue sin filtros: si no se entregan, los va a “mandar al infierno en una bolsa”.

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Es la primera vez, desde el inicio de la viralidad de las redes sociales, que el país ve a un presidente en esas: caminando junto a los militares, dirigiendo la operación y tocando la puerta de la gente del barrio, prometiendo que mañana no será igual.

Ver al presidente vestido con traje de tropero, chaleco antibalas, radioteléfono y el arma colgada al cinto es quizás la puesta en marcha, ahora sí, de la escena que había pensado para mostrar cómo sería su Gobierno desde el primer día. Solo que tuvo que guardarla en la gaveta porque se le atravesó el terremoto que ningún vidente advirtió y que convirtió, durante esos primeros días, la emergencia en la prioridad de su Gobierno.

Pero ahora sí, podría decir: “A lo que vinimos”.

Esa atiborrada tropelía en las calles con población civil recuerda otros momentos en los que un mandatario recién llegado al poder convirtió la seguridad en una demostración visible de autoridad. En el caso de Álvaro Uribe, dos meses después de su posesión, comenzó la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín, una intervención militar de gran escala que marcó el inicio de su política de seguridad democrática en el año 2002.

Con la diferencia de que Uribe no estuvo en el lugar. Ambas son intervenciones urbanas, que coinciden con las familias asomadas a las ventanas, viendo pasar a los militares armados, mientras los criminales se camuflan entre la cotidianidad, desafiando a un Estado que proclama mano dura. Hace más de dos décadas fue en Medellín; el escenario hoy es la Costa.

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Santa Marta y Riohacha llevan años bajo el dominio de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), antes conocidas como ‘Los Pachenca’. Sus líderes se pavoneaban como amos de la zona, extorsionando, matando, secuestrando e imponiendo sus propias reglas. Hoy, tienen buena parte de esa región bajo asedio y por eso el Gobierno tuvo que llegar sin contemplaciones. Durante el primer semestre de 2026 se reportaron 62 casos de extorsión y 400 de amenazas en Santa Marta, casi 50 % más que en el mismo periodo del año anterior.

La extorsión sigue siendo una de las principales rentas de estas estructuras. En los primeros seis meses del año, el Gaula reportó 254 capturas relacionadas con este delito, en operaciones contra las ACSN y el Clan del Golfo. Detrás, están los comerciantes, transportadores y trabajadores sometidos a cobros y amenazas para poder continuar con sus actividades.

“Es un grupo que tiene 45 o 50 años de estar dominando todo el sector de la Sierra Nevada de Santa Marta (…) Es un problema que necesita una mano dura en lo social. Hay poblaciones enteras en la troncal del Caribe que prácticamente son gobernadas por estos grupos armados. Ellos dominan todo el turismo del parque Tayrona, ellos son los que mandan quién puede y quién no puede dedicarse al turismo en el parque”, contó un comerciante de la zona.

La gente aún no define el sentimiento porque miedo siempre han tenido. El miércoles el comercio amaneció cerrado, la red pública de centros de salud sin atención, el servicio de transporte público paralizado y soldados en cada esquina. El escenario se enmarca en planos de calles fantasmas que avisan de una guerra que hierve a fuego bajo y que comenzó el domingo por la noche cuando la fuerza pública dio de baja a siete miembros de las Autodefensas de las ACSN, entre ellos a José Luis Pérez o Cholo, segundo cabecilla de la organización. Semanas atrás ya había sido abatido alias Bendito Menor, otro líder del grupo paramilitar. El lunes por la mañana los criminales respondieron con “un paro armado” de 48 horas, en la troncal del Caribe, Santa Marta y la zona bananera. El primero anunciado desde la llegada de Abelardo al poder y el primero que generó una reacción inmediata, como no pasaba cuatro años atrás.

El martes se conoció el video del presidente, que él mismo difundió en sus redes sociales, con su fílmica llegada a los barrios. El material audiovisual estuvo acompañado de música de inspiración y de un mensaje sin filtros sobre lo que su Gobierno hará con los criminales. Visitó varios barrios y, al final, en una rueda de prensa acompañado por las autoridades locales y departamentales, dejó claro que todos quedaron avisados.

Sin embargo, las alteraciones al orden público han sido inevitables. Encapuchados obligaron a los habitantes a cesar sus actividades y a cerrar los establecimientos comerciales. También hubo desmanes y quema de vehículos. Los ciudadanos vivieron horas de terror. Los videos publicados en redes sociales muestran acciones desmedidas y a los criminales vestidos como pandilleros, con ropa de civil y no de camuflado, disparando indiscriminadamente por las calles.

De ahí que se ordenara la militarización. A escasos metros de la Policía Metropolitana, delincuentes incineraron un vehículo tipo taxi y una tractomula que transportaba un contenedor. También se reportó un atentado con explosivos contra la línea férrea del Cerrejón, en el municipio de Uribia (La Guajira), lo que provocó el descarrilamiento de un tren que se encontraba vacío en ese momento.

Ha sido una especie de ping-pong mortal entre los criminales y la Fuerza Pública. Ataques, operativos y contraataques que mantienen la tensión en la zona.

“La instrucción a nuestra fuerza pública es contundente. Blindar la región, recuperar plenamente el control territorial y emplear todas las capacidades legítimas del Estado contra quienes persistan en la criminalidad”, dijo el presidente.

En campaña, el mandatario prometió un plan de choque de 90 días para recuperar la seguridad. Y este es su primer gran pulso. Si no hay mal que dure cien años, el desafío ahora es demostrar si ese plazo será suficiente para cambiar una realidad que lleva demasiado tiempo enquistada.

Aunque estas autodefensas no son un grupo nuevo, durante los últimos cuatro años tuvieron una especie de gabela que les permitió robustecerse, como, en general, pudieron hacerlo otros grupos ilegales. En el caso puntual de la ACSN, crecieron de manera sostenida mientras intentaban sentarse a hablar con el Gobierno Petro. Para el año 2019 tenían cerca de 120 integrantes, pero para el 2025 llegaron a 594, según cifras de la Fuerza Pública. De ellos, 334 pertenecían al componente armado y 260 a redes de apoyo o milicias. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el crecimiento podría ser incluso mayor, entre 800 y 1.000 integrantes.

El Gobierno Petro abrió la puerta a los paramilitares dentro de la paz total. En 2022 el grupo manifestó su intención de participar en el proceso y declaró un cese unilateral; en diciembre de ese año se decretó un cese bilateral y en 2023 se designaron sus representantes para los acercamientos.

El problema fue que el diálogo avanzó mientras la organización seguía fortaleciendo su poder territorial. La propia FIP señaló que, durante los acercamientos, las ACSN consolidaron progresivamente su control sobre el territorio y las economías legales e ilegales. La mesa quedó congelada y finalmente cerrada por el nuevo Gobierno.

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Su mapa de influencia se extiende desde barrios periféricos de Santa Marta hasta las zonas rurales que conducen a la Sierra Nevada y, siguiendo la Troncal del Caribe hacia el oriente, alcanza distintos sectores de La Guajira.

No es, sin embargo, un territorio controlado de manera uniforme. Se trata de una red de corredores, zonas urbanas y áreas rurales en las que la organización ha buscado sostener su presencia, disputar rentas ilegales y mantener conexiones entre la montaña, la carretera y el litoral Caribe. Son herederas de una cadena de estructuras armadas que se remonta a los años setenta.

Su guerra a muerte con el Clan del Golfo representa riesgo letal para comunidades de 21 municipios de los tres departamentos. La Defensoría identificó en su alerta de 2025 una combinación de control hegemónico de las ACSN, pretensiones de expansión del EGC, disputa abierta, coexistencia armada y presencia circunstancial en territorios estratégicos. Es decir, la batalla no es solamente por una montaña.

Una investigación de Ideas para la Paz calculó que las ACSN obtienen entre $6.000 y $7.000 millones mensuales mediante extorsiones, narcotráfico y otras economías ilegales. El cobro alcanza a comerciantes, transportadores, trabajadores agrícolas y, de manera especial, al sector turístico. En Santa Marta y el corredor hacia el Tayrona, Buritaca y Palomino, las extorsiones se convierten en una especie de impuesto clandestino sobre la actividad económica.

El esquema va desde pagos periódicos hasta cobros por la apertura de establecimientos. También aparecen los llamados ‘serenos’, encargados de vigilar negocios, identificar quién paga y sostener el sistema de recaudo. Según la investigación de la FIP, solo en la plaza de mercado de Santa Marta la organización recaudaría cerca de $10.000 millones al año mediante extorsiones.

En medio de todo lo que esa zona de la costa atraviesa, el país también está tratando de entender la imagen del presidente con un arma, que para algunos resultó demasiado. Y cómo no, si el país apenas despabila entre un gobierno y otro, en puntas opuestas. La ofensiva frontal contra el crimen y el robo de la seguridad por parte de los armados se habían vuelto parte del paisaje que Abelardo prometió desdibujar en tres meses. El primero, sin embargo, no cuenta. Apenas si alcanzó para asimilar el terremoto.

El disruptivo Abelardo cargó su arma, esta vez como presidente, y la puesta en escena terminó enquistada en el debate de los extremos. Pero antes ya lo hacía. Él mismo contó que porta armas de fuego desde los 20 años y que jamás le ha disparado a alguien. Para él, sin embargo, un arma no necesariamente tiene que disparar para cumplir su propósito. También sirve para intimidar, o para disuadir. Eso mismo lo había dicho cuando defendió el porte de armas y sostuvo que, si el delincuente sabe que alguien puede estar armado, “lo piensa dos veces”.

“He portado armas desde que tengo 20 años. Me di puño en la universidad, en la calle, y nunca encañoné a nadie. Nunca saqué un arma ni le hice un tiro a nadie. Porque el arma no solamente es para defenderse, sino para disuadir”, dijo cuando era candidato.

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Hay quienes empiezan a preguntarse si la exhibición de la ofensiva se está convirtiendo en parte de la estrategia. La duda surge cuando los operativos militares terminan convertidos en videos, publicaciones y escenas expuestas en redes sociales, incluso con el propio presidente caminando entre los cadáveres de los abatidos, como ya ocurrió en Guaviare.

“Los operativos militares parecen una guerra hecha para las cámaras más que para proteger a la gente. Puede que rinda frutos en los medios de comunicación. Pero, ¿va a transformar las realidades de la gente a mediano y largo plazo?”, cuestionó la defensora del Pueblo, Iris Marín, en entrevista con El País de España.

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