Anexa Alfred: «en Nicaragua se vive un etnocidio» contra los pueblos indígenas

La activista indígena de origen miskito, Anexa Alfred, miembro del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI), denunció el retroceso en la protección de los derechos de los pueblos originarios y una escalada de represión en Nicaragua por parte de la dictadura sandinista.

En entrevista con Nicaragua Actual, en el marco del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas en Nueva York, Alfred situó la crisis en un contexto más amplio, señalando que, pese a la existencia de instrumentos internacionales como la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas o el Convenio 169 de la OIT, “hay una crisis en todas las partes de la región en donde hay un retroceso” en su implementación.

En ese escenario, advirtió, se repiten patrones de “criminalización, persecución, incluso… desaparición forzada” contra líderes indígenas. Sobre el caso nicaragüense, Alfred sostuvo la existencia de una política de larga data que “la dictadura sandinista ha iniciado” desde la década de 1980.

“Nunca quisieron reconocer los derechos históricos ancestrales de los pueblos indígenas”, apuntó.

Según la dirigente, esa política se ha intensificado y hoy se expresa de forma violenta. “Hoy en día hay una política clara dirigida a un etnocidio cultural pero también un etnocidio físico”, denunció, vinculando esta situación con la invasión de territorios indígenas, la violencia sistemática y la imposición de proyectos económicos.

En particular, señaló que la presión sobre las tierras ya no proviene únicamente de colonos, sino también de intereses empresariales (que en los últimos años han venido de capital chino). “La mayor parte de afectación hoy en día son estas empresas transnacionales y nacionales… se han concesionado miles y miles de hectáreas”, afirmó.

Prueba de vida

Alfred también enfocó su atención en el cautiverio del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, último diputado del partido indígena YATAMA, desaparecido tras ser detenido en 2023. Alfred denunció que Rivera fue detenido por la dictadura con la intención “de silenciar las voces de los pueblos indígenas”.

También subrayó que la incertidumbre sobre su paradero persiste y ha generado alarma internacional. “Hoy en día se pide prueba de vida… ¿dónde está, dónde lo tiene la dictadura?”, cuestionó, señalando que esta exigencia proviene tanto de su familia como de comunidades indígenas y organizaciones internacionales.

La dirigente recordó que Rivera había participado en ese mismo foro de Naciones Unidas el mismo año en que fue encarcelado. Fue de hecho el punto detonante de su captura, dado que al principio la dictadura le negó el ingreso a Nicaragua. Rivera entró al país por medio del territorio miskito en Honduras, fronterizo con Nicaragua, citando los derechos de libre tránsito de su pueblo.

Tiempo después fue encarcelado.

“En Nicaragua los delitos que se están cometiendo contra los pueblos indígenas son delitos de lesa humanidad… no son por omisión, son por acción directa de parte del Estado”, afirmó, señalando la existencia de presos políticos indígenas y una política deliberada de persecución

Alfred subrayó además que el Estado nicaragüense mantiene una postura de rechazo sistemático a los mecanismos internacionales de derechos humanos. “Ha estado en desacato permanente”, dijo, en referencia a medidas cautelares y provisionales emitidas por el sistema interamericano.

“Lo que ha hecho es salirse de estos mecanismos para no cumplir con sus obligaciones internacionales”, describió.

Finalmente, Alfred insistió en que la crisis actual no comenzó con la represión de 2018, sino que tiene raíces más profundas y antecedentes de persecución política en la Costa Caribe desde al menos 2010. Pese a este panorama, destacó la creciente presión internacional en torno a casos como el de Rivera, incluyendo pronunciamientos de organismos y gobiernos.

“Hay una solidaridad internacional grandísima que pide prueba de vida“, concluyó.