Alcaldía de Sabaneta en lío judicial por dejar construir edificios en sectores de La Romera

El Tribunal Administrativo de Antioquia abrió un incidente de desacato contra la Alcaldía de Sabaneta por el presunto incumplimiento de una medida cautelar decretada en 2024 que le exigía suspender el otorgamiento de licencias de construcción y evaluar el cumplimiento ambiental de las obras del Plan Parcial Caminos de La Romera.

El Plan Parcial Caminos de La Romera abarca 75 hectáreas, fue adoptado en 2004 mediante el Decreto 116 como un instrumento de planificación del desarrollo urbanístico para la zona de las veredas La Doctora y Las Lomitas de Sabaneta. El problema de fondo, según los demandantes y la autoridad ambiental Corantioquia, es que ese plan se ejecutó durante casi dos décadas sin la concertación ambiental obligatoria con esa corporación, un requisito legal indispensable para su validez. Bajo ese marco se aprobaron cerca de 7.542 unidades residenciales en 54 proyectos.

Dos documentos técnicos fueron centrales para que el Tribunal decretara las medidas cautelares. El primero es un informe de Corantioquia que documentó construcciones sobre Áreas Forestales Protectoras, riberas de quebradas y nacimientos de agua, además de edificios levantados en zonas catalogadas con amenaza alta por movimientos en masa —suelos que la normativa prohíbe urbanizar—.

El caso más grave es el del edificio Monteforte. Según dicho informe, fue construido sobre áreas de retiro y el cauce de un afluente de la quebrada Las Lomitas: para su construcción se levantó una pantalla de concreto donde originalmente corría ese afluente, lo que llevó a Corantioquia a imponer en 2018 una suspensión inmediata de toda actividad en la zona. El edificio presentó un hundimiento de entre nueve y diez centímetros en su estructura y la obra fue abandonada al llegar al 70% de su ejecución. Hoy, cerca de 180 familias llevan más de quince años esperando la entrega de sus apartamentos.

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El mismo informe detalla irregularidades en el sistema de acueducto. Los edificios Mantis y Cigarras fueron construidos y entregados sin conexión al acueducto de EPM: el agua llegaba a los apartamentos desde pozos interconectados entre distintos edificios, operados por la constructora Grupo Monarca, actualmente está en liquidación. Tras una acción popular interpuesta por habitantes del edificio Mantis —quienes denunciaron enfermedades por la falta de salubridad del agua— se construyó el Acueducto Cumbres, que tampoco habría contado con permisos ambientales, según el mismo informe.

EL COLOMBIANO buscó a las constructoras de los edificios mencionados, pero no logró respuesta.

El segundo documento es un estudio de la firma Conexión Ambiental, contratado por los demandantes. Esta midió la pérdida de biodiversidad en la zona entre 2001 y 2021, y sus cifras son contundentes: las especies de aves pasaron de 63 a 19; los mamíferos, de 13 a 4; los anfibios, de 11 a 4; los reptiles, de 12 a 4; y las especies de árboles, de 33 a 9. Ambos informes se presentaron como evidencia de que el crecimiento urbanístico afectó ecosistemas cercanos a la reserva La Romera, considerada el pulmón verde del sur del Aburrá. Según los denunciantes, ante esta evidencia la administración de Sabaneta se limitó a trasladar la responsabilidad a Corantioquia y al Área Metropolitana, argumentando que no tiene competencia. Para el Tribunal, esta posible omisión ameritó una indagación, por lo que abrieron el proceso de desacato.

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Consultada por EL COLOMBIANO, la Alcaldía de Sabaneta rechazó los cargos de negligencia. La administración sostiene que cumplió estrictamente con la orden de no otorgar nuevas licencias en el polígono del plan parcial y que sí ha vigilado el cumplimiento ambiental de la obra. Presentaron como prueba las visitas de control a proyectos como Dublín, Lagos del Sur y Saltamontes, en donde ordenaron el drenaje de aguas estancadas, verificaron la emisión de partículas y trasladaron una presunta infracción por obras para un gimnasio y una vía hacia el sin licencia urbanística, respectivamente.

Además, aseguraron que el decreto de 2004 gozaban de plena validez bajo el principio de legalidad vigente en ese momento. Bajo ese principio, sostiene la Alcaldía, esos actos administrativos conservaron presunción de validez mientras no fueran suspendidos o anulados por un juez, y será la jurisdicción contencioso administrativa la que determine su alcance jurídico.

Argumentaron que “los permisos o conceptos ambientales no constituyen, en todos los casos, requisitos urbanísticos directos para la expedición de licencias de construcción en sus distintas modalidades, razón por la cual, cuando un proyecto los requiere, corresponde a los propietarios o desarrolladores gestionarlos ante la autoridad ambiental competente”. También afirmaron que trasladar los casos a las autoridades ambientales —Corantioquia y el Área Metropolitana— no es una evasión sino un acto legal, pues son esas entidades las que tienen la potestad de imponer sanciones ambientales.

El Tribunal deberá determinar si esa interpretación es válida o si constituye un incumplimiento de la orden judicial. Mientras tanto, Sabaneta enfrenta una pregunta sobre su modelo de desarrollo: el municipio más pequeño y uno de los más densamente poblados del país debe definir cómo ordenar su crecimiento en medio de un conflicto urbanístico y ambiental que lleva dos décadas acumulándose.