A juicio César Manrique, exdirector de Función Pública, por corrupción en la UNGRD

La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, y otras siete personas presuntamente involucradas en el entramado de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El caso se suma a la larga lista de investigaciones que buscan esclarecer el uso indebido de millonarios recursos públicos destinados a atender emergencias en el país.

De acuerdo con la investigación, Manrique Soacha habría intervenido en la gestión de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres por un valor de 100.000 millones de pesos.

Según las evidencias recopiladas por la Fiscalía, el exfuncionario habría solicitado que los contratos derivados de ese dinero fueran adjudicados a oferentes previamente seleccionados, lo que habría favorecido intereses particulares en detrimento del Estado.

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Entre los procesados también están el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, su hija Ana María Riveros Barbosa y su cuñada Sonia Rocío Romero Hernández, quienes fueron contratistas de la entidad. Además, figuran el representante legal y el jefe de ventas de la Corporación Mixta Yapurutú, Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo; el asesor de la Dirección de la Función Pública, Jorge Aristizábal Rodríguez; y el contratista de la UNGRD, Óscar Enrique Cárdenas Angulo.

Según el expediente, habrían participado en la manipulación de contratos relacionados con la compra de 40 carrotanques, el suministro de plantas desalinizadoras y la instalación de pozos de agua potable en distintas regiones del país. También se investigan contratos por servicios de topografía a nivel nacional.

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Uno de los contratos más cuestionados es el que se firmó en octubre de 2023 con la Corporación Mixta Yapurutú para suministrar carrotanques destinados a llevar agua potable a comunidades indígenas de La Guajira.

El valor del acuerdo fue de 29.000 millones de pesos, pero la Fiscalía detectó sobrecostos por más de 11.000 millones. Según la investigación, de ese dinero, 3.000 millones habrían ido a manos de Manrique Soacha, 2.060 millones a Riveros Rey y más de 4.000 millones a los directivos de Yapurutú.

Por estos hechos, los acusados deberán responder ante la justicia por delitos como concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, lavado de activos y falsedad en documentos.