Procuraduría cita a declarar a Deyci Jiménez por denuncia contra Petro en caso de “sexocontratos”

Ante otra instancia más tendrá que declarar Deyci Jiménez, la contratista que denunció haber recibido vínculos laborales a cambio de favores sexuales para el expresidente Gustavo Petro. Está citada el próximo lunes, 9 de noviembre, ante la Procuraduría.

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La diligencia se da en el marco de la indagación previa que abrió el Ministerio Público el pasado 26 de octubre. Los hechos bajo revisión podrían involucrar a funcionarios del Congreso, del Ministerio del Interior, del Dapre y de la Superintendencia de Vigilancia.

Tanto así que la Procuraduría también citó a declarar a Tito Lorenzo Lovo, quien era el encargado de supervisar los dos contratos que tuvo Jiménez con esa cartera, por un valor conjunto cercano a $41’000.000. Lovo tendrá que hacerlo el martes 10 de noviembre, el día siguiente de la cita de Jiménez.

Y es que el primero de los vínculos laborales que tuvo Jiménez en esa cartera fue en 2025, por $11’151.338. El segundo, que sigue vigente, empezó el 30 de enero de 2026 y va hasta el 31 de diciembre de este año, por $30’457.000. Con ese contrato apoya a la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.

Cabe señalar que como parte de las primeras actuaciones, la Procuraduría requirió información sobre los contratos que ha tenido Jiménez, también pidió los documentos que detallan el valor, las funciones que habría desempeñado, su hoja de vida y el estado de cada vínculo. Además, pidió identificar a las personas que suscribieron o supervisaron esos contratos.

La citación busca avanzar en el esclarecimiento de los señalamientos y recopilar información sobre las irregularidades disciplinarias en las que pueden estar involucrados funcionarios públicos dentro del caso.

Mientras tanto, Jiménez ya ha declarado ante la Corte Suprema de Justicia, puntualmente compareció ante la Sala Especial de Instrucción por más de tres horas y ratificó su denuncia.

Y fue citada este jueves a la Fiscalía, en medio de la renuncia de su abogado, según dijo, por problemas de seguridad. Y sí entregó su celular como prometió la semana pasada en la Corte como parte del material probatorio.

Sus primeras vinculaciones se dieron en 2021 con el Congreso. La primera fue entre el 4 de agosto y el 15 de septiembre, por $2,7 millones. Un mes después suscribió otro contrato con la misma entidad, vigente entre el 16 de octubre y el 31 de diciembre, por cerca de $1,8 millones mensuales. En ambos casos, las labores estaban relacionadas con apoyo en recursos humanos en el Senado.

En 2022 volvió a ser contratada por el Congreso hasta julio para cumplir funciones similares. Sin embargo, en septiembre firmó un nuevo contrato, cuando Gustavo Petro ya estaba en la Presidencia, esta vez para labores de gestión de archivo y con una remuneración cercana a los $3,1 millones mensuales.

Durante 2023 suscribió otros tres contratos con el Congreso; como apoyo de la vicepresidencia del Senado, que en ese momento estaba ocupada por la senadora María José Pizarro.

En 2025, Jiménez pasó a otras entidades del Gobierno Nacional. El 11 de junio comenzó un contrato con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, por $18 millones y hasta el 10 de diciembre, para apoyar el proceso de archivo y organización documental. La remuneración era de $3 millones mensuales.

Mientras ese vínculo seguía vigente, el 29 de agosto inició otro con el Ministerio del Interior, por $11,1 millones y hasta el 31 de diciembre, para prestar apoyo en la Subdirección de Proyectos. Esto significa que durante cuatro meses tuvo dos contratos estatales de manera simultánea.

El registro más reciente corresponde a 2026, cuando firmó un nuevo contrato con el Ministerio del Interior, con el mismo objeto con pagos mensuales cercanos a los $2,7 millones.

Lovo Carretero habló con la Unidad Investigativa de El Tiempo y dijo que sí fue supervisor de ambas órdenes de prestación de servicios en el Ministerio del Interior. Precisó que el contrato de 2025 contempló pagos mensuales de $2’534.395 durante cuatro meses y medio, mientras que el de 2026 fijó una remuneración mensual de $2’648.443 por 11 meses y medio.

Según señaló, su contratación se habría justificado en la “insuficiencia de personal para el cumplimiento de los objetivos”. Habría trabajado haciendo informes de seguimiento a los proyectos financiados o cofinanciados con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Dijo además que la joven cumplía supuestamente con los requisitos para el puesto. Además dijo que no sabía si la habían recomendado puntualmente a ella. Todo esto deberá ser corroborado en la declaración que dé ante la Procuraduría.