Sacerdotes y religiosos perseguidos hasta en el exilio

Amenazas telefónicas, comunicaciones intervenidas y presiones para respaldar al régimen desde los púlpitos, en entrevistas o ante el Vaticano, todas estas son parte de las formas en que se persigue a los sacerdotes y religiosas católicas que fueron forzados al exilio por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Un sacerdote en el exilio no deja de estar expuesto”, explica el sacerdote católico Almería, seudónimo de un religioso nicaragüense exiliado que pidió mantener su identidad en reserva por motivos de seguridad. “El ser sacado de su patria no significa que ha terminado su sufrimiento de profeta”, añade a Nicaragua Actual.

Esta investigación de Nicaragua Actual reconstruye las formas en que esa persecución se prolonga más allá de las fronteras: desde la presión sobre familiares, otros sacerdotes y laicos que permanecen en el país hasta las amenazas por denunciar los ataques a la Iglesia católica, el temor a la vigilancia y los obstáculos que dificultan el ejercicio del ministerio religioso en el extranjero.

Según los testimonios recopilados, el vínculo entre los  sacerdotes, religiosas y laicos exiliados o desterrados con sus familiares y comunidades en el país se convierte en un punto de vulnerabilidad. La práctica de usar a quienes están dentro de Nicaragua para callar a los exiliados también la ejerce el aparato represor contra los miembros de la Iglesia católica.

A esta presión se suman denuncias de intimidación e infiltración en espacios donde se mueven los religiosos, incluida la vigilancia de las parroquias en el exilio donde han sido reubicados los sacerdotes o monjas nicaragüenses.

El destierro no puso fin a la persecución

El 13 de octubre de 2022, policías y paramilitares vestidos de civil rodearon la vivienda del sacerdote Benito Enrique Martínez en la capital Managua. “Había como tres patrullas, una gran cantidad de gente motorizada, incluso había drones, como si se tratara de apresar a un delincuente o un narcotraficante”, recuerda el religioso en entrevista con Nicaragua Actual.

La Fiscalía del régimen lo acusó de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, en concurso con noticias falsas en perjuicio del Estado nicaragüense. El padre Benito permaneció cuatro meses en prisión hasta que, el 9 de febrero de 2023, fue desterrado a Estados Unidos junto con otros integrantes del grupo de 222 presos políticos excarcelados por el régimen. También fue despojado de su nacionalidad.

El día se ayer a la 5:00 pm, fue secuestrado el Sacerdote Párroco de la Parroquia Santa Martha, Managua. El Padre Enrique Martínez G.
Los Sacerdotes y la Iglesia Católica, exígimos la liberación y el cese de la persecusión contra la Iglesia y el clero.
Justicia,libertad y Democ! https://t.co/EnkgboF0DS

— Antony (@pbrourielv) October 14, 2022

Más de tres años después de su destierro, Martínez ha reconstruido su vida y continúa ejerciendo su ministerio en la parroquia Saint Bernard and Sacred Heart, ubicada en Clemensville, Kentucky. Fue nombrado párroco el 1 de julio de 2026.

Pero salir de Nicaragua no significó dejar atrás el sufrimiento ni la responsabilidad que siente hacia su comunidad que quedó. “No quería salir de Nicaragua, como ningún sacerdote quiere abandonar su país, a su gente, su rebaño”, afirma.

Veintidós sacerdotes nicaragüenses, incluyendo dos obispos, han sido desnacionalizados por sentencia judicial desde 2018, recoge el informe Nicaragua: Una Iglesia perseguida, de la investigadora Martha Patricia Molina. Además, de las 318 personas a las que se les ha negado el ingreso al país, 29 son sacerdotes o religiosos condenados al destierro de facto.

Un sacerdote nicaragüense que habló con Nicaragua Actual bajo condición de anonimato describió un cambio en la forma en que el régimen gestionan las restricciones a los religiosos desde septiembre del 2026. “El gobierno ‘le dio vuelta a la tortilla’. No hay restricciones en la salida, siempre y cuando se dialogue con ellos para organizar la seguridad de todos los ciudadanos”, relató.

Según su testimonio, ese mismo día funcionarios habían llegado a visitarlos para establecer el mecanismo de cómo serían autorizadas las salidas y el retorno al país. Sin embargo, esta nueva política hacia los miembros de la Iglesia católica de parte del régimen, plantea interrogantes sobre el alcance de la supervisión estatal sobre los religiosos y las condiciones que deben aceptar para mantener su movilidad.

Campañas de desprestigio

La persecución contra los religiosos nicaragüenses también se extiende al exilio mediante campañas de desprestigio. El 7 de febrero de 2025, monseñor Rolando Álvarez, desterrado al Vaticano en enero de 2024 después de permanecer 17 meses privado de libertad, concedió su primera entrevista televisiva a EWTN, en la que relató su experiencia en prisión y su recuperación física y emocional. 

La reacción del régimen Ortega-Murillo no tardó. Al día siguiente, la Cancillería emitió un pronunciamiento titulado Luz y Verdad, en el que, sin mencionar directamente al obispo Álvarez, atacó al Vaticano y descalificó a los religiosos desnacionalizados, calificándolos de “personas apátridas, destructivas, ambiciosas e irredentas”. 

Paralelamente, el medio oficialista El 19 Digital publicó un artículo dirigido expresamente contra Álvarez, cuestionando su testimonio sobre las condiciones de encarcelamiento y acusándolo de mentir. La ofensiva evidenció que, incluso fuera de Nicaragua, el obispo continuaba siendo objeto de ataques desde las plataformas vinculadas al régimen.

El obispo nicaragüense Rolando Álvarez brindó su primera entrevista tras su destierro. 6 de febrero de 2025. Foto: EWTN / Captura de imagen

Obligados a callar para proteger a otros

La preocupación por sus familiares, sacerdotes y religiosos que permanecen en Nicaragua es uno de los factores que, según los entrevistados, limita la libertad de los sacerdotes exiliados para denunciar los abusos del régimen Ortega Murillo. Ese miedo causa que entre los sacerdotes en el país no haya comunicación con los expulsados.

Gabriel Putoy, laico salesiano, excarcelado político y exiliado desde 2019, sostiene a Nicaragua Actual  que las represalias no se limitan a las diócesis ni a los religiosos que se pronuncian públicamente. También pueden alcanzar a sus familiares.

“Cada vez que un sacerdote habla, hay represión interna, no solamente con sus diócesis. Entienden que poner información en los medios de comunicación y ante los organismos internacionales los expone aquí en Costa Rica y expone también a sus familiares allá en Nicaragua”, señala.

Por temor a esas consecuencias, muchos sacerdotes no denuncian el acoso o las amenazas que, según Putoy, también sufren sus familiares. El laico calcula que en Costa Rica hay unos 26 sacerdotes nicaragüenses y advierte que el temor a provocar nuevas represalias contribuye al silencio.

Una de las formas de presión descritas por Putoy consiste en visitas constantes de miembros del Consejo del Poder Ciudadano (CPC), temidas estructuras partidarias de base local que sirven de informantes, entre otras funciones, o de funcionarios de las alcaldías a los familiares de los religiosos que viven en el extranjero.

“A muchos de sus padres los llegan a hostigar. Llegan a visitarlos personas del barrio, simpatizantes de la dictadura, y también de la alcaldía para preguntarles cómo están y otras cosas que nunca antes habían hecho. Son formas de intimidar, monitorear y verificar si todavía tienen comunicación con los sacerdotes que están fuera”, explica.

Ese método de intimidación lo confirma el padre Almería. El propósito, afirma, es que no denuncien los crímenes contra los derechos humanos así como la persecución a la Iglesia en el país. “El objetivo es impedir que quienes hemos sido expulsados podamos seguir ejerciendo libremente nuestra misión y denunciando lo que ocurre en Nicaragua”, afirma Almería.

Deben hablar “bonito” del régimen

El padre Benito Martínez conoce las consecuencias de esa presión. Incluso después de su destierro, dice, el temor impuesto dentro de Nicaragua sigue condicionando a quienes están fuera. “Yo sé de sacerdotes que en Nicaragua fueron obligados a hablar a favor del régimen. Cambió de la noche a la mañana el discurso”, relata.

La vigilancia sobre los religiosos que permanecen en el país ocurre en un contexto de debilitamiento de la estructura eclesiástica. Nicaragua conserva una población católica cercana al 45%, según datos de Latinobarómetro de 2020, pero dispone de menos sacerdotes que en años anteriores. Las estimaciones incluidas en esta investigación sitúan su número actual entre 300 y 400, frente a más de 600 en el pasado, mientras cinco obispos deben atender nueve diócesis.

La capilla de la parroquia Jesús de la Divina Misericordia en Managua, donde se refugiaron estudiantes tras un ataque armado de paramilitares en julio de 2018. Foto: The San Diego Union-Tribune

¿Intervienen los teléfonos de los sacerdotes?

“Sabemos perfectamente que el miedo es lo que a ellos los fortalece, es decir, imponer el miedo es lo que a ellos los hace sentirse fuertes, porque no tienen la verdad, no tienen la razón a su favor”, sostiene Martínez.

Los testimonios recogidos por Nicaragua Actual describen amenazas telefónicas y preocupación por la seguridad de los religiosos en el exilio. Almería afirma que los sacerdotes también han sido objeto de intimidaciones.

Putoy, por su parte, señala que algunos ni siquiera se sienten seguros al llamar a Nicaragua, porque temen que los teléfonos de familiares, amigos y colegas estén intervenidos.

La preocupación se extiende a las relaciones entre los propios exiliados. El padre Martínez denuncia la presencia, en Miami, Estados Unidos, de grupos de personas que se presentan como opositoras al régimen Ortega Murillo mientras, según su acusación, trabajarían para el régimen e intentarían infiltrarse en los movimientos opositores e intimidar a sus integrantes.

“Son personas que trabajan para el régimen, lavándose la cara, excusándose como oposición para infiltrarse en las agrupaciones opositoras, intimidando”, asegura el sacerdote que ha promovido la unificación de la disidencia nicaragüense, sin éxito.

Putoy vincula estas preocupaciones con la seguridad de los nicaragüenses en el extranjero, incluido los religiosos católicos, y menciona el asesinato del opositor Roberto Samcam, ocurrido el 19 de junio de 2025 en su residencia de San José, Costa Rica, y otros ataques de sicarios contra al menos, 12 opositores exiliados en ese país.

Estos casos alimenta, entre los entrevistados, el temor a que la violencia y la intimidación no se limiten al territorio nicaragüense.

El laico también cuestiona la respuesta que, según afirma, han recibido algunos religiosos al denunciar amenazas ante las autoridades costarricenses. Aunque los sacerdotes han sido acogidos por la Conferencia Episcopal de Costa Rica y varios han recibido asignaciones pastorales o apoyo mediante programas de movilidad humana, Putoy sostiene que algunos no han encontrado la protección que esperaban.

“Lo que dicen las autoridades es que dejen de hacer la conducta que los pone en peligro”, relata.

Para los religiosos, sin embargo, renunciar a denunciar los abusos o abandonar su labor pastoral no es una salida sencilla. Significaría, afirma Putoy, apartarse de sus votos y de las comunidades a las que han servido durante años. Significaría que el régimen ganaría.

Tácticas de miedo para silenciar

“Lo más difícil para todos nosotros es tener que llevar a cabo nuestra labor pastoral con miedo”, explica el sacerdote Alberto Cutié, de origen puertorriqueño, actualmente rector de la parroquia anglicana de San Benedicto, en Plantation, Florida.

Cutié, quien anteriormente fue sacerdote católico, viajó por Nicaragua durante su formación y ministerio y mantiene vínculos con religiosos nicaragüenses, entre ellos el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, exiliado en Florida desde que salió de Nicaragua en 2019, tras agresiones y amenazas del régimen Ortega Murillo.

“El miedo paraliza, el miedo es malísimo, el miedo va en contra del evangelio. Lo que Jesús más dijo en el evangelio es: no tengan miedo”, afirma Cutié en entrevista con Nicaragua Actual.

Persecución en distintas fases 

La persecución en el exterior contra los sacerdotes y religiosos católicos ha sido documentada por organismos internacionales. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas (GHREN) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han examinado las medidas con las que el régimen extiende su control sobre opositores que se encuentran fuera del país.

En su informe de marzo de 2026, el GHREN identificó a 26 personas dentro de la estructura de poder nicaragüense como responsables de ejecutar o facilitar medidas de represión transnacional. Entre los mecanismos documentados figuran la privación arbitraria de la nacionalidad, las prohibiciones de entrada al país, la negativa a emitir o renovar pasaportes, la eliminación de registros civiles, la confiscación de bienes y pensiones, y las prácticas de vigilancia, amenazas y hostigamiento.

Estas medidas afectan tanto a opositores políticos como a religiosos. En el caso de los sacerdotes y las órdenes religiosas, el destierro puede tener consecuencias adicionales: la ruptura de los vínculos con sus diócesis, las dificultades para obtener autorización para ejercer el ministerio y la falta de medios para sostenerse en el extranjero.

Cutié explica que algunos religiosos no han logrado incorporarse a una comunidad eclesiástica fuera de Nicaragua, ya sea por dificultades de coordinación con sus superiores o por la falta de oportunidades para ejercer sus funciones.

“Algunos no han tenido suerte. Algunos han tenido el problema de que por temas de facultades, por falta de comunicación, quizás con la diócesis, con el obispo, con el superior, no han podido ejercer. Entonces, les toca ser acogidos por algún familiar”, detalla.

Las restricciones convierten el exilio en una condición difícil de revertir. Los afectados pueden quedar sin documentos que acrediten su nacionalidad, con bienes confiscados y sin libertad para regresar a sus comunidades.

El Departamento de Estado de Estados Unidos también ha documentado casos de religiosos a quienes se negó el reingreso a Nicaragua. Entre ellos figuran los franciscanos Santos Mejía y Javier Lemus, en 2021; José Cuesta, Dayvis López y Guillermo Blandón, en 2022; el entonces rector jesuita de la Universidad Centroamericana (UCA), José Idiáquez, y Jorge Huete, en 2022; y los sacerdotes leoneses Tomás Zamora y William Mora, en 2023, cuando intentaron regresar de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) celebrada ese año en Portugal.

Ese mismo año, el Departamento de Estado registró al menos diez miembros del clero a quienes se negó la entrada a Nicaragua: nueve sacerdotes católicos y un pastor evangélico.

Mientras, el GHREN considera que varias de estas violaciones podrían constituir crímenes de lesa humanidad de persecución por motivos políticos y deportación; cuando afectan a sacerdotes por su condición religiosa, también pueden constituir persecución religiosa.

Debilitar a la Iglesia dentro del país

La persecución contra los religiosos expulsados forma parte de una ofensiva más amplia contra la Iglesia católica organizada en Nicaragua. Desde la represión de las protestas de 2018, el régimen impuso restricciones a las actividades como procesiones, vigilado a sacerdotes y limitado las expresiones públicas de las comunidades católicas.

La ofensiva también ha alcanzado a congregaciones enteras. En julio de 2022 fueron expulsadas las Misioneras de la Caridad, la orden fundada por la Madre Teresa de Calcuta. En febrero de 2023 salieron las Hermanas Trapenses; en abril, las Dominicas de la Anunciata; y en julio, la Fraternidad de los Pobres de Jesucristo y su rama femenina. En agosto de ese año, el régimen expulsó al núcleo de la Compañía de Jesús, después de confiscar la UCA, administrada por los jesuitas. En enero de 2025 también fueron expulsadas las monjas clarisas.

“Gente que tenía asilos de ancianos, gente que está con la gente más pobre, esa es la gente que fue castigada en Nicaragua y expulsada”, lamenta el sacerdote Benito Martínez.

Las Misioneras de la Caridad después de que el régimen las expulsara de Nicaragua. 6 de julio de 2022. Crédito: OSV News

El cierre de organizaciones religiosas y de instituciones educativas y sociales vinculadas a las iglesias ha reducido los espacios desde los que estas comunidades atendían a la población. El informe Una Iglesia Perseguida consigna más de 1.650 organizaciones religiosas, educativas, sociales y asociaciones civiles cerradas o confiscadas desde 2018, además del congelamiento de cuentas bancarias bajo acusaciones de supuesto lavado de dinero.

A las restricciones institucionales se suman controles sobre el trabajo cotidiano de los sacerdotes dentro del país. El padre Martínez afirma que el aparato de represión del régimen determina a qué ciudades pueden desplazarse algunos religiosos y vigilan el contenido de sus homilías, con consecuencias cuando consideran que sus palabras cuestionan al régimen. Fue lo que le sucedió al obispo Abelardo Mata. 

También se han denunciado obstáculos para la ordenación de nuevos sacerdotes y cambios tributarios que eliminaron exenciones de las que gozaban organizaciones religiosas. Las procesiones y otras celebraciones tradicionales fueron prohibidas durante años. Algunas volvieron a autorizarse en 2026, pero de manera limitada, según la información confirmada por Nicaragua Actual.

El padre Martínez recuerda que la persecución impuesta por Ortega y Murillo contra los miembros de la Iglesia católica responde a la decisión de éstos de denunciar los abusos y la masacre cometida en abril del 2018. “Nunca fuimos perseguidos por ser políticos, sino por hablar la verdad, por ser claros a favor del pueblo nicaragüense“, sostiene. 

“Los que estamos fuera sabemos que es una dictadura criminal, asesina. Lo sabemos, todo Nicaragua lo sabe, el mundo entero lo sabe”, insiste Martínez.

La resistencia de las comunidades

El destierro y el exilio de sacerdotes y religiosas no sólo transforma la vida de quienes deben marcharse. También obliga a las comunidades que permanecen en Nicaragua a encontrar nuevas formas de sostener sus prácticas religiosas cuando la presencia de sus pastores se vuelve irregular o desaparece.

El sacerdote cubano Alberto Reyes considera que, en ese contexto, los laicos pueden asumir una mayor responsabilidad en la vida de la Iglesia. Su reflexión se basa en la experiencia cubana, donde las comunidades católicas desarrollaron formas de apoyo mutuo y organización frente a las restricciones impuestas por el régimen.

Según Reyes, los fieles nicaragüenses han mantenido vínculos estrechos con sus sacerdotes y obispos. Esa relación, afirma, puede contribuir a fortalecer comunidades capaces de sostener su vida espiritual aun cuando la presencia sacerdotal sea limitada.

En Cuba, recuerda, hubo lugares donde el sacerdote solo podía acudir una vez al mes. Los fieles tuvieron que aprender a reunirse, compartir la palabra y apoyarse para mantener viva su fe.

“O nosotros nos reunimos, compartimos la palabra, nos ayudamos a crecer en la fe, o esto se va diluyendo”, explica a Nicaragua Actual al describir cómo esas comunidades asumieron nuevas responsabilidades.

Momento de los laicos

En Nicaragua, los católicos también han buscado formas de reunirse y mantener sus prácticas religiosas pese a las restricciones. Molina ha descrito estas formas de organización como una vida eclesial “en catacumbas”.

Para Reyes, la ausencia de sacerdotes y religiosas no tiene por qué significar la desaparición de las comunidades. Puede convertirse, por el contrario, en una oportunidad para que los laicos asuman un papel más activo.

“Es también el gran momento de los laicos nicaragüenses”, sostiene. Es tiempo, dice, de “crecerse, de buscar, de inventar”, porque la falta de un sacerdote o de una religiosa no significa que ya no haya nada que hacer.